Mentiras y delitos

La escandalosa subida de los precios del suelo y, por repercusi¨®n, de la vivienda durante los ¨²ltimos a?os ha suscitado un t¨ªmido debate en torno a los remedios, pero no acerca de las causas y, sobre todo, se ha obviado tenazmente el an¨¢lisis, incluso la mera descripci¨®n, de la batalla ideol¨®gica y pol¨ªtica sostenida durante veinte a?os, cuyo resultado final es la situaci¨®n actual avalada por la vigente Ley del Suelo. El triunfo de una ideolog¨ªa, la neoliberal en su versi¨®n carpetovet¨®nica, se ha alcanzado mediante unos m¨¦todos basados en la demagogia y la mentira (mensaje falso, emitido con la intenci¨®n de enga?ar). Una batalla ideol¨®gica y pol¨ªtica que ha sido, a mi juicio, de gran relevancia por los resultados, pero tambi¨¦n significativa por las estrategias seguidas y, sobre todo, por la pasividad p¨²blica que la rode¨® y la rodea.

Con la elecci¨®n de los nuevos ayuntamientos democr¨¢ticos (1979) no se part¨ªa de cero, sino de una pr¨¢ctica urban¨ªstica, la de la dictadura, acostumbrada a considerar que las cargas se reduc¨ªan a los imprescindibles viales y que los planes de ordenaci¨®n eran modificables en beneficio de los promotores mediante un adecuado tacto de codos con los responsables municipales.

Por otro lado, en 1979, la izquierda, ganadora en las grandes ciudades, acced¨ªa al poder municipal, alimentada por la Carta de Atenas y por la Constituci¨®n espa?ola (art¨ªculo 47), en la cual, adem¨¢s del derecho a la vivienda, se establece la obligaci¨®n que tienen los poderes p¨²blicos de evitar la especulaci¨®n y revertir hacia la ciudad las plusval¨ªas que generan las recalificaciones de suelo. El Plan General de Madrid, por ejemplo, iniciado en 1979 y aprobado definitivamente en 1985, era deudor de esas ideas y tambi¨¦n, obvio es rese?arlo, de las necesidades creadas por la pr¨¢ctica depredadora anterior (60.000 infraviviendas, descampados en lugar de zonas verdes, etc¨¦tera). Las primeras cr¨ªticas a este plan anunciaban la estrategia que sus detractores iban a seguir: "Escasa calificaci¨®n de suelo". Que este argumento era falso lo demuestran los hechos. Transcurridos diecisiete a?os, a¨²n no se ha agotado el suelo entonces calificado, pero esa mentira, aut¨¦ntica palanca "doctrinal" con la que se ha echado abajo el edificio que entonces se comenzaba a construir, a¨²n sobrevive. "Si queremos que baje el precio de la vivienda, se necesita m¨¢s suelo urbanizable", insiste ahora mismo el vicepresidente Rato. Es posible que el ministro de Econom¨ªa desconozca los mecanismos del planeamiento e ignore las exigencias del desarrollo sostenible, pero sabe muy bien de qu¨¦ lado est¨¢n sus intereses.

El mismo a?o que se aprob¨® el Plan de Madrid, concretamente el 30 de abril de 1985, el Gobierno socialista, contradiciendo algunos de los principios urban¨ªsticos sostenidos hasta entonces, public¨® el decreto Boyer. Se puso por primera vez en evidencia que el bombardeo no era s¨®lo exterior, algunos francotiradores estaban dentro.

En 1986, con unos tipos de inter¨¦s hipotecario todav¨ªa en el 15% anual, comenzaron a subir los precios de las viviendas libres. Como consecuencia de la entrada de Espa?a en la UE, de la afluencia de capitales y de la coyuntura expansiva, el crecimiento de los precios continuar¨ªa hasta 1991, pero siempre estuvo atemperado por una pol¨ªtica de vivienda p¨²blica. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la instituci¨®n, entre 1983 y 1995, construy¨® ella sola en torno a 40.000 viviendas p¨²blicas.

Fuera como fuera, el notable crecimiento de los precios que se produjo entre 1986 y 1991 sirvi¨® para hacer evidente el argumento seg¨²n el cual una masiva recalificaci¨®n de suelo har¨ªa bajar, ipso facto, los precios. Fue durante aquellos a?os cuando esta falacia se convirti¨® en imperativo categ¨®rico marxista, pero de Groucho ("M¨¢s suelo, que es la guerra... contra los precios"). Pese a tales demandas y "evidencias", el PSOE (ya sin Boyer en el Gobierno) sac¨® adelante una ley del suelo (Ley 8/1990) que se inscrib¨ªa en la tradici¨®n urban¨ªstica de la izquierda. Respetaba la propiedad del suelo, pero reserv¨¢ndose anular los derechos econ¨®micos si no se urbanizaba en los plazos establecidos por el planeamiento. A?os despu¨¦s, una muy criticada sentencia del Tribunal Constitucional (STC 61/1997) y, sobre todo, los cambios pol¨ªticos acaecidos echaron abajo la ley, y con ello dejaron herido de muerte el concepto mismo de planeamiento.

A partir de 1992 los precios de la vivienda se estabilizaron, pero el impulso ya estaba tomado y hab¨ªa que saltar. As¨ª las cosas, un informe del Tribunal de la Competencia vino a echar unas buenas paletadas de carb¨®n a la m¨¢quina depredadora, recomendando que "la utilizaci¨®n urban¨ªstica del suelo (debe hacerse) de conformidad con la iniciativa de los particulares". Y segu¨ªa: "El suelo no urbanizable debe precisarse en todo el territorio nacional... el resto del territorio debe ser, en principio, urbanizable". La propuesta era de un arbitrismo feroz: hacer un cat¨¢logo de suelos no urbanizables ?a nivel nacional!, y el resto, al saco.

