La hora de la ley

La lucha contra el terrorismo constituye, sin duda, una de las prioridades de nuestra sociedad democr¨¢tica. No cabe en nuestro sistema ninguna formaci¨®n que apoye o d¨¦ cobertura a m¨¦todos violentos, y menos a¨²n si tales actos atentan o acaban con la vida de otros ciudadanos.

Converg¨¨ncia i Uni¨® lo ha entendido as¨ª desde siempre. En nuestra actuaci¨®n pol¨ªtica no s¨®lo hemos condenado una y otra vez el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tanto de 'alta' como de 'baja intensidad', sino que, adem¨¢s, hemos actuado con loable sentido de Estado y hemos dado apoyo a todas las pol¨ªticas leg¨ªtimas y democr¨¢ticas impulsadas desde los sucesivos Ministerios del Interior.

Nunca CiU ha hecho un uso partidista o electoral de las pol¨ªticas antiterroristas

El Gobierno pretende una mayor cobertura pol¨ªtica de su decisi¨®n y, adem¨¢s, incondicional

En ning¨²n momento CiU ha hecho un uso partidista o electoral de las pol¨ªticas antiterroristas y jam¨¢s, bajo ning¨²n concepto, se ha buscado la erosi¨®n de Gobierno alguno a causa de sus esfuerzos para acabar con ETA y preservar la libertad en uso de sus leg¨ªtimas competencias. Incluso cuando nos ha parecido que el Gobierno -cualquier Gobierno- erraba en su pol¨ªtica, nuestro proceder ha sido siempre leal y constructivo, en pro del inter¨¦s com¨²n.

Pocos son los que pueden hacer gala de este patrimonio, y, por supuesto, no es el caso ni del PP ni del PSOE. ?O es que se han olvidado ya los ataques del PSOE a la pol¨ªtica antiterrorista de UCD con el s¨®lo objetivo de erosionar al Gobierno? ?O, a?os m¨¢s tarde, la injustificable actitud del PP frente al Gobierno del PSOE en esta misma materia?

Recientemente, el Gobierno consider¨® oportuno impulsar una nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos. Fiel a su trayectoria, CiU destac¨® el car¨¢cter manifiestamente mejorable del texto y lo enmend¨® hasta ver contenidas en ¨¦l las debidas garant¨ªas democr¨¢ticas destinadas, en s¨ªntesis, a evitar la hipot¨¦tica ilegalizaci¨®n de partidos por causas ajenas a la cobertura de la violencia o del terror. Y ah¨ª est¨¢ la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos, que otorga al Gobierno y al fiscal general del Estado la posibilidad de instar la ilegalizaci¨®n de aquellas formaciones que amparen o justifiquen los actos terroristas.

Con ello entendimos y as¨ª lo defendimos -no s¨¦ por qu¨¦ sorprende ahora- que el Congreso y el Senado han cumplido su misi¨®n legislativa, la que les compete, mediante el debate y aprobaci¨®n de una norma que, una vez en vigor, ha de ser aplicada como el resto de las leyes.

La Ley de Partidos Pol¨ªticos ha de ser cumplida si se dan los supuestos que en ella se regulan, como es obvio, y no es ni ser¨¢ CiU la que se oponga a su aplicaci¨®n.

En el l¨®gico funcionamiento de un sistema democr¨¢tico, el Parlamento legisla y corresponde al Gobierno ejecutar y hacer cumplir las leyes. Y en el presente supuesto, desde CiU hemos manifestado una y otra vez que el Congreso ha de limitar su alta funci¨®n a proporcionar al poder ejecutivo, a los fiscales y al poder judicial, en definitiva, el mejor instrumento legal posible para el ejercicio de sus competencias.

Pero de la misma manera que el Parlamento, m¨¢s all¨¢ de legislar, no ejerce competencias de orden p¨²blico o no se atribuye competencias en materia de inmigraci¨®n o defensa, tampoco resulta l¨®gica su intervenci¨®n en materia antiterrorista. La potestad atribuida por la ley al Congreso para instar al Gobierno los tr¨¢mites para la ilegalizaci¨®n de un partido resulta, cuando menos, absurda por cuanto, en todo caso, es obligaci¨®n del Gobierno y del fiscal general instar la ilegalizaci¨®n de aquellas formaciones que incurran en los supuestos tipificados, tanto si el Congreso exhorta al Gobierno como si no. La solicitud del Congreso no constituye en modo alguno un requisito para la acci¨®n del Gobierno, que est¨¢ obligado a actuar si se dan las circunstancias previstas en la ley.

