RTVV: privatizaci¨®n sin salida

De todos es sabido que la privatizaci¨®n de Canal 9 ha figurado en el programa electoral del PP de la Comunidad al menos en dos ocasiones. Que con ocho a?os de mandato (de los cuales cuatro con mayor¨ªa absoluta) no se haya tenido tiempo para efectuar los cambios normativos necesarios para hacer jur¨ªdicamente viable la citada privatizaci¨®n muestra cu¨¢n poco ha venido a importar a los gobernantes que nos rigen el cumplimiento de aquella propuesta program¨¢tica. Que, de repente, a dos meses de las elecciones, se haya puesto en marcha el proceso sin preparaci¨®n jur¨ªdica alguna debe llamar la atenci¨®n. Por de pronto hay que advertir que lo que se est¨¢ haciendo es un verdadero desprop¨®sito legal, y mucho me temo que es, adem¨¢s, un desprop¨®sito pol¨ªtico. Vayamos por partes.

El acuerdo del Consell de 4 de marzo por el que se trata de dar cobertura al proceso se remite en bloque a las recomendaciones primera, segunda y tercera del Dictamen de la Comisi¨®n sobre nuevas formas de gesti¨®n de RTVV adoptado por el Parlamento el pasado 12 de febrero, encomendando al Director General del Ente su ejecuci¨®n. Lo que no deja de ser curiosa es la redacci¨®n del acuerdo gubernamental: esa parte del acuerdo del Gobierno con el Dictamen de la Comisi¨®n, encomienda al Director General del Ente su "cumplimiento y ejecuci¨®n", pero "de acuerdo con el marco normativo audiovisual vigente" como si se hubieren efectuado las modificaciones legales necesarias para que dichos acuerdos tengan viabilidad jur¨ªdica. De este modo si el proceso llega a ramos de bendecir no hay problema, si se estrella tampoco hay problema: el acuerdo del Gobierno es rigurosamente legal merced a la salvedad del "marco audiovisual" y el que se come el marr¨®n, en su caso, es el se?or Director General, que en contra de la expresa voluntad del Consell se ha saltado la legalidad a la torera. Honestidad pol¨ªtica se llama eso.

La salvedad del "marco audiovisual" es clave porque el Gobierno de la Generalitat sabe perfectamente que la privatizaci¨®n que se afronta es rigurosamente ilegal, como por dem¨¢s acredit¨® en el Congreso de los Diputados el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. Lo sabe ab initio y no puede no saberlo despu¨¦s de la respuesta del Gobierno de la Naci¨®n. Resulta curioso que la ilegalidad de la privatizaci¨®n no provenga tanto de la v¨ªa escogida: la externalizaci¨®n de la programaci¨®n, cuanto de su deficiente configuraci¨®n legal. En efecto, las conclusiones a las que se remite el acuerdo del Consell hablan literalmente de "las nuevas formas de gesti¨®n" del servicio p¨²blico RTVV (primera), de la "entrada de la iniciativa privada en la gesti¨®n" (segunda y tercera), no es de la mera externalizaci¨®n de partes m¨¢s o menos extensas de la parrilla de lo que estamos hablando. De lo que se trata es de introducir una nueva "forma de gesti¨®n" "en el servicio p¨²blico de RTVV". Y eso precisamente no es compatible con el "marco audiovisual", porque no es conforme con la Ley de Terceros Canales, ni con la de creaci¨®n de la propia RTVV.

No es compatible con la Ley de Terceros Canales porque el segundo p¨¢rrafo del art¨ªculo seis de ese cuerpo legal se?ala expresis verbis "la gesti¨®n que se concede no podr¨¢ ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros" y debe ser necesariamente desempe?ada por la sociedad de ¨ªntegro capital p¨²blico que es concesionaria, esto es, RTVV en nuestro caso. Como el acuerdo trata de traspasar la "gesti¨®n" y la ley proh¨ªbe el traspaso de la "gesti¨®n" mediante cualquier instrumento legal la incompatibilidad del acuerdo con la ley es palmario, de lo que se sigue una conclusi¨®n ineludible, precisamente la que expres¨® en el Congreso el Vicepresidente del Gobierno: el acuerdo es ilegal y la privatizaci¨®n imposible mientras esa cl¨¢usula no se cambie. La cuesti¨®n es relevante porque tras la rotunda descalificaci¨®n del Gobierno en el Congreso los acuerdos de aplicaci¨®n de la privatizaci¨®n pueden ser constitutivos de delito: ni el Director del Ente ni los consejeros pueden esquivar razonablemente la imputaci¨®n de que al ejecutar el acuerdo cometen una ilegalidad "a sabiendas".

Pero hay m¨¢s. La operaci¨®n es ilegal tambi¨¦n desde la perspectiva valenciana, y lo es precisamente porque encomienda al menos parte de la "gesti¨®n" a empresas externas de naturaleza privada, lo que quebranta directamente el art¨ªculo quince, apartado primero, de la ley de creaci¨®n que reserva a "sendas empresas p¨²blicas" la "gesti¨®n de los servicios p¨²blicos de televisi¨®n y radiodifusi¨®n". Adem¨¢s, aunque eso no fuere as¨ª, chocar¨ªa de frente con las competencias del Consejo de Administraci¨®n, una de las cuales es fijar "anualmente" el porcentaje de producci¨®n propia (art.8, letra l), por lo que, aunque todo lo anterior no existiera, la encomienda de gesti¨®n a empresas privadas no podr¨ªa tener duraci¨®n superior al a?o, so pena de ilegalidad.

Como se ve, un desprop¨®sito legal. Por serlo es, adem¨¢s, un desprop¨®sito pol¨ªtico. Pero este ¨²ltimo es mayor todav¨ªa: privatizar Canal 9 cuando esa operaci¨®n est¨¢ mal vista por la opini¨®n p¨²blica a semanas de las elecciones y en un contexto de fuerte erosi¨®n de los apoyos del PP, no es precisamente un acierto pol¨ªtico. Si es que se pretende que Paco Camps pueda ganar las elecciones, claro est¨¢.

Manuel Mart¨ªnez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.