El Gobierno franc¨¦s aprueba la prisi¨®n para ni?os en medio de una gran controversia

Desde la prisi¨®n para ni?os de 13 a?os a los centros cerrados de reeducaci¨®n de j¨®venes delincuentes, el Gobierno franc¨¦s dio ayer su visto bueno a una bater¨ªa de medidas represivas propuesta por el ministro de Justicia, Dominique Perben, que incluye 3.300 jueces no profesionales -para 'agilizar' la justicia- y 11.000 nuevas plazas carcelarias. Pese a las protestas de la oposici¨®n, que lo considera 'una vuelta atr¨¢s de 20 a?os', y de los defensores de los derechos humanos, el Gobierno conservador asegura que la gran mayor¨ªa del pueblo lo exige y est¨¢ dispuesto a conced¨¦rselo.

'Un proyecto terrible', asegura la ex ministra socialista de Justicia, Marylise Lebranchu, mientras otros dirigentes de la oposici¨®n lo consideran 'el primer error del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin'. Pero los conservadores consideran que los equivocados son los antiguos gobernantes, apeados del poder por indecisos.

Una encuesta del Ministerio de Justicia franc¨¦s, exhibida ayer por el actual titular, muestra que el 77% de los franceses est¨¢ a favor de la creaci¨®n de los centros cerrados para j¨®venes, y el 90% apoya la creaci¨®n de los jueces no profesionales, dos de las medidas m¨¢s criticadas.

Francia cerr¨® hace 40 a?os los reformatorios y los sustituy¨® por unos centros de menores de vocaci¨®n m¨¢s bien educativa, que no han contribuido a reducir la delincuencia juvenil, entre denuncias de falta de medios. Unos 5.000 adolescentes est¨¢n encerrados en prisiones convencionales como la descubierta en Ly¨®n por una comisi¨®n investigadora del Senado, un lugar 'indigno de la Francia del siglo XXI', donde los adultos presos se mezclan con los adolescentes en una instalaci¨®n mugrienta, h¨²meda y con patios de paseo 'siniestros y min¨²sculos'.

Para poner remedio a estas situaciones, el Gobierno se ha comprometido a invertir 3.650 millones de euros en cinco a?os, y le parece tan urgente, que el proyecto de ley ser¨¢ tramitado en lo que queda de julio y en el mes de agosto.

Los menores delincuentes ser¨¢n reeducados en centros cerrados, con una primera inauguraci¨®n prevista a comienzos de 2003. El ministro de Justicia los concibe como 'centros de tama?o peque?o, destinados a acoger entre 6 y 10 j¨®venes cada uno', sin barrotes; pero al que se atreva a escaparse, se le encarcelar¨¢ en cuanto le pongan la mano encima si ha cumplido los 13 a?os de edad.

La Comisi¨®n de los Derechos Humanos, un ¨®rgano asesor del primer ministro, se manifiesta horrorizada por esa reforma, sobre todo por el encarcelamiento de los de 13 a?os a 16 a?os, 'crimin¨®geno en s¨ª mismo', como lo demuestra la fuerte proporci¨®n de reincidentes entre los adolescentes que acaban en presi¨®n.

La libertad provisional

La comisi¨®n lamenta que 'se agrave la tendencia actual al encarcelamiento' de j¨®venes y se opone a echar abajo 'interesantes innovaciones' de la ley sobre la presunci¨®n de inocencia, adoptada en junio de 2000 por lo que entonces era un Parlamento con mayor¨ªa de izquierda, que pretend¨ªa limitar la amplitud de la prisi¨®n provisional. La filosof¨ªa del nuevo Gobierno exactamente es la contraria.

Los procedimientos de encarcelaci¨®n preventiva se simplifican, para que sea m¨¢s f¨¢cil encerrar a los autores de robos y destrozos de bienes, principalmente. Los presos ser¨¢n agrupados en funci¨®n de su peligrosidad y no simplemente de la pena a la que hayan sido condenados. Se instaura un sistema para descongestionar las prisiones, que consiste en obligar a los procesados a aceptar un brazalete de vigilancia electr¨®nica si quieren evitar la c¨¢rcel antes del juicio: esta medida se aplicaba hasta ahora a los condenados que salen de prisi¨®n por permisos u otras circunstancias.

La arquitectura del nuevo sistema comienza por los 'jueces de proximidad', no profesionales, que por ello son calificados de 'subjusticia' por las dos principales asociaciones de magistrados. La Comisi¨®n Consultiva de los Derechos Humanos se muestra inquieta de que se conf¨ªe 'el juicio de asuntos penales a jueces no profesionales'.

El Partido Socialista denuncia 'una vuelta atr¨¢s de m¨¢s de 20 a?os' y asegura que 'la creaci¨®n de jueces de proximidad, sin formaci¨®n y nombrados sin ning¨²n criterio de independencia, va a significar la instauraci¨®n de una justicia de dos velocidades', sobre todo en el cap¨ªtulo referido a los adolescentes.