Rica miel

El dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la gesti¨®n de los fondos del Inem destinados a la formaci¨®n de trabajadores en activo o en paro durante los a?os 1996-98 pone de manifiesto lo que se sospechaba o se conoc¨ªa en casos concretos: que tales fondos p¨²blicos -al igual que los europeos gestionados con el mismo fin por diversas entidades p¨²blicas- se han revelado como un panal de rica miel al que acude m¨¢s de un desaprensivo y del que puede hacerse un uso que se compagina mal con su car¨¢cter de dinero p¨²blico.

El diagn¨®stico que hace el tribunal sobre la gesti¨®n de esos fondos entre 1996 y 1998 es demodelor: m¨¢s de dos millones de euros se han volatilizado en cursos inexistentes, facturas falsas, plantillas infladas, memorias econ¨®micas y acad¨¦micas manipuladas y en casi 60.000 trabajadores inexistentes que, obviamente, nunca asistieron a los cursos de formaci¨®n financiados con tales fondos p¨²blicos. Pero este fraude masivo adquiere todav¨ªa mayor gravedad por tratarse de un dinero destinado a la formaci¨®n continua de los trabajadores, una inversi¨®n esencial para la competitividad de una econom¨ªa moderna.

El responsable jur¨ªdico es, en principio, la Forcem, fundaci¨®n que gestiona los fondos del Inem destinados a la formaci¨®n de trabajadores, y a la que el Tribunal de Cuentas exige la devoluci¨®n de 2,1 millones de euros gastados en servicios, cursos y alumnos inexistentes. Pero los responsables directos son las organizaciones empresariales y sindicales que dirigen la fundaci¨®n y se reparten por cuotas la gesti¨®n de esos fondos p¨²blicos. De momento, las organizaciones empresariales -entre ellas la de Galicia, implicada hace dos a?os en un esc¨¢ndalo del mismo tenor con fondos europeos- no han dicho esta boca es m¨ªa sobre unos hechos que ponen en entredicho su capacidad y responsabilidad de gesti¨®n. Y los sindicatos no han pasado de las explicaciones gen¨¦ricas, m¨¢s bien evasivas.

No basta se?alar, como hizo ayer UGT en un claro intento de quitar hierro al asunto, que las irregularidades descubiertas muestran que esos fondos est¨¢n fiscalizados por el Estado y que hay que aprovechar la ocasi¨®n para una mejora t¨¦cnica de su gesti¨®n. No puede haber mejora t¨¦cnica de una gesti¨®n que supone ni m¨¢s ni menos que falsear documentalmente gastos inexistentes: esa gesti¨®n debe ser erradicada y perseguida sin contemplaciones. Y, entre tanto, habr¨¢ que devolver al erario p¨²blico los 2,1 millones de euros gastados fraudulentamente, y deben hacerlo las personas u organizazaciones responsables de su gesti¨®n. Ser¨ªa intolerable que ese dinero repercutiera en el contribuyente, como parece deducirse de las declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social asegurando que Trabajo proceder¨¢ a su reintegro 'para que las arcas p¨²blicas no tengan un detrimento'.