?Por qu¨¦ el 'decretazo'?

Pese al malabarismo dial¨¦ctico de destacados miembros del Gobierno y del Partido Popular, la realidad es que del an¨¢lisis jur¨ªdico del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, globalmente considerado, se deduce una importante regresi¨®n del ideal de cobertura vigente en la protecci¨®n por desempleo; al tiempo que se consuma una nueva y muy peligrosa regulaci¨®n a la baja del despido, como ya han puesto de manifiesto comentarios especializados en estas p¨¢ginas. Conocido es tambi¨¦n el cuantioso super¨¢vit del Inem y el crecimiento a un ritmo imparable de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, en las que cada vez cobra m¨¢s importancia el colectivo de trabajadores inmigrantes, con uno de cada tres nuevos cotizantes.

Y si esto es as¨ª, se admita o no, la publicaci¨®n de esta disposici¨®n legal y la elecci¨®n del mecanismo de la urgencia por el Gobierno, nos invita a dar respuesta a la primera de las preguntas que encabezan esta reflexi¨®n: ?por qu¨¦ el decretazo?; ?estamos ante una decisi¨®n pol¨ªtica de mera arrogancia y prepotencia?, o quiz¨¢s, como se?alan tambi¨¦n algunos, ?ante un acto buscado y calculado, de profundo cariz ideol¨®gico? La respuesta a estas preguntas se encuentra sin duda, en el an¨¢lisis de las consecuencias que llevar¨¢ consigo la aplicaci¨®n de esta conflictiva nueva regulaci¨®n del desempleo y del despido.

La primera consecuencia del nuevo r¨¦gimen jur¨ªdico del desempleo que establece el decretazo, es la desnaturalizaci¨®n pol¨ªtica, social, jur¨ªdica y econ¨®mica de la cobertura del riesgo profesional del desempleo en el sistema de Seguridad Social o de protecci¨®n social. Lo dec¨ªa con total claridad hace unos d¨ªas el propio presidente Aznar, ante la c¨²pula empresarial alemana: 'El Estado del Bienestar no est¨¢ para ayudar a quien no busca empleo; el sistema no puede estar pasivamente beneficiando a quienes no lo necesiten o quienes no demuestren el deseo de encontrar trabajo'. O lo que es lo mismo, en un alarde de cuasiprestidigitador y en apenas dos frases, el presidente del Gobierno convierte el modelo social de Estado del Bienestar, que nuestra Constituci¨®n configura como Estado social y democr¨¢tico de derecho, en un modelo social de Estado de Beneficencia, en el que lo que eran derechos y garant¨ªas jur¨ªdicas se convierten en meras ayudas graciables, prescindiendo ol¨ªmpicamente de la naturaleza contributiva de las prestaciones b¨¢sicas y de la funci¨®n redistributiva de la renta que realizan las prestaciones de car¨¢cter asistencial o subsidios. El decretazo aplica esta nueva doctrina con un rigor espeluznante, haciendo que el derecho a la protecci¨®n desaparezca frente al arbitrio del Inem; imponiendo que la situaci¨®n de necesidad derivada de la p¨¦rdida del trabajo habitual, quede sin protecci¨®n al eliminar su naturaleza jur¨ªdico-profesional; provocando el enriquecimiento injusto del sistema al quedar sin eficacia la cuota o contribuci¨®n y negando protecci¨®n alguna o casi imposible a importantes colectivos de trabajadores. La fractura social entre trabajadores en activo y beneficiarios de prestaciones por desempleo, y la extensi¨®n del miedo y la inseguridad, constituyen la segunda lectura necesaria de esta primera consecuencia del nuevo r¨¦gimen prestacional. Porque el recorte de prestaciones y el abaratamiento del despido, provocar¨¢n el miedo a perder el trabajo y la inseguridad en el futuro. Y desde luego, ambos convierten al trabajador en conservador, anulan su capacidad reivindicativa y fomentan el servilismo y la explotaci¨®n laboral. Y como ya estamos comprobando con los primeros despidos sin salarios de tramitaci¨®n, la incertidumbre es tan grande que incluso provoca el sentimiento de inutilidad de la acci¨®n judicial contra el despido.

