Revoltijo financiero

Si el perfeccionamiento de la democracia pasa por facilitar al ciudadano la comprensi¨®n de la tarea de sus representantes, los legisladores, no puede decirse que el Gobierno espa?ol est¨¦ contribuyendo a ello, al menos desde una perspectiva econ¨®mica. Las denominadas 'leyes de acompa?amiento', que cada a?o se suceden junto al proyecto de Presupuestos, son un exponente suficientemente representativo de esa manifiesta falta de sistematizaci¨®n de contenidos, heterogeneidad y desorden en la presentaci¨®n de las propuestas legales de dif¨ªcil conciliaci¨®n con el m¨ªnimo rigor parlamentario, con la facilidad para las tareas de control y la necesaria comprensi¨®n de los administrados de las tareas de sus representantes.

La ¨²ltima muestra de esos precipitados e irrespetuosos usos parlamentarios la ha dado la denominada Ley Financiera. Bajo el enunciado de Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, el proyecto que ahora inicia su tramitaci¨®n incorpora modificaciones a m¨¢s de una veintena de disposiciones legales en los ¨¢mbitos de los cinco enunciados gen¨¦ricos de sus cap¨ªtulos. En la precipitaci¨®n con que se ha configurado ese caj¨®n de sastre de medidas heterog¨¦neas, muy importantes algunas de ellas, han tenido un papel destacado esc¨¢ndalos protagonizados por instituciones de nuestro sistema financiero, en particular el de Gescartera.

Resulta, adem¨¢s, que algunas de las variaciones normativas m¨¢s significativas, como son las referidas a las cajas de ahorro, ni siquiera forman parte del articulado de ese proyecto de ley, ya que han sido introducidas como enmiendas por el partido gobernante. El procedimiento, de entrada, dificulta su discusi¨®n previa y el consenso necesario en su definitiva formulaci¨®n, en especial con las comunidades aut¨®nomas, quienes disponen de importantes competencias reguladoras y supervisoras sobre las cajas de ahorro.

Si bien alguna de las modificaciones introducidas a prop¨®sito de las cajas son convenientes para su funcionamiento, como las emisiones de t¨ªtulos de remuneraci¨®n variable que fortalezcan sus recursos propios, otras, caso de la limitaci¨®n de la edad m¨¢xima para los consejeros, responden a una total arbitrariedad. Sin necesidad de entrar en otras consideraciones, la imposici¨®n por ley de ese l¨ªmite de 70 a?os s¨®lo a las cajas de ahorro menoscaba su capacidad reguladora y la m¨ªnima autonom¨ªa de sus ¨®rganos de gobierno. Y suscita dudas razonables acerca de sus motivaciones ¨²ltimas, entre las que destaca la presunci¨®n de que se est¨¢ utilizando la capacidad legislativa para tomar el control de determinadas cajas.

M¨¢s llamativo a¨²n resulta que ese empe?o coexista con la defensa activa de situaciones incomprensibles en un sistema financiero moderno, como la constituida por el desacato de una de las cajas controladas por la Iglesia, la cordobesa Cajasur, a la ley aprobada por el Parlamento de Andaluc¨ªa. En Cajasur, su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, adem¨¢s de llevar 24 a?os al frente de la instituci¨®n, supera ampliamente los 70 de vida. Valdr¨ªa m¨¢s, por tanto, que los esfuerzos de defensa hechos por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional en este contencioso los hubiera empleado en eliminar una de las m¨¢s serias anomal¨ªas legales de un sistema que trata de homologarse con los avanzados.

Una vez m¨¢s, el Gobierno convierte un prop¨®sito necesario, y en muchos aspectos ampliamente compartido, en este caso la adecuaci¨®n de las instituciones, los mercados y las normas financieras, en un ejercicio de arbitrariedad y falta de rigor.