Por tanto, la pol¨¦mica suscitada por la posici¨®n de CiU ante la convocatoria de un pleno urgente y extraordinario resulta ociosa y perversa. Ociosa puesto que CiU ha actuado siempre de manera di¨¢fana y lineal en apoyo de la lucha antiterrorista. Perversa puesto que las presiones que se ejercen sobre el Parlamento no s¨®lo desvirt¨²an su funci¨®n constitucional, sino que pretenden objetivos pol¨ªticos por completo ajenos a la finalidad misma de la ley.

Cuando todos los partidos democr¨¢ticos ya se han pronunciado contra el terrorismo, y CiU el primero, ?qu¨¦ funci¨®n tiene un hipot¨¦tico acuerdo del Congreso para que el Gobierno cumpla con su obligaci¨®n de ejecutar la ley? As¨ª pues, es obvio que con este pronunciamiento el Gobierno s¨®lo pretende una mayor cobertura pol¨ªtica de su decisi¨®n, cobertura adem¨¢s incondicional a su tempo y modo pol¨ªtico decidido sin di¨¢logo previo alguno. Nada m¨¢s, puesto que la ilegalizaci¨®n ser¨¢, si se produce, una cuesti¨®n de hechos y de pruebas que ha de dirimirse ante el Tribunal Supremo. El Congreso no aporta ning¨²n hecho nuevo y su pronunciamiento es, en ese sentido, irrelevante. Los hechos no variar¨¢n, sea cual sea la posici¨®n del Congreso.

Si el Gobierno cree que existen motivos para promover la ilegalizaci¨®n de Batasuna, su misi¨®n es la de recabar pruebas y presentar una s¨®lida demanda ante los tribunales. El reciente atentado que acab¨® con dos vidas humanas ha sido la en¨¦sima gota que ha colmado el vaso por en¨¦sima vez, pero el respeto a estas v¨ªctimas y a las restantes exige que las instituciones act¨²en, si cabe, con la cabeza a¨²n m¨¢s fr¨ªa, con fundamento, con pruebas s¨®lidas y sin precipitaci¨®n. Como ya se ha dicho, es la hora de la ley, no la de las palabras ni la de los gestos.

No obstante, si el Gobierno act¨²a pol¨ªticamente, ha de sopesar tambi¨¦n las consecuencias de un hipot¨¦tico fallo judicial adverso, y su sentido de Estado deber¨ªa obligarle a preservar el prestigio y la credibilidad del poder legislativo. La grandeza del sistema democr¨¢tico se fundamenta precisamente en el imperio de la ley y en la independencia de los tribunales, por lo que es obvio que puede ofrecer rendijas por las que escape cualquier facci¨®n que debiera ser ilegalizada.

En este supuesto, no existe mejor garant¨ªa para el prestigio de las instituciones que el ejercicio de las competencias de cada cual seg¨²n las previsiones constitucionales. ?sta ha sido y es nuestra posici¨®n y una raz¨®n m¨¢s por la que consideramos improcedente convocar pleno alguno del Congreso.

Conviene tambi¨¦n evitar un segundo error. Al primer error pol¨ªtico de inmiscuir el Congreso en aquello que no le corresponde no podemos a?adir el error adicional de prescindir del di¨¢logo pol¨ªtico con las leg¨ªtimas instituciones representativas de la sociedad vasca. La lucha antiterrorista es una cuesti¨®n de orden p¨²blico, ciertamente, pero nada tiene que ver con el di¨¢logo y cooperaci¨®n entre instituciones o con el l¨®gico y necesario di¨¢logo de los partidos pol¨ªticos estatales con los partidos democr¨¢ticos vascos.

Es absurdo e injusto asociar ante la opini¨®n p¨²blica terrorismo y nacionalismo vasco. El terrorismo es condenable en todo caso, pero existe un nacionalismo vasco tan democr¨¢tico y leg¨ªtimo como el nacionalismo espa?ol o el nacionalismo catal¨¢n. Y, para solucionar el horror que padece Euskadi, lo l¨®gico es otorgar a sus leg¨ªtimos representantes la voz y el protagonismo que merecen en aras a una soluci¨®n que, guste o no, exige tambi¨¦n medidas pol¨ªticas. Cualquier maniobra destinada a aislar el PNV supone un retroceso dif¨ªcilmente reparable.

