El PSPV exige que se regule y limite la concesi¨®n de permisos para poner industrias en suelo no urbanizable

Durante los ¨²ltimos a?os, la Generalitat ha estado concediendo decenas de declaraciones de inter¨¦s comunitario (DIA, una exenci¨®n que permite implantar actividades industriales en suelo no urbanizable) a actividades privadas de todo tipo, desde azulejeras, vertederos, bodegas de vino y granjas porcinas, hasta residencias de la tercera edad, firmas hortofrut¨ªcolas, f¨¢bricas y almacenes de madera. Los socialistas exigen ahora que el Consell regule de una vez, tras m¨¢s de nueve a?os de retraso, qu¨¦ actividades pueden disfrutar de este privilegio para satisfacer el inter¨¦s general y cu¨¢les nunca pueden beneficiarse de un permiso que implica sustanciosos beneficios econ¨®micos.

El Grupo Socialista-Progresistas en las Cortes acaba de presenar una proposici¨®n no de ley conminando al Consell a que apruebe en el t¨¦rmino de tres meses 'el nomencl¨¢tor previsto en la ley 4/1992 del Suelo No Urbanizable' con las actividades susceptibles de gozar de una DIA, que ten¨ªa el objetivo de 'situar las reglas del juego que evitaran que algunos municipios utilicen esta v¨ªa singular (...) como recurso para financiarse mediante el canon urban¨ªstico que han de sufragar las empresas beneficiadas por el privilegio'. Una medida que en numerosas ocasiones 'ha convertido en norma lo que ha de ser una excepci¨®n'.

La concesi¨®n de DIA hasta ha sido cuestionada en los juzgados. Hace un a?o el Tribunal Superior de Justicia declar¨® que la ampliaci¨®n de una f¨¢brica de cer¨¢mica en Alcora era ilegal al entender que la DIA no se ajustaba a derecho. La oposici¨®n denunci¨® entonces que en dicho municipio se hab¨ªan concedido numerosos permisos de este tipo para este tipo de factor¨ªas, que se evitaban as¨ª adquirir suelo industrial. El pelotazo era claro: si una firma de tama?o medio requer¨ªa 100.000 metros de suelo para instalarse, con un coste de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas), con la DIA se pod¨ªan instalar en suelo agr¨ªcola por apenas 180.000 o 240.000 euros (de 30 a 40 millones de pestas). El abogado que batall¨® en aquel caso se?al¨® que este tipo de trato de favor era una 'operaci¨®n especulativa que curiosamente siempre beneficia a los que est¨¢n en condiciones de pagar campa?as electorales'. El PSPV quiere que las reglas del juego est¨¦n ahora m¨¢s claras.