La revisi¨®n a medio plazo de la PAC desde la perspectiva espa?ola

El pasado 10 de julio, la Comisi¨®n Europea ha presentado un proyecto de reforma de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC). Nadie podr¨ªa cuestionar los objetivos que la Comisi¨®n dice perseguir con esta reforma: legitimar la PAC ante los contribuyentes europeos, mejorar la seguridad alimentaria, garantizar la protecci¨®n de los animales, reforzar las condiciones medioambientales, apostar por producciones de calidad y mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias son objetivos que todos los gobiernos europeos pueden compartir sin duda alguna.

Ahora bien, el problema no son los objetivos, sino los medios utilizados para su consecuci¨®n.

La Comisi¨®n en su propuesta sigue tres l¨ªneas de acci¨®n diferentes:

En Espa?a, 196.433 agricultores podr¨ªan ver reducidos sus ingresos en 525 millones al a?o

Las ayudas totalmente desconectadas dificultan la pol¨ªtica de ordenaci¨®n de producciones

a) Modifica determinadas organizaciones comunes de mercado.

b) Incrementa las dotaciones de las pol¨ªticas de desarrollo rural traspasando recursos desde la pol¨ªtica de mercados reduciendo paralelamente las ayudas que perciben directamente los agricultores.

c) Finalmente, modifica sustancialmente el actual sistema de ayudas a los agricultores, reemplazando las ayudas que ¨¦stos perciben por raz¨®n de los cultivos que producen por un pago ¨²nico desvinculado de la producci¨®n, basado en los pagos hist¨®ricos que cada explotaci¨®n hubiera venido percibiendo en un periodo de referencia.

Veamos los efectos de estas tres l¨ªneas de actuaci¨®n sobre la agricultura espa?ola:

a) Las reformas planteadas para los cereales en general, el trigo duro en particular, arroz y forrajes desecados, afectar¨¢n a m¨¢s de 376.000 agricultores que ver¨ªan reducidas anualmente sus ayudas en m¨¢s de 290 millones de euros. Lo curioso es que la Comisi¨®n fundamenta estas reformas en la presunta sobrecompensaci¨®n existente en algunos sectores olvidando que si en la PAC hay sobrecompensaci¨®n, no son los sectores reformados los causantes de la misma, sino que ¨¦sta se produce como consecuencia de pasadas reformas que asignaron rendimientos diferentes a determinadas regiones favoreciendo de modo permanente a las zonas de m¨¢s alta productividad.

b) El sistema de trasvasar recursos financieros a trav¨¦s de la modulaci¨®n producir¨ªa grandes distorsiones en el campo espa?ol porque no estamos ante una modulaci¨®n en el sentido cl¨¢sico, sino ante una degresividad de las ayudas con ligeros ajustes.

La franquicia de 5.000 euros establecida sin ning¨²n requisito beneficiar¨ªa a perceptores de ayudas que no son agricultores a t¨ªtulo principal y que tienen la agricultura como un hobby o actividad complementaria.

A todos los agricultores que perciban entre 5.000 y 300.000 euros se les da un mismo tratamiento aplic¨¢ndoles el mismo porcentaje de reducci¨®n sin consideraci¨®n a la rentabilidad de las explotaciones. La reducci¨®n del 20% de las ayudas no tiene el mismo alcance en las explotaciones m¨¢s rentables ubicadas en las zonas m¨¢s f¨¦rtiles de la Uni¨®n Europea, que el que pueda tener en zonas como las mesetas castellanas en las que p¨¦rdidas del 20% de las ayudas dejar¨ªa de hacer rentable hasta los cultivos con menores costos de producci¨®n. El modelo de modulaci¨®n que propone la Comisi¨®n adolece de una evidente falta de cohesi¨®n econ¨®mica y social, y su aplicaci¨®n en Espa?a podr¨ªa suponer que 196.433 agricultores ver¨ªan reducidos sus ingresos en m¨¢s de 525 millones de euros al a?o, importe que en el modelo propuesto incrementar¨ªa la financiaci¨®n de las pol¨ªticas de desarrollo rural que Gobierno y comunidades aut¨®nomas realicen.

c) Finalmente, el cambio del sistema de ayudas desvincul¨¢ndolas de la producci¨®n y convirti¨¦ndolas en un pago ¨²nico para cada explotaci¨®n basado en la media de las ayudas comunitarias percibidas en un periodo de referencia ha sido desarrollado, defendido y cuestionado en medios universitarios y acad¨¦micos, pero nunca ha sido aplicado de forma ¨ªntegra por ning¨²n Estado de nuestro entorno. La referencia m¨¢s pr¨®xima es el esquema derivado de la Fair Act del a?o 1996 de Estados Unidos, que ha sido pr¨¢cticamente abandonado por la nueva Farm Bill del a?o 2002, en la que se articulan instrumentos de apoyo y regulaci¨®n m¨¢s ligados a las producciones y a los mercados.

Las ayudas totalmente desconectadas dificultan la pol¨ªtica de ordenaci¨®n de producciones y los ajustes que en los diferentes sectores hayan de plantearse. Si el apoyo se produce de forma global e indiscriminada a las explotaciones, los mercados se ver¨¢n saturados de aquellos productos m¨¢s rentables por sus menores costos de producci¨®n y, adem¨¢s, los productores se orientar¨¢n hacia aquellos sectores que requieran menos mano de obra, lo que agravar¨¢ la situaci¨®n laboral en el sector agrario.

Las razones anteriores justifican que desde la perspectiva espa?ola no pueda compartirse el contenido de la reforma que propone el comisario Fischler. No obstante, siendo respetuosos con el m¨¦todo comunitario y la capacidad de iniciativa de la Comisi¨®n, entendemos que la propuesta de reforma merece ser discutida y analizada con todo detalle, tanto por el Parlamento y por el Consejo, como por los sectores afectados y el conjunto de la sociedad. Y s¨®lo despu¨¦s de celebrado en profundidad este debate, y constatada la existencia de un consenso sobre la viabilidad del modelo resultante sugerido, deber¨ªa la Comisi¨®n presentar propuestas concretas de reglamentos al respecto.

Desde las posiciones espa?olas se colaborar¨¢ siempre en el debate sobre las mejores soluciones y alternativas para la PAC y se har¨¢n las correspondientes aportaciones al respecto en la b¨²squeda de una pol¨ªtica agraria com¨²n que se adecue a la multiforme realidad de la agricultura espa?ola.

Miguel Arias Ca?ete es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n.