Direcci¨®n equivocada

La decisi¨®n del consejero de Justicia del Gobierno vasco de dirigirse al CGPJ solicitando amparo frente al auto del juez Garz¨®n constituye un error de bulto. El CGPJ no puede corregir una decisi¨®n adoptada por un juez en el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional, porque es un ¨®rgano de gobierno del poder judicial, pero no es un ¨®rgano jurisdiccional. El CGPJ no ejerce ni puede ejercer funci¨®n jurisdiccional alguna y, en consecuencia, no puede decir absolutamente nada sobre si la decisi¨®n de un juez en el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional, repito, es 'correcta y est¨¢ ajustada a derecho' o no lo est¨¢.

Lo ¨²nico que puede hacer el CGPJ, si entiende que la conducta de un juez es constitutiva de una falta, es ordenar la apertura de un expediente disciplinario e imponer, en su caso, la sanci¨®n correspondiente. Sancionar disciplinariamente a un juez entra en las competencias del CGPJ. Corregir la fundamentaci¨®n jur¨ªdica de las decisiones de un juez le est¨¢ expresamente prohibido. El escrito del consejero vasco tiene que ser rechazado de plano por el CGPJ. No puede entrar siquiera a tomarlo en consideraci¨®n.

No es, por tanto, al CGPJ al que el consejero vasco tiene que dirigirse. Si el consejero vasco no est¨¢ de acuerdo con la fundamentaci¨®n jur¨ªdica del auto del juez Garz¨®n, es al Tribunal Supremo al que tiene que dirigirse formulando una querella por prevaricaci¨®n contra el juez. Y tiene que dirigirse al Tribunal Supremo porque al auto del juez Garz¨®n lo que se le puede reprochar es que es un ejercicio de prevaricaci¨®n. Y lo es porque la v¨ªa penal que ha puesto en marcha no es la v¨ªa del C¨®digo Penal, sino que es la v¨ªa del juez Garz¨®n. No es la voluntad del legislador la que se ha hecho valer a trav¨¦s del auto, sino que lo que el juez ha hecho valer es la suya propia. En la suspensi¨®n de Batasuna, el juez ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular. Al hacerlo, no solamente no ha aplicado la ley, sino que ha vulnerado, adem¨¢s, de paso, buena parte de las garant¨ªas constitucionales reconocidas en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n. Y en esto, justamente, es en lo que consiste el delito de prevaricaci¨®n.

Si el Gobierno vasco quiere poner orden en la confusi¨®n que el juez Garz¨®n est¨¢ introduciendo en este asunto, es ¨¦sta la v¨ªa que tiene que seguir. El Gobierno vasco tiene todo el derecho a denunciar que la conducta del juez en el ejercicio de su funci¨®n jurisdiccional ha sido constitutiva de delito. M¨¢s a¨²n. El Gobierno vasco, despu¨¦s de haber ejecutado el auto, no solamente tiene el derecho, sino que tiene toda la legitimidad del mundo para reaccionar frente al mismo, en la medida en que se trata de una decisi¨®n judicial que no est¨¢ fundamentada en derecho, sino que es el resultado del capricho personal de un juez. Un Gobierno democr¨¢ticamente constituido se est¨¢ viendo obligado a ejecutar un auto que carece de fundamentaci¨®n jur¨ªdica. (De la providencia dictada por el juez el 2 de septiembre aclaratoria del auto prohibiendo gen¨¦ricamente el ejercicio del derecho de manifestaci¨®n ya ni hablo, porque es puro esperpento). No tiene por qu¨¦ consentirlo.

Pedag¨®gicamente ser¨ªa, adem¨¢s, muy importante que el Gobierno vasco obligara al juez Garz¨®n a tener que justificar ante el Tribunal Supremo cu¨¢l es la interpretaci¨®n del C¨®digo Penal conforme a la Constituci¨®n con base en la cual ha dictado el auto por el que acord¨® la suspensi¨®n de Batasuna. ?A ver c¨®mo justifica el juez Garz¨®n jur¨ªdicamente su manera de proceder? ?ste s¨ª que ser¨ªa un servicio que el Gobierno vasco podr¨ªa prestar al Estado de derecho. Obligar a discutir, no en los medios de comunicaci¨®n, sino ante el Tribunal Supremo, la fundamentaci¨®n jur¨ªdica de una decisi¨®n que est¨¢ teniendo la transcendencia que est¨¢ teniendo en la convivencia en el Pa¨ªs Vasco en particular, aunque tambi¨¦n en Espa?a. Por ese camino s¨ª puede transitar el Gobierno vasco, pero no por el que ha elegido. La v¨ªa del CGPJ es un callej¨®n sin salida. Si el consejero de Justicia quiere 'poner fin a la confusi¨®n que han generado las ¨²ltimas actuaciones del juez Baltasar Garz¨®n', no es al CGPJ al que tiene que dirigirse, sino al Tribunal Supremo.