Final de encierro

El encierro de inmigrantes sin papeles iniciado hace dos meses en la Universidad de Sevilla, en v¨ªsperas de la cumbre de la UE con que finaliz¨® la presidencia espa?ola, concluy¨® con el desalojo policial. No hab¨ªa que ser adivino para prevenir ese desenlace. La mitad de los 500 inmigrantes que iniciaron el encierro lo abandonaron en el transcurso de los d¨ªas y la regularizaci¨®n colectiva que pretend¨ªan quienes lo han seguido hasta el final era sencillamente inviable. Al menos, el desalojo policial ha sido pac¨ªfico: no ha habido una entrada a la brava de la polic¨ªa en el recinto universitario, se actu¨® a instancias de la autoridad acad¨¦mica y los inmigrantes no opusieron resistencia alguna.

El problema planteado por el encierro de la Universidad de Sevilla ha sido resuelto, pero los problemas de quienes lo han protagonizado -sus posibilidades de regularizaci¨®n y su incierto futuro en Espa?a- siguen estando tan irresueltos como antes. Lo que demuestra, por si hiciera falta, que los encierros no son el mejor y m¨¢s eficaz m¨¦todo para afrontar la situaci¨®n de los inmigrantes y que, en consecuencia, no deben ser alentados. Hay que presumir de la buena fe de las organizaciones que los apoyan, pero sus resultados no suelen ser los deseables y, a veces, son contraproducentes. Aunque s¨®lo sea por el rastro de frustraci¨®n que dejan tras s¨ª.

Sin embargo, quiz¨¢s algunos problemas de los inmigrantes desalojados en Sevilla no sean ahora tan irresolubles como hace dos meses. Las iniciativas del Defensor del Pueblo andaluz, muy atento al encierro desde el primer momento, y el estudio pormenorizado de la situaci¨®n concreta de cada inmigrante, han revelado que al menos una parte de ellos est¨¢n en condiciones de poder ser regularizados. La pregunta es si podr¨ªa haberse evitado el encierro de conocerse antes esas condiciones y haber actuado en consecuencia.

Del colectivo de inmigrantes encerrados, de origen magreb¨ª y subsahariano, una mayor¨ªa eran antiguos trabajadores temporeros de la fresa en Huelva, sustituidos por inmigrantes polacos y rumanos contratados en origen. Pod¨ªa haberse regularizado su situaci¨®n, pues estaban incorporados al mercado laboral, aunque s¨®lo fuera durante la campa?a fresera, pero no se les ofreci¨® esa oportunidad. ?Habr¨ªa que rasgarse las vestiduras porque estos inmigrantes sustituidos en su trabajo precario, pero que les daba opci¨®n de regularizarse, aprovecharan la cumbre de Sevilla para dar a conocer su situaci¨®n? M¨¢s bien habr¨ªa que escandalizarse de que, tras ser discriminados laboralmente, se les exhortara luego a que se marcharan a casa.

El Defensor del Pueblo andaluz ha pedido 'generosidad' al Gobierno en la aplicaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa a los inmigrantes desalojados. El esp¨ªritu generoso con que se aplique una ley puede humanizarla. Pero la cuesti¨®n es que la Ley de Extranjer¨ªa no est¨¢ hecha precisamente para resolver situaciones como las de los inmigrantes encerrados en Sevilla, aunque sean antiguos temporeros de las campa?as de la fresa onubense. Fuera de las tres v¨ªas sobre las que pivota el concepto de 'inmigraci¨®n legal y ordenada' que propuso Aznar como objetivo de la ley -convenios bilaterales entre gobiernos, contratos de trabajo en origen y cupos anuales de mano de obra inmigrante- no hay salvaci¨®n para el inmigrante afincado en Espa?a por sus propios medios. Muchos de los desalojados en Sevilla ser¨¢n expulsados a sus pa¨ªses, otros tendr¨¢n seguramente opci¨®n de obtener papeles, pero, probablemente, algunos ni ser¨¢n expulsados, por no saber a d¨®nde, ni ser¨¢n regularizados. Tendr¨¢n que vivir de la caridad o de la delincuencia. La Ley de Extranjer¨ªa les ignora y las autoridades se desentienden de su suerte. Salvo que se juege con las palabras, una 'inmigraci¨®n legal' que no contempla estas situaciones s¨®lo con mucha benevolencia puede pasar por tal.