Regiones y Europa: contradicciones del PP

Suele reprocharse hoy a los Estados -y a veces con raz¨®n- que hagan prevalecer el inter¨¦s nacional por encima del europeo. Los jefes de Estado y de gobierno presentan las conclusiones de las cumbres destacando lo que han obtenido Francia, Alemania, Espa?a... y olvidando o minimizando los resultados en t¨¦rminos de integraci¨®n europea.

Pero existe un ¨¢mbito en el que el Gobierno espa?ol y el Partido Popular mantienen posiciones contrarias a los intereses institucionales de Espa?a: el de la participaci¨®n de las regiones en el proceso de integraci¨®n europea.

En la cumbre de Laeken, en diciembre de 2001, las propuestas del primer ministro belga de hacer participar a las regiones con competencias legislativas en el proceso de reforma de la Uni¨®n encontraron la oposici¨®n, m¨¢s o menos matizada, de los Estados centralizados y del Gobierno espa?ol a trav¨¦s del presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Una propuesta que reforzaba el papel de las comunidades aut¨®nomas, incluidas por supuesto las gobernadas por el Partido Popular, fue rechazada por quien, en teor¨ªa, se erige en estas ocasiones -las cumbres- en representante no s¨®lo de un gobierno, sino de un Estado integrado por comunidades aut¨®nomas.

La votaci¨®n de la Euroc¨¢mara, el pasado 14 de enero, rechazando los aspectos m¨¢s regionalistas del Informe Napolitano, nos ofrece otra muestra de este curioso proceder. Ante la posibilidad de que se reconociera, en defensa de sus competencias, el derecho de recurso de las regiones con competencias legislativas, el eurodiputado popular M¨¦ndez de Vigo, inici¨® una campa?a que ha impedido que la Euroc¨¢mara aprobara estas recomendaciones. ?Otra nueva sorpresa?

Sorpresa relativa para quienes conocemos desde hace tiempo la negativa del Gobierno a avanzar en la participaci¨®n real y efectiva de las autonom¨ªas en la configuraci¨®n de la posici¨®n espa?ola en los asuntos europeos. Espa?a es hoy el ¨²nico Estado miembro con una estructura territorial compleja en el que no existe una participaci¨®n regional en la pol¨ªtica europea.

No obstante estas circunstancias, el Gobierno de la Generalitat mantiene un doble pleno de reivindicaci¨®n. En primer lugar, mediante la participaci¨®n en la pol¨ªtica europea espa?ola, las conferencias sectoriales deben convertirse en instrumentos que nos permitan intervenir en la formaci¨®n de la posici¨®n espa?ola en agricultura, medio ambiente, industria... y sobre todo debe levantarse el veto a participar en el Consejo de Ministros. No esperamos, por supuesto, resultados en la presente legislatura, pero actuamos desde el convencimiento de que la excepci¨®n espa?ola no puede mantenerse indefinidamente.

En segundo lugar, mediante una activa participaci¨®n e impulso en el movimiento de regiones con competencias legislativas y a trav¨¦s de iniciativas propias como la Convenci¨®n catalana, cuyos resultados ser¨¢n elevados a la Convenci¨®n europea por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en los pr¨®ximos d¨ªas.

Las regiones legislativas se reunieron en Florencia el pasado mes de noviembre tras haberlo hecho en Lieja en 2001 y en Barcelona en 2000. Se reunieron en Florencia con la ausencia significativa -con la honrosa excepci¨®n de Galicia- de las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el Partido Popular. Adoptaron all¨ª una resoluci¨®n en la que reclamaban un estatuto especial para estas regiones en la UE.

En concreto, se solicita a la Convenci¨®n europea que en la perspectiva de un futuro tratado constitucional tenga en cuenta, entre otras, las siguientes propuestas: 1. Introducci¨®n en el pre¨¢mbulo de una referencia expl¨ªcita al respeto a la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, a la identidad nacional de sus Estados miembros y a laorganizaci¨®n de sus poderes p¨²blicos a escala nacional, regional y local. 2. Reconocimiento del car¨¢cter vinculante del principio de subsidiariedad instaurando un mecanismo de control ex ante para su salvaguarda en la fase inicial del proceso legislativo. 3. Mejor distribuci¨®n de las competencias de la UE entre el nivel europeo, estatal y regional y aplicaci¨®n generalizada del art¨ªculo 203 del Tratado CE que permite la participaci¨®n de las regiones con poder legislativo en el Consejo de Ministros de la UE y refuerzo del Comit¨¦ de las Regiones mediante su reconocimiento como una instituci¨®n europea de pleno derecho.

Adem¨¢s, en Florencia se pidi¨® el reconocimiento de un estatuto especial para las regiones con poder legislativo, que comportar¨¢ los siguientes derechos: ser consultadas por la Comisi¨®n Europea cuando sus propuestas afecten a materias de su competencia, participar plenamente en el control de la subsidiariedad y, como corolario, el reconocimiento del derecho a presentar un recurso directamente ante el Tribunal de Justicia en caso de conflictos de competencia con la Uni¨®n, derecho que tambi¨¦n se propone reconocer al Comit¨¦ de las Regiones en defensa de sus prerrogativas.

Son propuestas que expresan la inequivoca adhesi¨®n de estas regiones a las reformas de la Uni¨®n Europea, adhesi¨®n que por supuesto comporta la voluntad de participar m¨¢s activamente en la definici¨®n de sus pol¨ªticas y de situarse en el esquema de reparto de funciones y responsabilidades que configura el principio de subsidiariedad.Ser¨ªa conveniente que el Gobierno y el Partido Popular analizaran las reivindicaciones regionales desde esta perspectiva y dejaran de ver en ellas peligros para Espa?a y para la construcci¨®n europea. Ser¨ªa, adem¨¢s, coherente con la defensa de los intereses espa?oles en el m¨¢s noble sentido de la palabra.

Joaquim Llimona es secretario de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Catalu?a.