Muchos accidentes, pocos inspectores
El Parlament debate hoy las causas de la siniestralidad laboral, que en Catalu?a supera la media espa?ola
Catalu?a es la comunidad espa?ola con mayor n¨²mero de accidentes laborales. El hecho de que la poblaci¨®n ocupada en Catalu?a -2,7 millones en el segundo trimestre de 2002- sea la mayor del Estado, unido a la actividad de la construcci¨®n y los servicios, explica en parte este r¨¦cord de accidentes. Pero, en cualquier caso, las causas profundas de la siniestralidad son estructurales y se encuentran en la ra¨ªz del mercado laboral. De enero a junio, en Catalu?a se produjeron 34 accidentes laborales por cada 1.000 personas ocupadas. En Espa?a, la proporci¨®n cae hasta 29.
La siniestralidad laboral supone una enorme p¨¦rdida en vidas humanas -este a?o se han producido 135 accidentes mortales- y es un lastre incalculable para la productividad de la econom¨ªa catalana. El Parlament celebra hoy y ma?ana un pleno monogr¨¢fico sobre siniestralidad laboral a instancias de la oposici¨®n, ante la alarma social que ha provocado la escalada de accidentes mortales.
El nivel de rotaci¨®n en los puestos de trabajo coincide con el ¨ªndice de siniestralidad
Desde enero se han producido en Catalu?a un total de 134 accidentes mortales
?Por qu¨¦, con la actual Ley de Prevenci¨®n de Riesgos, la mejor de toda la UE, seg¨²n los expertos, el balance es tan negativo? Los sindicatos ofrecen dos respuestas que aproximan, cuando menos, la caracterizaci¨®n del problema: en primer lugar, se incumple la ley, ya que el 68% de los trabajadores catalanes no han recibido jam¨¢s ning¨²n tipo de formaci¨®n sobre prevenci¨®n de riesgos, y en segundo lugar aparece la falta de medios aplicados a la prevenci¨®n, resumida en el hecho de que Inspecci¨®n de Trabajo cuente con una plantilla de s¨®lo 107 funcionarios.
A juicio de los sindicatos, la resistencia de las empresas a la hora de cumplir la norma es uno de los principales obst¨¢culos. CC OO apunta a las c¨²pulas patronales y asegura que Fomento del Trabajo Nacional ha llegado incluso a practicar la insumisi¨®n ante la normativa legal.
En la pr¨¢ctica, la gran mayor¨ªa de las empresas catalanas depositan su planes de prevenci¨®n de riesgos en las mutualidades, hasta el punto de que estas ¨²ltimas controlan el 95% de esos planes. Las empresas externalizan la prevenci¨®n para reducir costes; sin embargo, en un porcentaje muy alto, los costes finales de muchos accidentes -entre los que se encuentran todos los mortales- son muy superiores. Estos costes resultan gravosos para el sistema p¨²blico, la Seguridad Social, que paga las pensiones de viudedad en caso de muerte del trabajador o de baja permanente, y tambi¨¦n para las propias empresas, que en muchos casos acaban indemnizando a las familias de los accidentados por da?os y perjuicios.
Del conjunto de Espa?a, Catalu?a es la comunidad que se lleva la peor parte de la siniestralidad. De enero hasta hoy, en la comunidad catalana se han producido 135 accidentes laborales mortales. S¨®lo desde la segunda mitad de julio hasta hoy, Catalu?a ha sufrido 29 muertes. Pero antes de la escalada mortal de este verano negro, Catalu?a lideraba la estad¨ªstica espa?ola de muertes en el trabajo: acumul¨® 118 de los 688 accidentes de triste desenlace ocurridos en toda Espa?a durante los primeros siete meses del a?o, lo que representa el 17,15% del total (v¨¦ase el gr¨¢fico adjunto).
Los accidentes laborales se concentran en los m¨¢s d¨¦biles, es decir, en los que no tienen capacidad para negociar las condiciones de trabajo, seg¨²n destaca el informe Dur¨¢n -encargado por el Gobierno al catedr¨¢tico y ex presidente del Consejo Econ¨®mico y Social Federico Dur¨¢n-, cuyo texto analiza el conjunto de variables que influyen en la siniestralidad. La condici¨®n de d¨¦biles afecta a trabajadores y a empresas. Los trabajadores m¨¢s d¨¦biles son los j¨®venes, los que no tienen un contrato fijo y los que llevan poco tiempo en el lugar de trabajo. Estas tres condiciones convergen a menudo en una misma persona, lo que concentra el riesgo en colectivos concretos, como la construcci¨®n y algunos servicios, los mismos que presentan el ¨ªndice de accidentes m¨¢s elevado.
Al hilo del citado informe, esta idea de la triple debilidad del trabajador encuentra su mejor definici¨®n en el concepto de rotaci¨®n laboral, una variable que mide el n¨²mero medio anual de contrataciones temporales por trabajador. La evoluci¨®n de la rotaci¨®n coincide bastante con el ¨ªndice de siniestralidad, lo que muestra una relaci¨®n entre rotaci¨®n en el puesto de trabajo y n¨²mero de accidentes.
Por lo respecta a las empresas, las m¨¢s d¨¦biles -todas ellas pymes- son las que a menudo no pueden establecer las condiciones laborales de sus trabajadores en la medida en que ellas mismas se 'encuentran atrapadas en la cadena de descentralizaci¨®n y subcontrataciones sucesivas', seg¨²n destaca Emilio Castej¨®n, director del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo.
La subcontrataci¨®n en cadena ha sido apuntada por los sindicatos como una de las principales causas de los accidentes laborales, sobre todo en el sector de la construcci¨®n. CC OO y UGT argumentan que la presencia de m¨¢s de una empresa en una misma obra dificulta la aplicaci¨®n de medidas de seguridad y, adem¨¢s, hace que se eludan responsabilidades en caso de accidente. En cambio, la patronal del sector dice que la subcontrataci¨®n no es la causante de los accidentes. El presidente de la C¨¢mara de Contratistas de Obras, Rafael Romero, defiende que haya m¨¢s transparencia y que las empresas declaren c¨®mo y a qui¨¦n subcontratan.
Los sindicatos y el Departamento de Trabajo han firmado recientemente un convenio con el objetivo de controlar la subcontrataci¨®n en las obras p¨²blicas que dependan del Gobierno catal¨¢n y que ejecuta la empresa p¨²blica GISA. El acuerdo prev¨¦ nombrar cuatro t¨¦cnicos sindicales de CC OO y UGT que se encargar¨¢n de visitar las obras y supervisar si se adoptan las pertinentes medidas de seguridad y salud laboral. Para financiar la tarea de estos t¨¦cnicos, GISA aportar¨¢ anualmente un total de 300.506 euros a CC OO y UGT.
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