Bush vetar¨¢ la misi¨®n de la ONU en Bosnia si no logra inmunidad para sus tropas
EE UU quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) no pueda juzgar a sus soldados
Estados Unidos vetar¨¢ la misi¨®n de la ONU en Bosnia si antes no logra que sus cascos azules en la zona queden fuera de la jurisdicci¨®n de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal encargado de juzgar cr¨ªmenes contra la humanidad. La firme decisi¨®n del Gobierno de George W. Bush provoc¨® una crisis en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ayer no parec¨ªa tener visos de soluci¨®n. Washington reafirma as¨ª su contundente oposici¨®n a la autoridad de la Corte Penal Internacional unos d¨ªas antes de su entrada en vigor, el pr¨®ximo lunes.
EE UU pidi¨® ayer al Consejo de Seguridad total inmunidad para sus tropas frente a cualquier denuncia que pudiera ser interpuesta ante la Corte, durante y despu¨¦s de su presencia en Bosnia. Washington estima que, puesto que no ha ratificado ni piensa ratificar el CPI, no est¨¢ sujeta a su legislaci¨®n. 'El veto es una opci¨®n si no obtenemos una inmunidad', declar¨® el representante estadounidense ante la ONU, John Negroponte.
El resto de los 15 miembros del Consejo, salvo M¨¦xico que mantuvo una postura neutral, se opuso en bloque a la propuesta estadounidense. Cuando Washington mand¨® los primeros avisos de tormenta la semana pasada, muchos en el ¨®rgano decisorio de Naciones Unidas se mostraron preocupados pero no excesivamente inquietos. Las cosas, pensaban, podr¨ªan arreglarse. El ambiente era muy distinto ayer. 'Todo est¨¢ bloqueado, la situaci¨®n es Estados Unidos contra el mundo', resumi¨® un diplom¨¢tico europeo.
La misi¨®n de la ONU en Bosnia (UNMIBH) es una fueza de polic¨ªa compuesta por 3.300 agentes, 46 de ellos estadounidenses. Las tropas internacionales destacadas en Bosnia dentro la SFOR, que cuentan con 19.000 soldados, no se ver¨ªan afectadas por el veto puesto que, aunque fueron autorizadas por la ONU, actualmente est¨¢n bajo control de la OTAN. Los estadounidenses s¨®lo representan el 1,5% del total de los cascos azules (704 de m¨¢s de 45.000).
La CPI es un tribunal que ha sido ratificado por m¨¢s de 70 pa¨ªses (incluida toda la Uni¨®n Europea) y podr¨¢ juzgar a los autores de cr¨ªmenes contra la humanidad, de genocio y de guerra. S¨®lo actuar¨¢ en caso que los pa¨ªses no puedan llevar a cabo el juicio pertinente y s¨®lo se aplicar¨¢ a los cr¨ªmenes cometidos a partir de su entrada en vigor, el pr¨®ximo lunes.
La crisis estallar¨¢, aseguraron varias fuentes, a menos que se llegue a un improbable acuerdo de ¨²ltimo minuto antes de que termine el mandato de la UNMIBH, el domingo por la noche. Algunos pa¨ªses del Consejo de Seguridad han pedido a los asesores t¨¦cnicos de las operaciones de paz que eval¨²en las consecuencias de la retirada de los cascos azules en la zona.
Francia present¨® ayer una propuesta alternativa, respaldada por el resto del Consejo, que, recurriendo al art¨ªculo 16 del Estatuto de Roma, aplaza durante un a?o las investigaciones y el procesamiento de los miembros de una misi¨®n de paz cuyo pa¨ªs de origen no sea parte del tribunal. Pero Estados Unidos parec¨ªa mantenerse firme en su propuesta. Las negociaciones durar¨¢n todo el fin de semana.
Muchos resaltaron ayer que la postura estadounidense es exagerada. La CPI tardar¨¢ todav¨ªa un a?o en constituirse y su misi¨®n no es la de perseguir a cascos azules. 'Si EE UU introduce una excepci¨®n a la regla podr¨¢ ser utilizada por los pa¨ªses que realmente quieran violar la legislaci¨®n internacional', afirm¨® un diplom¨¢tico europeo.
'Es una postura esencialmente ideol¨®gica contra la Corte. Sospechamos adem¨¢s que Washington ya ten¨ªa previsto retirarse de los Balcanes y que ha aprovechado la ocasi¨®n para responsabilizar al Consejo. No hay que olvidar tampoco que estamos en a?o electoral y que el Gobierno republicano quiere satisfacer a su electorado m¨¢s radical', a?adi¨®. 'Washington no quiere que se le impongan las decisiones de la CPI pero adem¨¢s pide que lo ratifique el Consejo de Seguridad. Es algo que no podemos hacer puesto que los Estados tienen sus propias obligaciones legales', coment¨® otra fuente diplom¨¢tica.
Estados Unidos ratific¨® el estatuto de la corte a finales de 2000, bajo el Gobierno de Bill Clinton, pero su sucesor, George W. Bush, ha retirado su firma. El Congreso est¨¢ debatiendo propuestas que exhoneren a los estadounidenses de cualquier actuaci¨®n de la Corte Penal Internacional.
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