La nueva ley de haciendas locales, un desprop¨®sito

Al final, el Gobierno del Estado ha presentado la tan esperada propuesta de reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que trae consigo la supresi¨®n del IAE (impuesto sobre la actividad econ¨®mica y empresarial). Y digo esperada porque se trata de una promesa electoral, anunciada desde hace tiempo y que no se ha concretado hasta ahora. Es una reforma legislativa importante y muy discutible tanto en la forma como en el fondo.

Se puede cuestionar en cuanto a la forma porque se present¨® el pasado 8 de octubre con la pretensi¨®n de que entrara en vigor el pr¨®ximo 1 de enero, en un momento en que todos los ayuntamientos estaban a punto de aprobar las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2003, ya que, de lo contrario, no tendr¨ªan vigencia para todo el ejercicio. Se trata de unas ordenanzas que necesariamente hemos tenido que elaborar sin conocer las propuestas del Gobierno. Si se hubiesen modificado ser¨ªa en funci¨®n de una propuesta gubernamental, pero sin tener en cuenta la tramitaci¨®n en las Cortes para que obtengan el rango de ley. O se ignora el problema que se causa a los ayuntamientos o se menosprecia a las Cortes, donde no se pretende tocar ni una coma si tenemos en cuenta la mayor¨ªa absoluta del PP, como ya se ha visto en el Congreso de los Diputados. Vuelven a pasar el rodillo obviando de nuevo la negociaci¨®n necesaria con las organizaciones municipalistas y con los grupos parlamentarios.

Pero m¨¢s all¨¢ de la forma, en el fondo existe la voluntad de agradar al sector de peque?os empresarios y trabajadores aut¨®nomos, con la pretensi¨®n de rentabilizarlo electoralmente. Se trata de insistir en el discurso del radicalismo neoliberal, en la confianza de que los impuestos se tienen que rebajar por sistema, ignorando as¨ª que las sociedades econ¨®micamente m¨¢s avanzadas, las que m¨¢s progresan y las que tienen mayor cohesi¨®n social son las que soportan mayor presi¨®n fiscal. Son los pa¨ªses del centro y del norte de Europa, es decir las denominadas sociedades del bienestar. Asimismo, el Gobierno de Aznar se empe?a en defender la falacia de que evitando el pago de 300 euros anuales podr¨ªan crearse m¨¢s puestos de trabajo y se convertir¨ªan en viables actividades que ahora no lo son.

A todo ello, es importante dejar claro que pagar impuestos s¨®lo es positivo si se traduce en servicios prestados por la Administraci¨®n, servicios que tienen que contribuir a garantizar unas condiciones de vida dignas y de calidad para el conjunto de la ciudadan¨ªa. No obstante, si teniendo en cuenta todo lo expuesto se puede reducir la presi¨®n fiscal, mucho mejor.

Modificar el IAE es necesario y razonable. Pero hay que garantizar la necesaria compensaci¨®n para los ayuntamientos, que ven reducido su potencial de recaudaci¨®n. Se tiene que evitar que su supresi¨®n represente un aumento de la presi¨®n sobre los residentes y propietarios de inmuebles a trav¨¦s del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), un impuesto casi universal en nuestros municipios, o que se traduzca en una degradaci¨®n de los servicios municipales que reciben todos los ciudadanos y ciudadanas.

Es obvio que se puede introducir alguna nueva tasa por el uso del dominio p¨²blico por parte de las empresas de servicios, como por ejemplo las el¨¦ctricas o las de telefon¨ªa, o crear nuevas figuras tributarias de car¨¢cter medioambiental, pero en cualquier caso son totalmente insuficientes y s¨®lo pueden tener un car¨¢cter complementario. Hay que compensar a los ayuntamientos aumentando su participaci¨®n en los tributos del Estado, tendiendo a obtener una redistribuci¨®n del gasto p¨²blico entre los entes locales (el 30%), los auton¨®micos (el 30%) y la Administraci¨®n del Estado (el 40%).

Por ser la Administraci¨®n m¨¢s cercana a la ciudadan¨ªa, los ayuntamientos han asumido competencias que no les son propias para poder dar cobertura a la demanda/presi¨®n ciudadana, mientras que su participaci¨®n en el gasto p¨²blico espa?ol casi no se ha alterado en los ¨²ltimos 25 a?os de r¨¦gimen democr¨¢tico. Algunas demandas en materias como educaci¨®n infantil (o incluso universitaria), transporte p¨²blico y seguridad ciudadana, entre otras, que son competencias de las administraciones superiores, muchas veces acaban castigando a las haciendas municipales. Es una forma de contribuir al d¨¦ficit cero de la hacienda estatal, mientras se presenta a los ayuntamientos, y concretamente a las formaciones que los gobiernan, como malos gestores. En este contexto es una cruel paradoja que, de forma unilateral e ignorando las demandas municipalistas, el Gobierno del Partido Popular reduzca los ingresos de las haciendas locales, en contradicci¨®n con la tendencia dominante en Europa de reforzar el papel de los municipios.

Otra vez estamos, pues, delante de una actuaci¨®n centralista del Gobierno del se?or Aznar. Es una actuaci¨®n contraria al principio de subsidiariedad que tiene que regir la relaci¨®n entre las administraciones en el seno de la Uni¨®n Europea, un principio que defiende la prestaci¨®n de los servicios por parte de la Administraci¨®n m¨¢s cercana a la ciudadan¨ªa y que obviamente no puede garantizarse sin los recursos correspondientes.

A pocos meses de las elecciones municipales, que tendr¨¢n lugar el pr¨®ximo mayo, s¨®lo se puede abordar una reforma legislativa de esta magnitud desde el consenso con los municipios y con la totalidad de las fuerzas pol¨ªticas del arco parlamentario. De no ser as¨ª, podemos asistir nuevamente a otro desprop¨®sito del se?or Aznar y de su gente y pronto a una nueva rectificaci¨®n, como ha pasado recientemente con el decretazo en lo que se refiere a la reforma laboral.

Joan Sabat¨¦ i Borr¨¤s es alcalde de Tortosa y senador socialista por la Entesa Catalana de Progr¨¦s.