El PP y el PSPV buscan una salida al pol¨¦mico acuerdo sobre los ex presidentes de la Generalitat

Populares y socialistas mantuvieron en la tarde de ayer numerosos contactos para encontrar una salida a la pol¨¦mica desatada por el acuerdo sobre el estatuto de los ex presidentes del Consell, e intentar reducir el coste pol¨ªtico que el pacto supon¨ªa para ambas formaciones, especialmente para el PSPV. La iniciativa ha generado un profundo malestar en las filas socialistas. La proposici¨®n de ley, que ser¨¢ aprobada hoy en las Cortes, otorga a los ex jefes del Consell la posibilidad de contar de manera vitalicia con un sueldo similar al que cobraban, coche oficial y despacho con dos asistentes.

Desde que se hizo p¨²blico que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, hab¨ªan cerrado el acuerdo para regular el futuro de los ex responsables del Consell, el l¨ªder socialista ha visto como arreciaban las cr¨ªticas en el seno de su partido. Las comunicaciones escritas y verbales expresando malestar o disconformidad han ido aumentando a medida que pasaban los d¨ªas, al igual que los pronunciamientos en privado de algunos dirigentes locales, que creen que la adopci¨®n de una medida tan pol¨¦mica como ¨¦sta va a tener un coste electoral directo en los comicios municipales de 2003. Las cr¨ªticas dentro de PSPV-PSOE han cuestionado, fundamentalmente, el apoyo de los dirigentes del partido a que los ex presidentes de la Generalitat puedan gozar con car¨¢cter vitalicio de una asistencia y condiciones econ¨®micas similares a las que ostentaron por decisi¨®n de los ciudadanos, aunque sin responsabilidad pol¨ªtica alguna. Las otras cr¨ªticas se han centrado en la inoportunidad de apoyar una ley de estas caracter¨ªsticas tras la huelga general del 20-J y cuando hay otros temas pendientes de resolver de mayor calado pol¨ªtico, como la reforma del Estatuto o la puesta en marcha de la Corporaci¨®n Financiera de Bancaixa y la CAM. La presi¨®n interna ha llevado a los socialistas a plantear a los populares que, sin romper el consenso ni cambiar la proposici¨®n de ley, se arbitre en un futuro pr¨®ximo alguna medida que corrija el malestar social y el coste pol¨ªtico de la ley.