La segunda consecuencia de la nueva regulaci¨®n del desempleo, es la que nos demuestra que el decretazo no es una norma que tiene como objetivo exclusivo la reducci¨®n de la protecci¨®n social y el abaratamiento del despido de los trabajadores espa?oles y extranjeros residentes; sino que, adem¨¢s, pretende de forma inequivoca, el objetivo del cierre total del mercado de trabajo a los trabajadores inmigrantes, asumiendo de esta forma, los postulados de una pol¨ªtica xen¨®foba y en la l¨ªnea defendida por conocidos l¨ªderes de la extrema derecha europea. En la b¨²squeda de este objetivo se encuentra sin duda la urgencia del decretazo, que el Gobierno Aznar pretende ofrecer como modelo en la pr¨®xima Cumbre Europea de Sevilla. No deja de ser toda una coincidencia, que precisamente estos d¨ªas antes de la citada cumbre, se haya anunciado una nueva reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, con la que se pretende endurecer a¨²n m¨¢s la misma, suprimiendo el mecanismo jur¨ªdico de regularizaci¨®n por arraigo y restringiendo gravemente el reagrupamiento familiar; ¨²nicas v¨ªas de acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo, adem¨¢s de los contingentes o cupos. As¨ª, anulada la v¨ªa del arraigo y r¨ªgidamente reducida la de la reagrupaci¨®n familiar, s¨®lo quedar¨ªa el camino de los contingentes, de cuyo fracaso hemos conocido cifras estos d¨ªas. Pero, ?qu¨¦ suceder¨¢ ahora con dichos contingentes si, como sabemos, el decretazo convierte a cualquier espa?ol o inmigrante legal en paro, en candidato obligatorio a cualquier puesto de trabajo que pueda existir en el mercado laboral? Los contingentes desaparecer¨¢n o ser¨¢n una pura ficci¨®n y el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo quedar¨¢ pr¨¢cticamente vedado a los mismos. Espa?a, como se pretende tambi¨¦n con el resto de Europa, ser¨¢ una fortaleza inaccesible para los inmigrantes que quieran integrarse socialmente en la misma.

El grave descenso de la poblaci¨®n en nuestro pa¨ªs y el constante envejecimiento de la misma, exigen una progresiva y cuantiosa integraci¨®n de trabajadores inmigrantes en nuestra sociedad -algo que han confirmado los organismos internacionales competentes-, para la viabilidad futura de nuestro modelo social de Estado del Bienestar. De hecho, y como se dec¨ªa antes, la aportaci¨®n de los inmigrantes ya resulta decisiva en el crecimiento progresivo de las personas cotizantes a la Seguridad Social. Lo que nos lleva necesariamente a concluir, por ¨²ltimo, en este breve an¨¢lisis, que el candado que el Gobierno pretende colocar en la puerta de acceso de los inmigrantes regulares al mercado laboral, tanto con el decretazo como con el endurecimiento de la Ley de Extranjer¨ªa anunciado, debilitar¨¢ necesariamente la solvencia financiera del sistema p¨²blico de Seguridad Social y, en definitiva, del modelo social de Estado del Bienestar. Y este deterioro provocado y pretendido tambi¨¦n con el recorte global de derechos sociales y con el trasvase de rentas sociales a las empresas que el decretazo establece, es el argumento para la privatizaci¨®n del modelo social p¨²blico; objetivo que se enmarca ideol¨®gicamente en el contexto una pol¨ªtica neoliberal, que pretende dejar al arbitrio del mercado la protecci¨®n ante los riesgos comunes y profesionales, y que ya est¨¢ provocando cada vez m¨¢s extensos colectivos de exclusi¨®n social en nuestra sociedad.

Sin duda, los inmigrantes sin papeles seguir¨¢n llegando; porque no existen fronteras para el hambre y la miseria. Pero estos no son peligrosos; no cotizan al sistema y, en todo caso, pueden hacer gasto del mismo como indigentes; adem¨¢s, constituyen mano de obra barata y silenciosa, y ante cualquier eventualidad son candidatos a la expulsi¨®n directa. Como dec¨ªa el delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n respecto de los inmigrantes encerrados en Sevilla: 'Que se vayan a casa'. Lamentable apolog¨ªa de la xenofobia que har¨ªa feliz al mism¨ªsimo Le Pen.

Jos¨¦ Ram¨®n Ju¨¢niz Maya es presidente de Abogados del Mundo en la Comunidad Valenciana.