Opci¨®n carcelaria

La inseguridad ciudadana ha logrado centrar, tras seis a?os de abandono y desidia, la atenci¨®n pol¨ªtica del Gobierno del PP. Su plan de lucha contra la delincuencia, recientemente presentado a bombo y platillo, contiene medidas interesantes como el aumento de plantillas policiales, una mayor coordinaci¨®n con las polic¨ªas locales y la instauraci¨®n de los juicios r¨¢pidos, que s¨®lo exigen su aplicaci¨®n cuanto antes. Pero hay otras muy discutibles, no s¨®lo desde el punto de vista constitucional, sino porque esconden una opci¨®n carcelaria que la infeliz frase de Aznar de 'barrer las calles de peque?os delincuentes' -?por qu¨¦ no de paso tambi¨¦n de los grandes?- ha desvelado con meridiana claridad.

Modificar el modelo penitenciario establecido en la Ley General Penitenciaria de 1979 como pretende el Gobierno -sobre todo, que el c¨®mputo de los beneficios penitenciarios se haga sobre el total de las penas impuestas y no sobre la m¨¢s grave y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, sobre la de 30 a?os- no s¨®lo puede dejar en papel mojado el objetivo constitucional de la resinserci¨®n. Apunta tambi¨¦n a una saturaci¨®n carcelaria seguramente incompatible con el presupuesto y con unas m¨ªnimas condiciones de dignidad en la vida del recluso. Esa opci¨®n se corresponde, adem¨¢s, con momentos en que las c¨¢rceles espa?olas baten r¨¦cords de ocupaci¨®n. Con m¨¢s de 51.000 presos, es decir, 125 por cada 100.000 habitantes, Espa?a tiene la tasa m¨¢s alta de poblaci¨®n reclusa de la UE, junto con Inglaterra y Gales, s¨®lo comparable con la de los a?os cuarenta, en plena dictadura franquista.

En los pa¨ªses democr¨¢ticos, la c¨¢rcel debe tender siempre a ser una medida proporcional al delito, y no la panacea frente a los problemas de inseguridad ciudadana, si no se quiere caer en un tipo de sociedad represiva. Lo cual no quiere decir que conductas antisociales menos graves y reiteradas queden impunes. Existen medidas disuasorias o preventivas de tipo policial y otras de car¨¢cter sancionador-administrativo o alternativas a la prisi¨®n que no se ponen en pr¨¢ctica por desidia pol¨ªtica o presupuestaria. Pero la opci¨®n carcelaria, adem¨¢s de que puede resultar aberrante pasado cierto l¨ªmite, es todav¨ªa m¨¢s gravosa: m¨¢s presos significa m¨¢s c¨¢rceles, m¨¢s funcionarios, m¨¢s servicios y, en definitiva, un mayor gasto. ?Est¨¢ dispuesto el Gobierno a afrontar ese coste presupuestario y la sociedad espa?ola a sufragarlo?