El aumento de la criminalidad y la izquierda

El incremento superior al 10% de la criminalidad en 2001, as¨ª como el ininterrumpido aumento de la poblaci¨®n reclusa desde hace a?os, est¨¢n siendo objeto de especial atenci¨®n por los agentes pol¨ªticos y ciertos medios de comunicaci¨®n, que se afanan en buscar las causas y los posibles remedios.

Uno de los rasgos m¨¢s significativos de ese debate es que haya sido iniciado por la oposici¨®n de izquierdas, algo ciertamente inusual. En efecto, tradicionalmente estas fuerzas pol¨ªticas han considerado la delincuencia com¨²n una consecuencia de las desigualdades sociales y han atribuido las demandas favorables a una lucha m¨¢s en¨¦rgica contra los comportamientos delictivos a los intereses conservadores, que prefieren centrarse en los s¨ªntomas, los delincuentes, en lugar de en sus causas, las condiciones sociales que originan la necesidad de delinquir. Esta visi¨®n sustancialmente correcta, pero en exceso superficial y, sobre todo, dif¨ªcil de transmitir en sociedades con importantes clases medias, ha pasado factura a las expectativas pol¨ªticas de la izquierda en muy diferentes momentos hist¨®ricos. En este sentido, la novedosa actitud del socialismo espa?ol reaccionando r¨¢pidamente ante los primeros s¨ªntomas de un empeoramiento de la seguridad ciudadana es muestra de buenos reflejos pol¨ªticos.

Sin embargo, el escaso h¨¢bito de las fuerzas progresistas en el desarrollo de propuestas dirigidas de manera directa a la lucha contra el crimen, unido al hecho de tener que formularlas desde la oposici¨®n pol¨ªtica con sus, al parecer, inevitables distorsiones ret¨®ricas, hace que la empresa est¨¦ sometida a un buen n¨²mero de riesgos. Me voy a permitir llamar brevemente la atenci¨®n sobre algunos de ellos.

Convendr¨ªa, ante todo, no olvidar algunos hechos b¨¢sicos ni perder la perspectiva temporal: la tasa de criminalidad espa?ola sigue siendo una de las m¨¢s bajas de Europa, con un perfil, estable desde hace muchos a?os, seg¨²n el cual somos uno de los pa¨ªses menos violentos del continente, mientras que, por el contrario, mostramos una tasa moderadamente alta en delitos contra la propiedad, y m¨¢s a¨²n si son de escasa importancia. Sin perjuicio de lo anterior, nuestras tasas de criminalidad se han duplicado en los ¨²ltimos veinte a?os, habi¨¦ndose producido casi todo ese aumento entre 1982 y 1987, a lo que sigui¨®, con alguna excepci¨®n, un discreto descenso desde esa fecha hasta 1992, para estabilizarse entre 1993 y 2000. A su vez, la poblaci¨®n reclusa no ha cesado de crecer desde 1976, a un ritmo desproporcionado al incremento de la poblaci¨®n nacional, con especiales aumentos entre 1977 y 1981, y entre 1987 y 1991, lo que ha hecho que tengamos una de las mayores poblaciones reclusas de Europa occidental en t¨¦rminos relativos. Pues bien, los datos de 2001 no alteran la baja tasa de criminalidad espa?ola respecto a la del resto del continente, aunque el periodo de estabilizaci¨®n en el que est¨¢bamos parece haberse roto, con un aumento cuya consistencia s¨®lo podr¨¢ valorarse en los pr¨®ximos dos a?os; seguimos, en cualquier caso, por debajo de las tasas alcanzadas entre 1987 y 1990, y ligeramente por encima de la de 1991. A su vez, el perfil de nuestra criminalidad no ha variado en 2001: han vuelto a subir los delitos contra la propiedad, singularmente hurtos, robos residenciales y sustracciones de veh¨ªculos, y han descendido todos los dem¨¢s delitos, tambi¨¦n aquellos contra las personas o la libertad sexual, salvo los de tr¨¢fico de drogas; sin embargo, se ha producido un aumento generalizado de las faltas, esto es, de la criminalidad de menor importancia, que en cifras absolutas es casi todo ¨¦l reconducible al aumento de las faltas contra la propiedad. Por ¨²ltimo, la poblaci¨®n reclusa ha continuado su aumento, a un ritmo equivalente en el quinquenio 1997-2001 al del quinquenio precedente.

