La concesi¨®n 'digital' de licencias

El Gobierno de la Generalitat ha cedido, concedido, dejado o regalado ya sea de forma definitiva o bien como paso previo para ser definitivo -as¨ª lo ha presentado el secretario general de Comunicaci¨®n de la Generalitat, David Mad¨ª- una parte del espectro radioel¨¦ctrico a una serie de empresas radiof¨®nicas para que emitan en esas frecuencias salt¨¢ndose toda la legalidad vigente del Estado de derecho y de manera muy especial la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas y el resto de disposiciones legales que regulan la prestaci¨®n indirecta del servicio de radiodifusi¨®n sonora en ondas m¨¦tricas con modulaci¨®n de frecuencia.

Esta inaudita decisi¨®n, sin precedentes en las democracias y habituales en los reg¨ªmenes dictatoriales, viene a representar un ejemplo m¨¢s de decisiones y acciones de un ejecutivo catal¨¢n obsesionado por mantenerse en el poder a cualquier precio y que se est¨¢ preparando para detentar espacios de poder para cuando pase a la oposici¨®n. Pero esta decisi¨®n, adem¨¢s, es un desastre para el sector audiovisual catal¨¢n que se une a otros muy recientes como el de Mediapark.

CiU se ha saltado la garant¨ªa de transparencia en la concesi¨®n de emisoras: el concurso p¨²blico

Las empresas del sector audiovisual catal¨¢n han sido v¨ªctimas por parte de los gobiernos de Converg¨¨ncia i Uni¨® de una pol¨ªtica err¨¢tica, partidista y, sobre todo, discrecional. Lo que un d¨ªa es posible, al d¨ªa siguiente no lo es; aquello que est¨¢ permitido aqu¨ª est¨¢ prohibido m¨¢s all¨¢; lo que unos pueden hacer no es lo mismo que pueden hacer todos. Es el reino de las tinieblas medi¨¢ticas en el que el ¨²nico valor seguro son los intereses del partido, mientras que los leg¨ªtimos intereses de las empresas del sector quedan en situaci¨®n secundaria y los intereses de la audiencia, de los ciudadanos, ni siquiera son tenidos en cuenta.

El resultado de tantos a?os de discrecionalidad e intervencionismo pol¨ªtico en radio y televisi¨®n en Catalu?a es un sector audiovisual d¨¦bil y desconfiado, escasamente competitivo. A las puertas del gran salto digital, cuando las empresas deben conocer las reglas de juego sobre las que hacer previsiones inversoras con un m¨ªnimo de seguridad jur¨ªdica y comercial, el Gobierno de CiU (mejor dicho, el sector del Gobierno que cree que los resultados podr¨ªan llegar a justificar los m¨¦todos) ha decidido saltarse la legalidad vigente e introducir un nuevo elemento de incertidumbre en el sector. La concesi¨®n digital de licencias. El dedo del poder ha se?alado qui¨¦n puede disfrutar de nuevas licencias y qui¨¦n no. Hasta 30 frecuencias de radio han sido adjudicadas por el dedo de CiU.

La fontaner¨ªa que se ha apoderado del Palau de la Generalitat por encima de los mism¨ªsimos consejeros nombrados por Jordi Pujol ha inventado las licencias de radio a prueba. Sin especificar qui¨¦n est¨¢ a prueba, si las frecuencias o los beneficiarios, CiU se ha saltado la garant¨ªa de transparencia, legalidad e igualdad de condiciones en la concesi¨®n de t¨ªtulos emisores: el concurso p¨²blico. Tan atrevida y flagrante infracci¨®n de la legislaci¨®n vigente ha obtenido una primera reacci¨®n del Consejo del Audiovisual de Catalu?a (CAC) en forma de prudente alarma literaria; reacci¨®n inicial que deber¨ªa concretarse, en la secuencia l¨®gica de funcionamiento del CAC, en una acci¨®n decidida en defensa de la legalidad.

Los objetivos de la fontaner¨ªa de la Generalitat con esta acci¨®n tan temeraria son evidentes: salvar los muebles del poder, caiga quien caiga. La ret¨®rica que acompa?a esta decisi¨®n tambi¨¦n es conocida. Deb¨ªa hacerse y se ha hecho. Un intento de enviar un mensaje inequ¨ªvoco: seguimos al mando. Sin las garant¨ªas de las formas democr¨¢ticas de gobierno, los fontaneros modifican y condicionan el mercado de la radio comercial en Catalu?a; implican y se?alan a los operadores beneficiados como favoritos del poder y provocan a sus atribulados socios del PP rompiendo la cuerda de la legalidad.

El sector de la radio privada en Catalu?a requiere una reordenaci¨®n de frecuencias y potencias que permita configurar un conjunto plural de emisores potentes y competitivos. A buen seguro que todos los operadores, tanto quienes han obtenido la gracia de CiU como los que no la han conseguido, necesitan completar su cobertura para llegar a toda la audiencia catalana en las mejores condiciones. Seguramente, el Gobierno catal¨¢n deber¨ªa convocar un nuevo concurso p¨²blico para adjudicar las frecuencias disponibles, pero respetando la legalidad. Estamos ante un acto grav¨ªsimo de corrupci¨®n del sistema democr¨¢tico. La Generalitat debe rectificar.

El espectro radioel¨¦ctrico puede soportar la utilizaci¨®n de nuevas frecuencias y las aspiraciones empresariales son, en este sentido, todas leg¨ªtimas y mayoritariamente justificadas. Pero al hacerlo mal, intencionadamente mal, CiU compromete a las empresas y al sector. El fraude de ley que ha cometido no puede ser justificado de ninguna manera.

Los operadores catalanes de radio y televisi¨®n no pueden seguir soportando situaciones de provisionalidad ni concesiones a prueba. Las empresas no pueden ser sometidas por m¨¢s tiempo a los regalos envenenados del poder ni obligadas a realizar inversiones provisionales en un sector en dificultades econ¨®micas evidentes por la ca¨ªda de la publicidad. CiU debe rectificar, paralizar el actual proceso de provisionalidad y convocar un concurso con garant¨ªas jur¨ªdicas. No haci¨¦ndolo, el principal perjudicado es el conjunto de empresas de radio de Catalu?a.

Josep Maria Carbonell es secretario de Cultura y Audiovisual del PSC y diputado en el Parlament.