Los juicios a los extranjeros detenidos tras el 11-S en EE UU ser¨¢n a puerta cerrada

La primera vez que el Tribunal Supremo de EE UU se ha pronunciado en un caso relacionado con el debate sobre el recorte de derechos civiles tras 11 de septiembre, los jueces se inclinaron del lado del Gobierno y aceptaron que los juicios a presuntos terroristas -acusados, en realidad, de delitos de inmigraci¨®n- se celebren a puerta cerrada. A la espera de una decisi¨®n final, el alto tribunal otorga una victoria al Departamento de Justicia del ultraconservador John Ashcroft y proh¨ªbe la presencia de p¨²blico o de periodistas en los juicios.

El Supremo, en su ¨²ltima decisi¨®n antes de cerrar el periodo de sesiones de esta temporada, declar¨® en suspenso un dictamen anterior de un juez de Nueva Jersey que se enfrent¨® a la tesis del Gobierno y orden¨® que los juicios fueran p¨²blicos.

Los jueces del m¨¢s alto tribunal de EE UU permiten de manera cautelar que se mantenga el car¨¢cter secreto del juicio hasta que el tribunal federal de apelaciones (situado en Filadelfia) vea el caso, posiblemente al final del verano. Si el Departamento de Justicia pierde en esa corte, sabe ya que los jueces del Supremo se inclinan a darle la raz¨®n en la ¨²ltima instancia judicial del pa¨ªs.

El caso tiene relevancia por cuanto supone el primer pronunciamiento de los jueces del Supremo en uno de los m¨²ltiples debates legales que cuestionan las decisiones sobre libertades civiles que el Gobierno de EE UU ha tomado amparado en el contexto del 11-S.

Despu¨¦s de los atentados de Nueva York y Washington, las fuerzas de seguridad llegaron a detener a 700 extranjeros por posibles v¨ªnculos lejanos con actividades terroristas. En realidad, las detenciones se realizaban por delitos de inmigraci¨®n, lo que ha permitido al Gobierno mantener encarcelados a algunos de ellos.

Muchos de los detenidos fueron expulsados o deportados si su situaci¨®n era irregular y su relaci¨®n con el terrorismo era nula. La ¨²ltima cifra de detenidos que ofreci¨® el Departamento de Justicia -en mayo- hablaba de 100 personas todav¨ªa en dependencias penitenciarias; nadie actualiza regularmente esa cifra ni ofrece acusaciones concretas contra los detenidos.

El Gobierno quer¨ªa desde el principio amparar los juicios civiles contra estos individuos al mismo secretismo en el que se celebrar¨¢n -quiz¨¢- los juicios militares contra los presos de Guant¨¢namo. Sin embargo, un juez de Nueva Jersey estableci¨® que las puertas s¨®lo pod¨ªan cerrarse a p¨²blico y periodistas despu¨¦s de analizar cada caso por separado y si realmente hab¨ªa alg¨²n temor de que en las sesiones surgieran informaciones que pudieran afectar a la seguridad nacional.

Bush llev¨® el caso ante el Supremo para pedir una suspensi¨®n hasta que se tramite el recurso ante el tribunal de apelaciones, que se hab¨ªa negado a dictar esa suspensi¨®n antes de revisar el caso. El abogado del Gobierno ante el Supremo, Theodore Olson, escribi¨® en las alegaciones que 'si esos procesos se abren al p¨²blico durante esta cr¨ªtica fase de amenaza urgente a la seguridad nacional, las organizaciones terroristas tendr¨¢n acceso directo a la informaci¨®n sobre las investigaciones que el Gobierno tiene en marcha'. La demanda contra el Gobierno viene firmada por una asociaci¨®n de defensa de derechos civiles, una publicaci¨®n de contenido legal y una editorial.