?Vitalicio?

Los redactores del Estatuto de Autonom¨ªa, que ayer celebr¨® su vig¨¦simo aniversario con una ceremonia protocolaria y fr¨ªa en el monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, nunca se detuvieron en sus deliberaciones a analizar el tratamiento de los presidentes de la Generalitat cuando ¨¦stos dejaran su cargo. Fue en la anterior legislatura, ya con el PP en el poder, cuando Eduardo Zaplana abri¨® el debate que se cerr¨® (?) la pasada semana tras una entrevista con el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla. El acuerdo alcanzado entre los responsables de los partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana representa, en s¨ªntesis, que los ex presidentes ser¨¢n miembros vitalicios del Consejo Jur¨ªdico Consultivo (CJC), y contar¨¢n con coche oficial, ch¨®fer, una oficina con recursos propios (secretaria) y dos asesores.

La opini¨®n p¨²blica y la publicada han reaccionado con especial sensibilidad, no exenta en algunos casos de tintes demag¨®gicos, al conocerse los detalles del acuerdo. Sensibilidad que se ha acentuado con el irresponsable comportamiento de autoproclamados portavoces de populares y socialistas que, ocultos tras el anonimato en algunos casos, no han dudado en acusarse mutuamente sobre la paternidad de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del acuerdo, contribuyendo ellos mismos a incrementar el descr¨¦dito de los pol¨ªticos bastante acrecentado ya de por si.

La adscripci¨®n vitalicia de los ex presidentes al CJC con sueldo similar al que percib¨ªan en el ejercicio de su cargo es, sin duda, la cuesti¨®n que m¨¢s polvareda ha levantado. Es verdad que la percepci¨®n de ese salario es discrecional (ser¨¢n ellos quienes decidan si lo cobran o no), como lo es que estar¨¢n sujetos al mismo r¨¦gimen de incompatibilidades que el resto de los componentes del CJC. Y no es menos cierto que su trabajo en esta instituci¨®n debe ser remunerado, como ocurre con los integrantes del Consejo de Estado que, por ejemplo, fueron en su d¨ªa presidentes del Congreso de los Diputados o ministros.

Con ser todo ello cierto, no lo es menos que el pacto alcanzado entre Zaplana y Pla tropieza con un amplio rechazo entre los ciudadanos. Una amplia mayor¨ªa de la sociedad ve con buenos ojos que los ex presidentes tengan un tratamiento protocolario adecuado y unos medios suficientes para atender sus obligaciones en funci¨®n de la responsabilidad que ostentaron en su d¨ªa. Pero es incapaz de asimilar que se les garantice un puesto de trabajo de por vida con un sueldo millonario. Regal¨ªa que, por otra parte, es discriminatoria respecto del resto de cargos p¨²blicos -concejales, alcaldes, diputados o consejeros- que deben buscarse la vida una vez concluye su trayectoria p¨²blica sin, tan siquiera, tener derecho a percibir el seguro de desempleo pese a haber cotizado durante el ejercicio de su cargo.

Populares y socialistas a¨²n est¨¢n a tiempo de corregir, durante el tr¨¢mite parlamentario, lo que a los ojos de la mayor¨ªa es un aut¨¦ntico dislate. No hacerlo aumentar¨ªa el distanciamiento entre los ciudadanos y quienes son sus representantes y abonar¨ªa el terreno para los movimientos populistas.