A la b¨²squeda de las causas del mapa de criminalidad esbozado, un primer riesgo es centrarse en aquellas que sean pol¨ªticamente correctas, y eludir o minusvalorar las pol¨ªticamente incorrectas. As¨ª, se vincula el incremento de la delincuencia a los progresos realizados por sectores pol¨ªticos conservadores en su pretensi¨®n de desmantelar la seguridad p¨²blica en beneficio de la seguridad privada. La idea que estar¨ªa detr¨¢s es que eso en ¨²ltimo t¨¦rmino s¨®lo da?a a las clases m¨¢s bajas de la sociedad, que no pueden pagarse tal seguridad, lo que no preocupar¨ªa a la derecha, que no tiene all¨ª su fil¨®n de votos. Ahora bien, por m¨¢s que es indudable el incremento de las actividades privadas de seguridad en Espa?a en los ¨²ltimos a?os y los fuertes intereses empresariales que est¨¢n detr¨¢s de todo ello, la tesis explicativa precedente es, cuando menos, discutible. En primer lugar, porque la seguridad ciudadana es un tema de primordial importancia pol¨ªtica, que ser¨ªa la primera vez que la derecha traspapela, con independencia de a qui¨¦n afecte m¨¢s esa inseguridad. En segundo lugar, porque el incremento que se registra en los delitos contra la propiedad est¨¢ incidiendo se?aladamente sobre las capas sociales moderada y notablemente acomodadas, que poseen bienes econ¨®micamente m¨¢s atractivos, y a las que, seg¨²n el anterior razonamiento, ser¨ªa suicida que los sectores conservadores ignoraran. En tercer lugar, porque las tareas de control que realiza la seguridad privada son extremadamente diversas, de modo que no se pueden vincular sin m¨¢s a la prevenci¨®n de la delincuencia.

Por otro lado, que la inmigraci¨®n irregular est¨¢ en el origen de una parte significativa del actual crecimiento de la delincuencia quiz¨¢s no sea una afirmaci¨®n pol¨ªticamente correcta, pero es un hecho contrastado. Lo que no lo es, en absoluto, es que el inmigrante en cuanto tal tienda a delinquir. Lo correcto es justamente lo contrario: hay menor criminalidad entre los inmigrantes regularizados que entre los nacionales. Eso no ha de extra?ar: el inmigrante lo que quiere es trabajar, y si consigue un trabajo, conocedor de los recelos que suscita, prefiere llamar la atenci¨®n lo menos posible. S¨®lo si no tiene de qu¨¦ trabajar se busca la vida como puede. Nada nuevo, la marginaci¨®n social siempre ha conllevado delincuencia. Lo nuevo es la enorme bolsa de inmigrantes irregulares sin trabajo.

Un segundo tipo de riesgos surge cuando se analiza un problema social en estrecho contacto con los profesionales directamente implicados en su soluci¨®n. Tal proceder tiene, sin duda, ventajas, como es el acceso a una informaci¨®n de primera mano sobre los hechos y un buen conocimiento de las condiciones materiales y personales necesarias para afrontar con solvencia el problema. Pero tiene el peligro de que el an¨¢lisis incorpore todos los sesgos ligados a un visi¨®n corporativa del problema, en este caso, la de los cuerpos policiales. La criticada disminuci¨®n de los efectivos de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil en los ¨²ltimos a?os est¨¢ bien documentada, pero tambi¨¦n lo est¨¢ el notable incremento de los efectivos de la polic¨ªa auton¨®mica y, sobre todo, de la polic¨ªa municipal. Sumando todos esos contingentes, Espa?a era hace cuatro a?os, despu¨¦s de Italia, el pa¨ªs con m¨¢s efectivos policiales por habitante de toda Europa occidental, y no parece que haya habido cambios desde entonces. Es comprensible, por otra parte, el inter¨¦s de cualquier profesional por dedicarse a aquellas actividades m¨¢s prestigiadas de su oficio. Pero eso no deber¨ªa conducir a desacreditar apresuradamente las t¨¦cnicas de prevenci¨®n policial basadas en el contacto diario de los agentes policiales con los ciudadanos, frente a las actividades de investigaci¨®n de los delitos ya cometidos.

Los riesgos que tienen que afrontar las iniciativas progresistas en seguridad ciudadana tambi¨¦n surgen a la hora de elegir los instrumentos para activar el debate. Ante todo, no hay que olvidar que nos movemos en terreno minado: La obtenci¨®n de r¨¦ditos pol¨ªticos mediante propuestas de incremento de la ley y el orden ha sido siempre patrimonio de la derecha y no ser¨¢ f¨¢cil que eso deje de ser as¨ª aunque la iniciativa no proceda de ella. De ah¨ª que los acertados intentos por modificar tal situaci¨®n deben ser especialmente cautelosos en evitar que todo se termine reduciendo a asumir las tradicionales propuestas del contrincante pol¨ªtico.

