Vilarasau no lo hubiera permitido

Una de las principales caracter¨ªsticas de los 22 a?os de pujolismo ha sido el constante intento del Gobierno de la Generalitat por controlar la sociedad catalana. Asociaciones, fundaciones, sindicatos, patronales, medios de comunicaci¨®n, grandes empresas, editoriales, escuelas, universidades, cajas de ahorros y clubes deportivos han sufrido un tenaz asedio moral y material, con infiltraciones de comisarios pol¨ªticos y coacciones de todo tipo. La larga mano del poder pol¨ªtico catal¨¢n se ha dejado sentir con fuerza en todos los niveles de nuestra sociedad.

Ciertamente, como sucede a menudo, la teor¨ªa oficial convergente ha sido la contraria: debe potenciarse la autonom¨ªa de la sociedad civil frente a las intromisiones del poder. Todo ello ligado a esta peregrina idea de que somos una naci¨®n sin Estado: el poder s¨®lo est¨¢ en Madrid, aqu¨ª simplemente tenemos representantes naturales de nuestra comunidad, ajenos al verdadero poder pol¨ªtico. Sin embargo, era evidente que los mismos intelectuales que teorizaban estas ideas sol¨ªan vivir subvencionados por quienes llevaban a cabo, desde la Administraci¨®n auton¨®mica, una pr¨¢ctica contraria. Todo ello ha creado un entramado de intereses que ha reducido hasta el m¨ªnimo la masa cr¨ªtica necesaria para que pueda existir una opini¨®n p¨²blica libre, ha influido en los mismos partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n y ha contribuido a que nuestra sociedad sea denominada, con justicia, el oasis catal¨¢n.

Ahora bien, algunas entidades han escapado a este control, trampeando como han podido -a menudo con importantes concesiones- los intentos de ser atrapadas en las redes que el poder catal¨¢n les ha tendido. Entre ellas, destacan dos de muy distinto car¨¢cter pero de gran influencia social y econ¨®mica: el Bar?a y La Caixa. Los intentos fallidos de hacerse con el control del Bar?a son de dominio p¨²blico: candidatos fracasados a la presidencia del club pasaban despu¨¦s a ocupar cargos pol¨ªticos de Converg¨¨ncia o pol¨ªticos convergentes entraban en la directiva azulgrana.

Los intentos de influir en La Caixa son mucho menos conocidos. Pero la habilidad estrat¨¦gica de una persona ha logrado, por ejemplo, que Pujol se enterara por los peri¨®dicos de los nombramientos de dos de los tres presidentes de la entidad nombrados durante su mandato: Salvador Millet i Bel y Juan Antonio Samaranch. Los berrinches subsiguientes del presidente de la Generalitat al comprobar en estos casos los fallos de sus habitualmente infalibles sistemas de vigilancia han marcado ¨¦poca. ?Qui¨¦n ha sido esa persona que lograba que algo tan importante escapara al control de la primera autoridad de Catalu?a? Josep Vilarasau, desde 1976 director general de la entidad y, en los ¨²ltimos a?os, presidente ejecutivo de la misma. Vilarasau es, sin duda, el banquero m¨¢s importante de la historia de la Catalu?a del siglo XX y eso indudablemente duele a quien hubiese deseado ocupar este lugar. Por todas estas razones, Fabi¨¢n Estap¨¦ ha dicho, con acierto, hace pocos d¨ªas que los actuales intentos de descabalgar a Vilarasau de la presidencia de La Caixa deben ser vistos como 'un ajuste de cuentas'.

En efecto, Vilarasau se encontr¨® en 1976 una Caixa s¨®lidamente implantada en Catalu?a pero con 224.000 millones de pesetas en dep¨®sito de clientes, y ahora ronda los 14 billones; de 362 oficinas ha pasado a tener 4.653; sus paquetes accionariales son decisivos en las m¨¢s importantes empresas espa?olas, por ejemplo en Repsol, Telef¨®nica, Gas Natural, Endesa, Aguas de Barcelona y el Banc de Sabadell; tiene m¨¢s del 60% del capital de la hist¨®rica Edicions 62 y durante un tiempo fue la accionista mayoritaria del Deutsche Bank. De ser muy importante en Catalu?a, La Caixa ha pasado a ser la tercera entidad financiera de Espa?a y la segunda caja de ahorros de Europa.

Pero el ¨¦xito no se perdona. CiU ha pactado con el PP una ley mediante la cual se establece el l¨ªmite de edad de los consejeros de cajas de ahorro en 70 a?os, lo cual impide que Vilarasau pueda seguir siendo presidente. Ahora bien, esta norma no puede tener car¨¢cter de b¨¢sica, con lo cual no debe aplicarse a Catalu?a y, por tanto, la Generalitat deber¨ªa modificar la ley catalana para lograr lo que parece ser su objetivo. El intento de que se aplique la ley estatal -como a¨²n mantienen algunos- no tiene base jur¨ªdica debido al principio constitucional de supletoriedad, el cual no opera entre normas sino entre ordenamientos. Y el ordenamiento catal¨¢n no prev¨¦ edad de jubilaci¨®n.

Comprendo que la Generalitat quiera meter baza en La Caixa. Todo poder siempre quiere m¨¢s poder. Y lo entiendo todav¨ªa m¨¢s a la luz de la informaci¨®n que suministraba ayer este peri¨®dico -que no he visto reflejada en los dem¨¢s grandes rotativos de nuestro querido oasis- seg¨²n la cual un informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalu?a, instituci¨®n te¨®ricamente encargada de controlar el gasto de la Generalitat, ofrec¨ªa alarmantes irregularidades en la gesti¨®n correspondiente al a?o 1998 del Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF), una especie de banca p¨²blica de nuestro Gobierno aut¨®nomo. Entre otras consideraciones, el informe admit¨ªa que se han concedido de forma ilegal cr¨¦ditos y gratificaciones al personal de ICF, que el Gobierno catal¨¢n tuvo que aportar en dicho a?o 1.000 millones de pesetas para cubrir operaciones avaladas que finalmente resultaron fallidas y que el ICF ha acumulado 4.321 obras de arte (sic) en compensaci¨®n de cr¨¦ditos no devueltos.

Comprendo que quieran quitarse de en medio a Vilarasau y as¨ª tener mano -ojo: no digo 'meter mano'- en La Caixa. Una mala gesti¨®n como la del Instituto Catal¨¢n de Finanzas Vilarasau no la hubiera permitido.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UAB