Control controlado

El Grupo Popular del Congreso ha bloqueado finalmente las comparecencias parlamentarias de los ex presidentes de Telef¨®nica y Endesa. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relaci¨®n a otro intento anterior, en 1997 y 1998, de comparecencia de esas personas daba oportunidad para reabrir un asunto -el de la utilizaci¨®n de las empresas p¨²blicas privatizadas como caja sin fondo de operaciones pol¨ªticas del PP- que se quiso sustraer al control parlamentario.

El portavoz del Grupo Popular advirti¨® en su d¨ªa de que la decisi¨®n de aceptar o no las comparecencias correspond¨ªa a las personas requeridas, en la actualidad dos particulares con dedicaciones privadas. Sin embargo, el PP ha decidido adelantarse y utilizar su mayor¨ªa para impedir las comparecencias. Es una forma de decir que lo que les preocupa es precisamente que esas personas, especialmente Juan Villalonga, ex presidente de Telef¨®nica, acepten la citaci¨®n parlamentaria y respondan a las preguntas de la oposici¨®n; sobre todo porque hoy se saben cosas que se ignoraban o conoc¨ªan a medias en 1997-1998. Se sabe, por ejemplo, c¨®mo se prepar¨® el proceso que garantizaba la continuidad al frente de la compa?¨ªa, tras la privatizaci¨®n, del presidente nombrado por el Gobierno cuando era todav¨ªa p¨²blica; tambi¨¦n se conocen detalles antes ignorados sobre las operaciones de intervenci¨®n en el mundo de los medios privados de comunicaci¨®n impulsadas por el PP desde su llegada a La Moncloa, y que fue el fracaso de una anterior maniobra lo que provoc¨® la irrupci¨®n de Telef¨®nica. Otro dato de inter¨¦s, invocado por el portavoz socialista Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, es que las p¨¦rdidas que esa aventura provoc¨® en la compa?¨ªa equivalen pr¨¢cticamente al incremento de ingresos resultante de la autorizaci¨®n por el Gobiereno de una subida en la cuota de abono de Telef¨®nica.

El argumento de que la sentencia del Constitucional no obliga a enmendar ahora la injusticia cometida hace cinco a?os es de poco peso; como m¨ªnimo, marca un criterio a seguir respecto a los derechos de la oposici¨®n en relaci¨®n al control de la acci¨®n del Gobierno. Tal vez ello no obligue a las personas afectadas a aceptar comparecer en el Parlamento, pero desde luego mucho menos obliga al Gobierno a impedirlo si ellas est¨¢n dispuestas: al rev¨¦s, supone un mandato moral de retirar el veto.

El PP dice que no est¨¢ dispuesto a que se cuestione la limpieza y transparencia con que realiz¨® las privatizaciones, pero su veto indica que se trata de una transparencia condicionada: siempre que no comprometa al Gobierno.