Y eso lo creemos y lo defendemos al margen de nuestra relaci¨®n fraternal con el PNV y de la amistad personal, de la que me honro, con muchos de sus dirigentes. No tengo motivo alguno para ocultarla por mucho inter¨¦s que exista en presentarlos como 'apestados', y 'apestar al que se le acerca'. ?Que el PNV ha cometido errores? Seguro que s¨ª. ?Y qui¨¦n no los ha cometido? ?Qui¨¦n no se ha equivocado en esta larga lucha contra el terrorismo? Pero nuestra posici¨®n es aut¨®noma y deber¨ªa reconoc¨¦rsenos la autoridad suficiente como para dar aval a esa autonom¨ªa de decisi¨®n.

Euskadi y Catalu?a son distintas y sus sociedades tienen una historia y un car¨¢cter diferente, problemas de presente y retos de futuro tambi¨¦n distintos, aunque comparten algunos de esos problemas y retos. Por ello, es l¨®gico que se mantengan posiciones y estrategias distintas que, a¨²n sin compartirlas los unos de los otros, sean respetadas por ambos. Alg¨²n d¨ªa, no obstante, estoy convencido de que la historia subrayar¨¢, en may¨²sculas, el grav¨ªsimo error del intento de marginaci¨®n del nacionalismo democr¨¢tico vasco.

La lucha antiterrorista se ha de basar en un amplio consenso en el cual participen todos los partidos pol¨ªticos democr¨¢ticos, sean o no de ¨¢mbito estatal, y, en ese consenso, el nacionalismo democr¨¢tico vasco debe encontrar tambi¨¦n su lugar. Pero debemos evitar la tentaci¨®n de hacer politiquer¨ªa con la excusa del terrorismo. No vamos bien si en una cuesti¨®n tan importante desnaturalizamos el Congreso y lo convertimos en un instrumento al servicio de intereses pol¨ªticos partidistas.

En todo caso, la ley est¨¢ ah¨ª y ahora parece llegado el momento de cumplirla. Ante la unidad contra el terrorismo de todas, absolutamente todas, las fuerzas democr¨¢ticas -y de eso s¨ª que se puede y se debe tomar buena nota si no se quiere dividir la sociedad y cuartearla- no debemos adulterar el debate ni pervertirlo pol¨ªticamente desvi¨¢ndolo hacia cuestiones accesorias fruto de las leg¨ªtimas posiciones ideol¨®gicas de cada partido. Desde CiU nos negamos a ello simplemente, y creo que con esta posici¨®n hacemos gala de un sentido de Estado y de una responsabilidad encomiables.

Y acabo con una ¨²ltima reflexi¨®n. Se ha calificado, especialmente por parte del PP, como un grave error hist¨®rico la posici¨®n de CiU present¨¢ndonos como unos irresponsables que se inhiben ante el terror de ETA. Creo que el calor del debate no ha permitido valorar la gravedad de tal acusaci¨®n contra quienes hemos sido sost¨¦n de la democracia y del Estado de derecho en Espa?a en las ¨²ltimas tres d¨¦cadas.

Me permito recomendar, por el bien de todos, que se reflexione a fondo sobre esa grav¨ªsima acusaci¨®n. Acusarnos de cobardes como ha hecho el PP o de estar al lado del terror como ha dicho el PSOE puede comportarles alg¨²n r¨¦dito electoral. Pero alguien con sentido com¨²n deber¨ªa pensar, m¨¢s all¨¢ de los intereses a corto plazo, en la profunda hipoteca que dichas acusaciones crean en las relaciones y en la implicaci¨®n del nacionalismo democr¨¢tico catal¨¢n en la pol¨ªtica espa?ola.

Que nadie se lleve a enga?o. CiU, el catalanismo pol¨ªtico en suma, continuar¨¢ existiendo y su aportaci¨®n seguir¨¢ siendo imprescindible no s¨®lo para Catalunya, sino para Espa?a en su conjunto.

Ma?ana, Javier Arenas, secretario general del PP y ministro de Administraciones P¨²blicas.

Josep Antoni Duran Lleida es secretario general de Converg¨¨ncia i Uni¨®.