El derecho a la identidad de los mayores de edad

?Puede un juez obligar a dos personas mayores de edad a someterse a an¨¢lisis de sangre cuando est¨¢ en duda su identidad? ?sta es la cuesti¨®n de fondo, la aut¨¦ntica clave, en el caso que envuelve a la directora y propietaria del diario argentino Clar¨ªn, Ernestina Herrera de Noble, y a sus hijos adoptivos Felipe y Marcela, que, seg¨²n sospecha el juez, son hijos de detenidos-desaparecidos durante la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983).

El juez Marquevich se ampara en una decisi¨®n de la Corte Suprema, que ha fallado en una ocasi¨®n que la extracci¨®n de sangre puede ser obligatoria. "Puede ser compulsiva porque las personas en esas condiciones son objetos procesales", dice. "Porque sin su sangre no puedo resolver el caso. Y, al margen de que sea una invasi¨®n a la intimidad de los j¨®venes, por encima de esa intimidad est¨¢ el derecho a la identidad y los derechos de terceras personas. Por eso es obligatoria la extracci¨®n de sangre. Eso fue lo que puse en la resoluci¨®n".

La C¨¢mara Federal de San Mart¨ªn fren¨® en el ¨²ltimo momento los ex¨¢menes gen¨¦ticos de Felipe y Marcela, que el juez hab¨ªa ordenado con el uso, si fuera necesario, de la fuerza p¨²blica y deber¨¢ resolver sobre la mencionada cuesti¨®n. S¨®lo dispone de un margen de maniobra que incluye ma?ana y pasado, porque a partir del d¨ªa 1 de enero Argentina inicia las vacaciones judiciales de un mes.

Abuelas de Plaza de Mayo

Estela Carlotto, de la organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo, reclama de este tribunal celeridad en la decisi¨®n de convencer a los dos j¨®venes para que se sometan a los an¨¢lisis de sangre "y se desvele la verdad, entren en paz ellos, sus supuestas abuelas biol¨®gicas y la sociedad en su conjunto". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, un movimiento que acaba de cumplir 25 a?os de dedicaci¨®n a la b¨²squeda de detenidos-desaparecidos, pide la misma rapidez que la que adopt¨® la C¨¢mara de San Mart¨ªn a la hora de dictar la excarcelaci¨®n de Ernestina Herrera de Noble y suspender la prueba de ADN a sus hijos adoptivos.

Si finalmente, el tribunal obliga a hacer el estudio gen¨¦tico a Felipe y Marcela, sus abogados recurrir¨¢n, con lo que el caso llegar¨¢ hasta la Corte Suprema. Hay un precedente en el que el m¨¢s alto tribunal fall¨® a favor de la obligatoriedad de los an¨¢lisis. Pero, seg¨²n fuentes judiciales, los recursos demorar¨ªan la causa hasta un a?o.

Entretanto, las familias de Ernesto y Mar¨ªa del Carmen Garc¨ªa, por una parte, y de Roberto y B¨¢rbara Lanuscou, por otra, reclaman que los j¨®venes Felipe y Marcela se sometan a la prueba de ADN para determinar su identidad y comprobar si, como sospechan, son hijos respectivos de aquellas dos parejas que fueron asesinadas por los militares.