Jueces responsables

La sanci¨®n disciplinaria por falta muy grave impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los tres magistrados que decretaron la libertad provisional de Carlos Ruiz de Santamar¨ªa, El Negro -siete meses de suspensi¨®n para el ponente y seis para los otros dos- ha suscitado reacciones airadas por parte de algunos de los compa?eros de los sancionados, trasladadas al ¨®rgano de gobierno de los jueces en forma de divisiones, tensiones y votos particulares. Lo que nadie parece discutir es que la Constituci¨®n establece que los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial son 'independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley'.

Descartada por el Tribunal Supremo la sanci¨®n penal para los jueces, la puesta en libertad de un presunto narcotraficante a punto de ser juzgado, con el argumento de que el trastorno bipolar diagnosticado por el psiquiatra -alteraci¨®n acentuada del estado de ¨¢nimo- 'aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga', merece alg¨²n tipo de sanci¨®n. Y sobre todo, cuando se impone a ese presunto narcotraficante una rid¨ªcula fianza de cinco millones de pesetas. La fuga, en esas circunstancias, de un recluso para quien el fiscal ped¨ªa 60 a?os de c¨¢rcel y 69.000 millones de pesetas de multa como cerebro de un intento de introducir en Espa?a 10 tonenalas de coca¨ªna fue sentida como una burla por amplios sectores de la sociedad. Y como una afrenta por las familias y asociaciones de ayuda de los drogodependientes. En el m¨¢s ben¨¦volo de los supuestos, los magistrados se mostraron distra¨ªdos o poco atentos respecto a la naturaleza del informe pisqui¨¢trico o su alcance sobre la decisi¨®n de liberar a un preso. Es decir, actuaron con 'desatenci¨®n', como se?ala el expediente sancionador.

La posibilidad, barajada en alg¨²n sector judicial, de que se haya utilizado un error para apartar de la Audiencia Nacional a magistrados que revocaban decisiones del juez Garz¨®n contra el entorno de ETA no pasa de ser un juicio de intenciones. De ser cierta, esa actuaci¨®n resultar¨ªa obscena y deber¨ªa generar responsablidades. Pero en ning¨²n caso podr¨ªa convertirse en un blindaje, de modo que impida toda depuraci¨®n de responsabilidades de los jueces concernidos.