CiU emplaza al Gobierno a desarrollar el documento del Estatuto del Cooperante antes del pr¨®ximo abril

Cuatro a?os despu¨¦s de que fuera firmada la Ley de Cooperaci¨®n, los aproximadamente 1.500 espa?oles que desempe?an trabajos de cooperaci¨®n padecen discriminaciones y falta de garant¨ªas en lo laboral y lo fiscal, como consecuencia de la inexistencia de un estatuto regulador. Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) ha emplazado al Gobierno a presentar esa iniciativa en el primer trimestre de 2003. "Si no lo hace", ha declarado a EL PA?S Carles Campuzano, portavoz de temas de cooperaci¨®n de CiU, "nosotros, ante el riesgo de que la legislatura se agote, presentaremos al Parlamento nuestra proposici¨®n".

El tema del estatuto no es nuevo. En febrero del a?o pasado el Congreso de los Diputados aprob¨® una moci¨®n que instaba al Ejecutivo a regularlo por ley, pero hasta la fecha no se ha dado ning¨²n paso.

En noviembre pasado se celebr¨® en el Congreso un seminario sobre el estatuto organizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que present¨® a debate de los grupos pol¨ªticos su propio documento de propuestas para la regulaci¨®n. Los participantes instaron al Ejecutivo a acelerar los tr¨¢mites para una soluci¨®n al problema, que todos calificaron de "urgente".

Ponentes y asistentes a aquella reuni¨®n coincidieron en que el cooperante espa?ol ha conseguido una elevada profesionalidad sin que su vocaci¨®n se resienta y que el estatuto ser¨ªa un reconocimiento de esa situaci¨®n.

Pablo Izquierdo, portavoz del PP en cooperaci¨®n, objet¨® que "una ley retrasar¨ªa todo", y propuso como marco id¨®neo de discusi¨®n el Consejo de Cooperaci¨®n, al que invit¨® a reintegrarse a la CONGDE. Marga Usano, presidenta de la CONGDE, lo desestim¨® por entender que el Gobierno no respet¨® en su d¨ªa que los miembros del Consejo fuesen nombrados por las propias ONG, por lo que la coordinadora, en consecuencia, present¨® recurso ante el Tribunal Supremo.

Mientras, sin estatuto, los cooperantes se quejan de falta de protecci¨®n social en su trabajo, que a menudo se realiza en pa¨ªses especialmente dif¨ªciles, as¨ª como de carecer de un r¨¦gimen fiscal justo (cotizan, pero no reciben in situ las prestaciones de que los contribuyentes gozan en suelo espa?ol) y de dificultades de reinserci¨®n laboral a su regreso.

El documento que propone la CONGDE como base para un estatuto implica, entre otros aspectos, la regulaci¨®n de un contrato laboral espec¨ªfico; mayor flexibilidad en el c¨®mputo del horario y el tiempo de trabajo; mecanismos para reembolsar los gastos m¨¦dicos en el extranjero que no cubren los seguros privados; agilizar los tr¨¢mites de bajas e incapacidades laborales; ampliaci¨®n por parte del Inem del plazo para la incorporaci¨®n a nuevos puestos de trabajo (en ciertos pa¨ªses no bastan 15 d¨ªas para desmontar un domicilio y desplazarse al aeropuerto internacional); revisi¨®n f¨ªsica y psicol¨®gica obligatoria del cooperante a su regreso; inclusi¨®n de patolog¨ªas propias de los cooperantes en la categor¨ªa de enfermedad profesional; y equiparaci¨®n en el trato fiscal al r¨¦gimen de dietas y rendimientos del trabajo recibidos por un contribuyente en el extranjero.