La devaluaci¨®n del derecho a la intimidad

Hace varias semanas, pudimos conocer, a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, que en Vitoria unos adolescentes de un colegio privado hab¨ªan grabado las relaciones sexuales de unos compa?eros, contando con la connivencia del var¨®n, de quince a?os de edad, pero sin que la chica, de trece a?os, sospechara lo m¨¢s m¨ªnimo, con el prop¨®sito, al parecer, de vender, posteriormente, por siete euros, copias de la grabaci¨®n. La noticia, en s¨ª misma, es enormemente preocupante, pero, adem¨¢s, invita -o, al menos, a m¨ª as¨ª me lo suscita- a una reflexi¨®n de m¨¢s alcance sobre la situaci¨®n que actualmente estamos viviendo de devaluaci¨®n del respeto a la intimidad personal como valor y como derecho consustancial a la persona humana y, por tanto, atributo de su dignidad.

Desde hace algunos a?os son frecuentes los programas de televisi¨®n que se basan, esencial y sustancialmente, en la exhibici¨®n de facetas ¨ªntimas de la vida de las personas, ya sea mostrando en directo la convivencia forzada y cotidiana de esas personas, ya sea desnudando las facetas rec¨®nditas de las relaciones de pareja o de las relaciones paterno o materno filiales, ya explotando conflictos o pasiones ¨ªntimas que los protagonistas narran, sin mayor problema, ante las c¨¢maras de televisi¨®n. No digamos ya los programas en los que intervienen personajes, protagonistas habituales de la llamada prensa rosa, que por sustanciosas sumas de dinero nos cuentan sin recato sus matrimonios, sus divorcios, sus natalicios, sus relaciones o inclinaciones sexuales, o los conflictos que afectan a su vida privada. En tiempos m¨¢s recientes, el fen¨®meno ha adquirido cotas un poco m¨¢s preocupantes con esos denominados programas de c¨¢mara oculta, que se nos presentan como productos del periodismo de investigaci¨®n, en los que un reportero se entrevista con personas diversas, grabando, sin conocimiento de sus interlocutores, conversaciones privadas que luego, sin m¨¢s filtros ni controles, se proyectan por la cadena de televisi¨®n, para entretenimiento y diversi¨®n de sus telespectadores.

Es curioso pensar c¨®mo el progreso tecnol¨®gico siempre nos ha generado la preocupaci¨®n de si esos potentes medios de grabaci¨®n y reproducci¨®n de la imagen y el sonido, puestos en manos del Estado, no nos podr¨ªan convertir en esos seres controlados y asfixiados en su intimidad, que espl¨¦ndidas novelas de ciencia ficci¨®n han sabido narrar magistralmente. Pero nunca pudimos sospechar que los mayores peligros pudieran venir de la mano de las cadenas de televisi¨®n, p¨²blicas o privadas, que, movidas por la necesidad de incrementar sus ¨ªndices de audiencia y con la excusa de la denuncia p¨²blica, se entrometen sin recato en la intimidad de forma mucho m¨¢s decidida y, desde luego, menos controlada que el propio Estado. Pi¨¦nsese que la utilizaci¨®n, en un juicio oral, de grabaciones de conversaciones privadas que pertenecen a la intimidad de las personas exige, en la generalidad de los casos, la previa autorizaci¨®n judicial de esa grabaci¨®n y la polic¨ªa, al solicitar esa autorizaci¨®n, tiene que justificar la necesidad de vulnerar la intimidad presentando los correspondientes indicios o sospechas de comisi¨®n de delito. Los investigadores privados, por su parte, tienen muy limitada en Espa?a la posibilidad de investigar hechos criminales, de modo que, en la pr¨¢ctica, ¨¦sa es una faceta de su actividad profesional de naturaleza menor. Sin embargo, las televisiones parecen no tener l¨ªmites ni controles, porque lo mismo graban a organizadores de concursos de misses, como a visionarios o curanderos, oportunistas, empresarios, comerciantes o letrados en ejercicio. El pretexto para ello es siempre el mismo: la denuncia p¨²blica de hechos delictivos o irregulares que, de esta forma, se ponen de manifiesto, alert¨¢ndose a la poblaci¨®n; es decir, el argumento no es sino el del inter¨¦s prevalente de la prevenci¨®n de delitos o de la evitaci¨®n de hechos legalmente irregulares. Sin embargo, estas emisoras se olvidan del peque?o detalle de que mientras que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, recogido en el t¨ªtulo primero de la Constituci¨®n espa?ola, no existe un derecho constitucional, del mismo rango, a la denuncia p¨²blica, ni siquiera un derecho fundamental a la seguridad ciudadana, en general. Aparte de que casi ninguna de dichas grabaciones servir¨ªan como prueba inculpatoria en un proceso criminal por haber sido obtenidas con vulneraci¨®n de derechos constitucionales. Y es que el monopolio de la investigaci¨®n de hechos delictivos lo tiene, a trav¨¦s de las fuerzas de seguridad p¨²blicas o de los ¨®rganos jurisdiccionales, el Estado, y los particulares, sin embargo, s¨®lo tienen la obligaci¨®n de denunciar ante la autoridad p¨²blica y poner las pruebas a disposici¨®n de la Justicia, pero sin exhibirlas previamente a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n. Por lo dem¨¢s, en muy raras ocasiones, a trav¨¦s de esos programas de televisi¨®n, se logran poner en evidencia las actuaciones de bandas mafiosas, o de redes de narcotraficantes, o de blanqueadores de capitales, pues la mayor parte de los hechos que se denuncian son de m¨ªnima relevancia criminol¨®gica o son insignificantes desde el punto de vista de su incidencia en las cifras totales de la criminalidad real.

Sin embargo, el efecto colateral perverso que toda esa exhibici¨®n indecorosa de privacidades tiene es la generalizaci¨®n de una cultura de minimizaci¨®n de la importancia de la intimidad como atributo y valor de la personalidad y, por lo tanto, la creaci¨®n de unos h¨¢bitos de comportamiento social en los que la cosificaci¨®n de las personas, que atenta gravemente contra su propia dignidad, se populariza y se convierte en norma. No nos extra?emos, despu¨¦s, que, en aras a la protecci¨®n de la seguridad o en aras a una eficaz lucha contra la delincuencia, el Estado, en sus diferentes versiones de Administraci¨®n central, auton¨®mica o local, nos invada con c¨¢maras de grabaci¨®n por doquier o generalice los registros personales o domiciliarios, iniciando el camino de la conformaci¨®n de una sociedad de individuos controlados, en la que la supervivencia de los derechos constitucionales, que tanto trabajo y sangre ha costado consagrar, ser¨¢ cada vez m¨¢s dif¨ªcil.

Bernardo del Rosal es S¨ªndic de Greugues de la Comunidad Valenciana.