En segundo lugar, existe amplia experiencia sobre la profunda irracionalidad con la que se acaban analizando y resolviendo todos los problemas de seguridad ciudadana si el debate p¨²blico se desenvuelve en t¨¦rminos emocionalmente muy cargados. A este respecto deber¨ªa tenerse presente que toda movilizaci¨®n de medios de comunicaci¨®n prestigiosos en campa?as encaminadas a promover mejoras en la seguridad ciudadana puede dar lugar a una artificiosa y coyuntural potenciaci¨®n de los sentimientos ciudadanos de inseguridad. Y eso suele con frecuencia originar evoluciones en el abordaje de la delincuencia insospechadas, por lo general poco sensibles a las garant¨ªas ciudadanas. Hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, aun estando en el tercer lugar de las preocupaciones de los espa?oles, presenta unos porcentajes bajos, muy por debajo de las preocupaciones b¨¢sicas, paro y terrorismo, y muy cercana a otros temas como la inmigraci¨®n o las drogas. Creo que nos debemos felicitar por ello, pues s¨®lo as¨ª es posible realizar debates serenos.

En cuanto a las propuestas que se est¨¢n manejando para atajar el citado incremento en la delincuencia, me voy a permitir unas r¨¢pidas reflexiones.

Es correcto centrar la atenci¨®n en las reformas procesales, una justicia r¨¢pida y segura es mucho m¨¢s eficaz que una justicia dura. Pero las propuestas gubernamentales que se manejan reflejan, como era de temer, una reca¨ªda en el discurso tradicional de la derecha: la pretensi¨®n de enjuiciar en quince d¨ªas conductas para las que se pide hasta nueve a?os de prisi¨®n, adem¨¢s de irrealizable, es incompatible con las m¨ªnimas garant¨ªas procesales exigibles en peticiones fiscales de tal calibre.

La vuelta a la categor¨ªa de la multirreincidencia supone retroceder hacia soluciones abandonadas hace casi veinte a?os. El esc¨¢ndalo que supone la puesta en libertad de peque?os delincuentes habituales no se origina en que se les impongan penas bajas, sino en que se les tarda en juzgar. El inter¨¦s de la sociedad est¨¢ en que dejen de delinquir, para lo cual no es lo m¨¢s eficaz la agravaci¨®n de sus penas de prisi¨®n, que nunca podr¨¢n ser muy prolongadas dada su necesaria proporcionalidad con la gravedad de sus delitos, sino el desarrollo de t¨¦cnicas de reinserci¨®n social. No olvidemos que la anomal¨ªa de tener unas altas tasas de poblaci¨®n reclusa pese a estar en un pa¨ªs con una baja tasa de criminalidad se explica porque nuestro sistema de justicia penal hace un uso abusivo de la pena de prisi¨®n, en detrimento de otro tipo de penas. La reintroducci¨®n de la multirreincidencia no har¨¢ m¨¢s que agravar el problema.

La gran tarea pendiente en el ¨¢rea policial no es el incremento de efectivos, por m¨¢s que pueda ser necesario, sino la coordinaci¨®n y distribuci¨®n de funciones entre las polic¨ªas existentes. Tenemos una polic¨ªa local infrautilizada, que con una preparaci¨®n adicional poco costosa podr¨ªa atender con eficacia a la persecuci¨®n del delincuente de peque?a monta, y una Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil espec¨ªficamente preparadas para la prevenci¨®n y persecuci¨®n de la delincuencia de cualquier nivel que se tienen que dedicar mayoritariamente a la delincuencia callejera o al peque?o delito.

La inmigraci¨®n tiene y va a seguir teniendo que ver con la delincuencia, y conviene que no adoptemos actitudes exquisitas e hip¨®critas. Por el momento, la delincuencia que surge en su seno est¨¢ mayoritariamente ligada a la lucha por la supervivencia en una situaci¨®n de irregularidad: Los esfuerzos en este caso se han de centrar en la adopci¨®n de actitudes realistas frente a la inmigraci¨®n irregular, pues es ilusorio pretender que quien no tiene medios de subsistencia no delinca. Y debemos prepararnos para la delincuencia propia de la segunda generaci¨®n de inmigrantes, ciudadanos espa?oles a todos los efectos, pero con una muy defectuosa integraci¨®n social. Las intervenciones sociales en este sector de la poblaci¨®n son especialmente urgentes.

Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s es catedr¨¢tico de Derecho Penal.