El Monte solicita m¨¢s tiempo para alegar contra la sanci¨®n por obstruir las elecciones

El Monte solicit¨® ayer una ampliaci¨®n del plazo de alegaciones al juez instructor del expediente de sanci¨®n abierto por la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda a la entidad, para 'la mejor defensa de los intereses de la entidad'. En ese expediente, el instructor conclu¨ªa que el Consejo de Administraci¨®n hab¨ªa incurrido en una infracci¨®n muy grave al avalar la decisi¨®n del ex presidente de la entidad, Isidoro Beneroso, de no facilitar la lista de impositores al representante de la Junta en la Comisi¨®n de Control, ¨®rgano que vigilaba la legalidad de las actuaciones de la caja en las ¨²ltimas elecciones (finales de 2001).

Como consecuenca de esta infracci¨®n, el instructor (un alto funcionario de la Consejer¨ªa) propone una multa a El Monte de 1,89 millones de euros, adem¨¢s de plantea la inhabilitaci¨®n de Beneroso para ejercer cargos de direcci¨®n en el sistema financiero andaluz en los pr¨®ximos cinco a?os y una multa individual de 30.000 euros.

El plazo de alegaciones es de quince d¨ªas h¨¢biles, por lo que acaba el d¨ªa 17 de este mes; sin embargo, la entidad ha demandado una ampliaci¨®n, sin precisar hasta qu¨¦ fecha la solicita. De esta manera, la entidad pretende dedicar m¨¢s tiempo a justificar jur¨ªdicamente la actuaci¨®n de la caja durante el proceso de renovaci¨®n de sus ¨®rganos de gobierno, y m¨¢s concretamente en aquel que correspondi¨® a los impositores.

De hecho, la entidad siempre ha mantenido que sus actuaciones en aquel momento fueron correctas y que estaban amparadas por una intrepretaci¨®n de la Agencia Estatal de Protecci¨®n de Datos en cuanto a la confidencialidad de los datos que se manejaban. En este sentido, El Monte no considera que infringi¨® la legalidad cuando su Consejo de Administraci¨®n deneg¨® la petici¨®n de la consejera del ¨¢rea, Magdalena Alvarez, por la que requer¨ªa la lista ¨ªntegra de los impositores y de los 450 compromisarios elegidos en el sorteo para la elecci¨®n de los consejeros generales de la entidad.

El instructor sin embargo rechaza que la entidad pudiese ampararse en la Ley de Protecci¨®n de Datos para dejar de suministrar una informaci¨®n vital para el proceso electoral abierto que, entiende el instructor, no vulneraba la confidencialidad de datos personales.

El listado de los impositores fue un objeto del deseo de todos los grupos con representaci¨®n en la caja, ya que el voto de los representantes de los cliente pod¨ªa ser definitivo para decidir el nuevo presidente de la entidad. Finalmente, una alianza entre el PSOE, IU y CC OO puso en el cargo al actual m¨¢ximo responsable de El Monte, Jos¨¦ Mar¨ªa Bueno Lid¨®n.