Comandos antifraude

Las instituciones pol¨ªticas estadounidenses est¨¢n poniendo toda la carne en el asador para recuperar la confianza de los inversores en la honradez y transparencia de las empresas y los mercados. Al menos ¨¦sa es la impresi¨®n que se quiere transmitir con insistencia a los accionistas y ciudadanos. Un informe del Senado acaba de subrayar la responsabilidad de los consejeros de la empresa en la quiebra del gigante el¨¦ctrico Enron, porque no prestaron atenci¨®n a los indicios clamorosos de fraude y crisis de la compa?¨ªa.

El Senado ha pretendido completar as¨ª el cuadro de responsabilidades que hasta ese momento se hab¨ªa centrado en los directivos de Enron y en el auditor Andersen. El presidente George Bush ha anunciado su deseo de crear una comisi¨®n federal especializada en la investigaci¨®n de fraudes empresariales y la duplicaci¨®n de las penas de c¨¢rcel -hasta diez a?os- para los directivos que cometan acciones empresariales fraudulentas.

La implicaci¨®n pol¨ªtica en la recuperaci¨®n de la credibilidad del mercado es evidente; hace falta comprobar que ser¨¢ suficiente. En todo caso, el anuncio justiciero de Bush tiene un car¨¢cter complementario de los cambios legales que est¨¢ preparando el Congreso estadounidense. Los cr¨ªticos se han apresurado a resaltar la ausencia en el discurso presidencial de cualquier menci¨®n a la proliferaci¨®n del sistema retributivo de stock options, considerado por los analistas como el origen de la codicia de los directivos y, lo que es peor, de la excesiva atenci¨®n que prestan los gestores a los resultados a corto plazo y a la evoluci¨®n de los mercados, olvidando los problemas industriales y de creaci¨®n de riqueza.

Por otra parte, habr¨ªa que conceder m¨¢s eficacia a las reformas pendientes de los sistemas de contabilidad y control de auditor¨ªa. La imprecisi¨®n en los criterios de contabilidad, la indiferencia ante las pr¨¢cticas conocidas de las empresas -la fiebre de las puntocom gener¨® una contabilidad muy particular ante la que los reguladores del mercado hicieron la vista gorda-, han deteriorado tanto la fe en el sistema como los fraudes de los directivos y las rapi?as de los administradores.

Los inversores no van a recuperar la confianza s¨®lo porque Bush prometa endurecer las sanciones o amenace con rayos y truenos a las empresas enfangadas en cuentas mentirosas. Los mercados estadounidenses responden m¨¢s al pragmatismo y reaccionar¨¢n s¨®lo ante los hechos ciertos y las normas promulgadas. El sistema econ¨®mico-legal de EE UU mantiene una fuerte inercia a favor de la autorregulaci¨®n, sea de los abogados, los economistas o los auditores. Lo que Bush propone ahora es un cambio dr¨¢stico de modelo para imponer la disciplina de la integridad empresarial desde instituciones federales. Es una apuesta arriesgada y en el caso de que funcione -es decir, de que no se olvide cuando la situaci¨®n de la econom¨ªa mejore- tardar¨¢ meses en hacerlo.

Pero lo que s¨ª ha funcionado en Estados Unidos es su sistema legal. En un plazo de meses, la justicia ha resuelto el caso Andersen, ha sancionado a Tyco y est¨¢ investigando intensamente a Global Crossing y otros grupos empresariales y caben pocas dudas de que llegar¨¢ hasta el fondo de los asuntos que los accionistas le propongan. La calidad de los tribunales estadounidenses, muy superior a la de los franceses o espa?oles, por poner dos ejemplos pr¨®ximos, es una garant¨ªa para los accionistas defraudados. Los inversores quieren la misma calidad en las instituciones de control empresarial. Aunque quiz¨¢ no lo consigan del todo, la claridad de objetivos contrasta con la difuminada respuesta pol¨ªtica en Europa.