La Administraci¨®n extrav¨ªa 35 peticiones de realojo de La Punta

Vecinos y Administraci¨®n se sentar¨¢n ma?ana en busca de un acuerdo sobre las actuaciones en La Punta. La voluntad de encontrar puntos en com¨²n para limar diferencias choca con los hechos. Los vecinos reprochan que la Administraci¨®n reconozca ahora que no sabe d¨®nde est¨¢n las ¨²ltimas 35 solicitudes de realojo presentadas en febrero. La Administraci¨®n critica la actuaci¨®n de boicot sobre las m¨¢quinas que ejercen algunos vecinos.

La reuni¨®n de m¨¢s de tres horas que el pasado viernes celebraron representantes de la Administraci¨®n y de los vecinos afectados por los derribos que se contemplan por las obras de la Zona de Actividades Log¨ªsticas (ZAL) y por el acceso ferroviario dio como resultado un nuevo sobresalto en el conflicto: la Administraci¨®n reconoci¨®, seg¨²n un asesor presente en el encuentro, que las ¨²ltimas 35 solicitudes de realojo presentadas el 28 de febrero en la COPUT (entidad expropiante) se han extraviado. Estas solicitudes se sumaban a otras 52 que ya hab¨ªan sido registradas anteriormente.

De las 1.200 parcelas afectadas por el conjunto de actuaciones que recogen los dos proyectos (ZAL y acceso ferroviario), el 35% corresponde a propietarios con los que no se ha podido contactar todav¨ªa hoy (casi cuatro a?os despu¨¦s de que se dise?ara la ampliaci¨®n del puerto y dos a?os despu¨¦s de que se decretara como urgente la expropiaci¨®n).

De los afectados que viven en La Punta, 150 son agricultores que no son propietarios pero trabajan la tierra como actividad principal en condici¨®n de arrendatarios desde hace varias generaciones. La propuesta de la Administraci¨®n para realojar a los afectados se resume en un plan de construcci¨®n de viviendas.

Una primera fase se iniciar¨ªa en octubre para quedar lista a principios de 2004 y que se concretar¨¢ en 76 viviendas. En una segunda se har¨¢n 75 viviendas. Sin embargo, el estudio t¨¦cnico no est¨¢ elaborado ni se ha solicitado la licencia de obras. La ley permite hacer de forma paralela ambos tr¨¢mites con la ¨²nica condici¨®n de que se ejecute al tiempo la urbanizaci¨®n de la zona. En cambio, el plan de la ZAL, cuya tramitaci¨®n tampoco est¨¢ a¨²n cerrada, s¨ª tiene, como prev¨¦ el propio plan, la licencia de obras oportuna.

A un lado del conflicto se encuentran los vecinos, con diferencias en la exposici¨®n de su desacuerdo. S¨®lo cuatro familias aceptaron la primera oferta de la Administraci¨®n, que puso sobre la mesa reubicaciones en viviendas de protecci¨®n hasta que estuvieran listas las de realojo definitivo. Estas cuatro familias han sido desplazadas a Silla, Algemes¨ª, Paiporta y El Puig, tal como recoge la documentaci¨®n oficial de Valencia Plataforma Intermodal (VPI) Log¨ªstica, empresa del puerto de Valencia que promueve la obra.

El resto de vecinos ha presentado la solicitud correspondiente pero se niega a que tiren su casa hasta que no est¨¦n al menos iniciadas las obras de las viviendas de realojo. Adem¨¢s, rechazan otra ubicaci¨®n prevista por la Administraci¨®n pero que ellos desconoc¨ªan hasta el viernes, y que se concreta en pisos de 80 metros cuadrados que har¨¢ el IVVSA -empresa p¨²blica auton¨®mica que lleg¨® a un acuerdo con la Sociedad Estatal de Promoci¨®n y Equipamiento del Suelo (Sepes), y que se reserva actuaciones sobre las parcelas que no sean utilizadas finalmente en la ZAL-.

Los vecinos, que han presentado solicitudes de realojo tal como era preceptivo, tampoco aceptan la subvenci¨®n mensual de unos 180 euros (30.000 pesetas) para sufragar los gastos de una vivienda provisional hasta que las de realojo est¨¦n construidas.

La oposici¨®n a la expropiaci¨®n se ha realizado de varias formas. Una de ellas la protagoniza un reducido n¨²mero de vecinos, a los que se suman activistas en favor de la conservaci¨®n de la huerta valenciana, que durante este mes de julio (plazo previsto para el inicio de los derribos) han tratado de paralizar la actividad de las m¨¢quinas, con el consiguiente despliegue policial y casi una decena de detenciones por resistirse a la justicia o a las fuerzas de seguridad.

Ahora, sobre la mesa, la Administraci¨®n tiene una propuesta vecinal de principio de acuerdo que pasa por estudiar un plan de realojo ordenado; que no deje sin viviendas a los afectados y que permita cambiar de forma progresiva de la que es su vivienda habitual a la de realojo sin los casi dos a?os de demora que plantea la Administraci¨®n; y la designaci¨®n de un ¨²nico interlocutor para abordar las consecuencias de los dos planes que se ejecutan en la zona, dado que los afectados son, en algunos casos, los mismos.

Las negociaciones con los vecinos de La Punta han ido acumulando escollos. Uno de ellos fue el de un grupo de vecinos que se negaba a formalizar los requisitos de la expropiaci¨®n y realojo por el rechazo al propio plan de ampliaci¨®n del puerto. Sin embargo, ese 'n¨²cleo duro' ya se ha sentado en la mesa de negociaci¨®n. Su propuesta ahora pasa por conseguir que la Administraci¨®n haga un plan de realojo 'participado' que responda a las necesidades que se desprenden de las peculiaridades de la sociedad de La Punta. Entienden que apelar a la 'modernidad' y el 'progreso' como hace la Administraci¨®n, es 'un recurso ling¨¹¨ªstico que no dice nada', seg¨²n el abogado de los vecinos Antonio Montiel. Para Montiel, 'no se trata de despreciar la modernidad sino considerar los valores diferenciales que tiene y aglutina la ciudad y la sociedad de Valencia, no hacer desaparecer la tradici¨®n, sino protegerla y velar por una convivencia que garantice pr¨¢cticas de vida que en muchos casos se remontan al siglo XII'. Montiel sostiene que 'nada tiene de moderno dejar que una zona se degrade por abandono premeditado hasta que pierda sus se?as de identidad'.