Esta viej¨ªsima ideolog¨ªa anti-planeamiento es la que est¨¢ detr¨¢s de la vigente Ley del Suelo (Ley 6/98) de 23 de abril de 1998. La exposici¨®n de motivos de esta ley es transparente en cuanto a sus intenciones: "La presente ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo suelo que todav¨ªa no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservaci¨®n, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado". Pero lo m¨¢s significativo, desde el punto de vista ideol¨®gico, es su definici¨®n de la vivienda como "producto final" del suelo. Una revoluci¨®n del pensamiento, pues considera a la epidermis del planeta, el suelo, ¨²nicamente como soporte del negocio inmobiliario, los dem¨¢s usos son irrelevantes, desde la agricultura al paisaje.

Los hechos, que suelen ser tenaces, iban a echar por tierra este discurso ideol¨®gico, pues a partir de la ley los precios del suelo y la vivienda comenzaron a dispararse. Mas para mostrar tales resultados en su cabal hondura es preciso recurrir al paradigma madrile?o.

El PP comenz¨® a gobernar el municipio de Madrid en 1989, y de inmediato se prepar¨® para cambiar el Plan General con la intenci¨®n de hacer urbanizable pr¨¢cticamente todo el t¨¦rmino municipal. Como a¨²n no ten¨ªa el gobierno en la Comunidad, comenz¨® por la famosa operaci¨®n de los PAU tramitados como modificaciones parciales del Plan General. De hecho, el nuevo plan, que sustitu¨ªa al de 1985 y fue aprobado definitivamente en 1997, cuando el PP ya gobernaba en la Comunidad, sirvi¨® b¨¢sicamente para bendecir los PAU, y volvieron los convenios urban¨ªsticos, reduciendo el plan a un documento orientativo su

jeto en la pr¨¢ctica a los impulsos de los operadores de suelo.

Si alguien quisiera contrastar honradamente los resultados de esta pol¨ªtica "liberalizadora", le bastar¨ªa con mirar lo ocurrido en Madrid desde 1995 (inicio de los PAU) hasta ahora. Las cosas son tan claras como las siguientes: viviendas entregadas en el nuevo suelo recalificado, cero; mientras el precio del suelo recalificado a¨²n sin urbanizar se ha multiplicado por seis. Todo un ¨¦xito.

?Qu¨¦ ha pasado? Pues lo que todos los urbanistas sab¨ªan que iba a pasar: dado que los especuladores trabajan en r¨¦gimen oligop¨®lico y monop¨®lico a la hora de fijar los precios y dada la renuncia de los poderes p¨²blicos a intervenir en el "proceso de fabricaci¨®n", los operadores retienen el suelo (especulan) cuanto quieren y, l¨®gicamente, los precios se disparan. A esta renuncia de los poderes p¨²blicos a intervenir en el proceso urbanizador (con el consiguiente embarrancamiento en las juntas de compensaci¨®n) se han unido dos factores m¨¢s: el vertical descenso de la producci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial y la venta de suelo p¨²blico a precio de mercado, es decir, especulativo.

Como bien ha dicho el se?or ?lvarez-Cascos: "Si las viviendas se venden a esos precios tan altos es porque alguien puede pagarlos". En efecto, pero al ministro se le olvid¨® apuntar que en un mercado de este tipo, fijado el precio por el monopolista, siempre hay alguien dispuesto a comprar. La pregunta pertinente es otra y es doble: ?cu¨¢ntos y qui¨¦nes compran las viviendas? Hay demanda porque la vivienda no s¨®lo tiene valor de uso, tambi¨¦n lo tiene de cambio y resulta ser una inversi¨®n-refugio, sobre todo en tiempos de tribulaci¨®n burs¨¢til.

Lo m¨¢s curioso, aunque poco sorprendente, ha sido que el sedicente Tribunal de la Competencia, ante unos operadores que venden pr¨¢cticamente en r¨¦gimen de monopolio, que ponen en solfa el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n y agreden a los consumidores, calle ahora, cuando se han puesto en evidencia los resultados catastr¨®ficos de sus recomendaciones de ayer. Un silencio, en verdad, estruendoso.

El caso de Madrid demuestra varias cosas, y sobre todo, que la aseveraci¨®n seg¨²n la cual la masiva recalificaci¨®n de suelo conduce a rebajar el precio de ¨¦ste es mentira. Una mentira, eso s¨ª, muy rentable para los especuladores.

Por otro lado, aumentar la cantidad de suelo de forma indiscriminada, "para que bajen los precios" (que no se dan por aludidos) no es gratis. Se invaden nuevos territorios consumiendo un recurso en absoluto renovable y cubri¨¦ndolos de costos¨ªsimas infraestructuras que sirven para aumentar las distancias, los consumos de energ¨ªa y, al final, los tiempos de desplazamiento. Para los promotores es, por supuesto, el para¨ªso y poco les importa, sino que les conviene, que siga desliz¨¢ndose en ese para¨ªso la serpiente alcista del "producto final". Que la actual Ley del Suelo y las pr¨¢cticas que ella ha propiciado van contra la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n es, a mi juicio, obvio, pero hay m¨¢s. En el campo privad¨ªsimo de la media docena de promotores que operan, por ejemplo en Madrid, dominando el mercado del suelo existe una permanente "maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas", es decir, un delito tipificado en el art¨ªculo 281 del C¨®digo Penal, que castiga estas pr¨¢cticas con la pena de prisi¨®n de uno a cinco a?os. Pero estar¨¢n tranquilos porque nadie los va a denunciar ni a perseguir judicialmente. Tampoco se har¨¢n p¨²blicos sus nombres. Son demasiado poderosos.

Joaqu¨ªn Leguina es diputado socialista.