A la orden del Gobierno

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) resolvi¨® el pasado mi¨¦rcoles por mayor¨ªa (los 11 votos del PP con el deferente refuerzo del vocal de CiU) la vuelta a la magistratura de Lia?o, condenado por el Supremo el 15 de octubre de 1999 -como autor de un delito continuado de prevaricaci¨®n- a la pena de 'inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo' durante 15 a?os 'con la p¨¦rdida defintiva del cargo'. Culmina as¨ª la escalada gubernamental de arbitrariedades orientadas a ese prop¨®sito: si un dicho ingl¨¦s afirmaba que el Parlamento puede hacerlo todo menos cambiar de sexo a una persona, el CGPJ acaba de mostrar una omnipotencia comparable al devolver la toga a un juez expulsado de la carrera por dictar a sabienda resoluciones injustas y con antecedentes penales hasta 2005.

La mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial ordena el reingreso en la carrera de un magistrado indultado condenado por prevaricaci¨®n sin aguardar a la cancelaci¨®n de sus antecedentes penales

La connivencia o el aprovechamiento -cuando no la inspiraci¨®n- del Poder Ejecutivo en la instrucci¨®n prevaricadora del sumario Sogecable, abierto maliciosamente por Lia?o en febrero de 1997, comenz¨® con la utilizaci¨®n de un documento de origen gubernamental como justificaci¨®n de la denuncia y prosigui¨® con el tendencioso comportamiento del fiscal Gordillo durante cuatro meses de diligencias sumariales. La largo mano gubernamental se hizo a¨²n m¨¢s evidente cuando el fiscal Luz¨®n asumi¨® descaradamente la defensa de Lia?o -querellado por prevaricaci¨®n- ante el Supremo. El atrabiliario indulto del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2000 en favor de Lia?o vio reducido su alcance por el Supremo pocas semanas despu¨¦s: seg¨²n la Sala, el derecho de gracia nunca se puede hacer extensivo a la pena cumplida, en este caso la p¨¦rdida definitiva de la carrera. La omnipresencia del Gobierno en el caso Lia?o se hizo de nuevo visible con su apelaci¨®n -y presi¨®n- al Tribunal de Conflictos para torcer el brazo al Supremo; la sentencia de 13 de junio de 2001 de ese extra?o ¨®rgano mixto judicial-administrativo pastoreado por el presidente del Supremo (traspasado poco despu¨¦s como un futbolista de lujo al Constitucional) dio la raz¨®n al ministro de Justicia y encomend¨® al CGPJ la tarea de fijar las condiciones para la vuelta de Lia?o a la carrera una vez cancelados -el a?o 2005-sus antecedentes penales.

La mayor¨ªa del CGPJ ha desempe?ado el papel previamente escrito que le correspond¨ªa en esta tragicomedia pol¨ªtico-jur¨ªdica: superar el ¨²ltimo -pero no menor- obst¨¢culo que podr¨ªa impedir al magistrado prevaricador albergado en el Registrado de Penados la haza?a de volver al escalaf¨®n de inmediato. Una retorcida interpretaci¨®n de la reforma, en 1994, de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial -otro ejemplo de las abundantes chapuzas perpetradas por Belloch a su paso por el Ministerio de Justicia- ha servido de inconvincente coartada a ese desprop¨®sito jur¨ªdico; algunos vocales de la mayor¨ªa del CGPJ se han considerado incluso obligados a presentar excusas a la opini¨®n p¨²blica -con az¨²car es peor- ante la 'alarma social' suscitada por el esperp¨¦ntico espect¨¢culo del triunfal regreso a los tribunales de un magistrado reo de dictar resoluciones injustas y con antecentes penales sin cancelar.

El Pacto por la Justicia que tan incautamente firmaron hace unos meses los socialistas con el PP regala, as¨ª pues, a los ciudadanos la ominosa eventualidad de caer bajo la f¨¦rula de un magistrado culpable de haber abusado conscientemente de sus poderes. Pero los destrozos causados por las irrupciones del Gobierno de Aznar en la delicada maquinaria del Estado de Derecho no se circunscriben a este caso particular. El creciente control del Gobierno sobre los ¨®rganos constitucionales y las entidades reguladoras y de control est¨¢ perturbando hasta tal punto los equilibrios del sistema democr¨¢tico que las instituciones estatales empiezan a ser vistas como terminales subalternas del Ejecutivo. Tras el papel¨®n desempe?ado por el CGPJ en el caso Lia?o, le toca ahora el turno al Constitucional, enfrentado a la tarea de resolver el recurso de amparo de un magistrado condenado por prevaricaci¨®n y con antecedentes penales que ha vuelto a la carrera judicial gracias al empe?o de un Gobierno excelente pagador -eso s¨ª- de sus deudas.