Ilegalizados

En los primeros tiempos del Gobierno en minor¨ªa de Aznar, ya en 1997, y durante una corta estancia en Bilbao con motivo del Congreso anual de la Asociaci¨®n Espa?ola de Ciencia Pol¨ªtica y de la Administraci¨®n tuve la oportunidad de palpar la inmensa esperanza que la despu¨¦s calificada como tregua-trampa estaba despertando en la calle bilba¨ªna. Se notaba una cierta alegr¨ªa por algo que parec¨ªa impensable, lejano, imposible que llegara a ocurrir poco tiempo antes. El PNV andaba entonces a la par que el PP y en Euskadi gobernaba con el PSE.

Las expectativas generadas por la tregua y la paralela negociaci¨®n entre diferentes actores para acabar con la violencia etarra y el impasse auton¨®mico (la legalidad estatutaria fue tenida siempre como un proceso hacia algo m¨¢s consistente por las fuerzas nacionalistas vascas) acabaron tiempo despu¨¦s con la vuelta a los asesinatos de ETA, la ruptura del pacto de gobierno entre el PNV y el PSE, la radicalizaci¨®n del PP contra el nacionalismo democr¨¢tico vasco y la apuesta peligrosa por la pol¨ªtica de la polarizaci¨®n (constitucionalistas versus nacionalistas) que deriv¨® en una tentaci¨®n de formar dos grandes bloques con un cleavage inmenso como l¨ªnea divisoria.

Las esperanzas del principio han derivado en una guerra sin cuartel contra el nacionalismo pol¨ªtico radical (ilegalizado anteayer mediante solemne sentencia en aplicaci¨®n de una discutida ley de partidos) m¨¢s all¨¢ del justo combate contra los actores violentos.Parec¨ªa que el centro-derecha, aprendida la lecci¨®n del fracaso permanente de toda clase de pol¨ªticas en la erradicaci¨®n de la violencia etarra, hab¨ªa encontrado una v¨ªa seria arriesgando mucho m¨¢s de lo que en su momento pudo hacer UCD, o el PSOE. Pero el final de esta historia ha puesto de manifiesto que cuanto mayor era el riesgo que se corr¨ªa para resolver un conflicto de tanta entidad mayor era el peligro de caer en un reduccionismo represivo de alcance inusitado al fracasar.

La expeditiva sentencia que condena a la ilegalizaci¨®n a las siglas pasadas, presentes y futuras de lo que el Gobierno llama sin ambages el 'brazo pol¨ªtico' de ETA se produce pocos d¨ªas despu¨¦s de que el TC haya dictaminado la constitucionalidad de la Ley de Partidos y el mismo d¨ªa que en las Azores los principales aliados resueltos en la aplicaci¨®n directa de la Resoluci¨®n 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU deciden esperar a que el Presidente de los EE UU establezca el protocolo final de una larga espera. El impacto de la declaraci¨®n de ayer de Bush, la pasi¨®n con que se est¨¢n viviendo los debates parlamentarios sobre la posici¨®n del Gobierno de Espa?a, las noticias que se esperan una vez cumplido el ¨²ltimo plazo que Bush concede al dictador iraqu¨ª se superponen con fuerza a los efectos de la decisi¨®n judicial y dejan esta guerra de aqu¨ª en un segundo plano.

Cuando se discut¨ªa en el parlamento la ley de partidos escrib¨ª que "lo que a mi juicio parece m¨¢s preocupante es que la Ley de Partidos quiera ser una ley punitiva, una addenda an¨®mala del C¨®digo Penal, o una impropia ley de protecci¨®n de la democracia, en la medida que el objetivo declarado de la ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico est¨¢ directamente conectado con la evidente y sustancial intencionalidad de ¨¦ste de destruir el sistema democr¨¢tico, y que esa ilegalizaci¨®n pueda producirse en base a la aplicaci¨®n del principio de retroactividad, vulnerando as¨ª la propia CE".

Y eso ya ha ocurrido.