M¨¢s de 4.000 hect¨¢reas de regad¨ªos se abastecen ilegalmente del Segura
La Fiscal¨ªa investiga el destino que se le est¨¢ dando al agua del r¨ªo
La grave contaminaci¨®n que sufre el r¨ªo Segura depende en buena parte de las incesantes fugas que de manera irregular sufre el acu¨ªfero m¨¢s degradado del pa¨ªs. Un estudio elaborado por Ecologistas en Acci¨®n alerta de que la cifra de regad¨ªos ilegales que han proliferado en la Regi¨®n de Murcia desde 1999 supera una extensi¨®n de 4.000 hect¨¢reas. La inmensa mayor¨ªa de estas explotaciones se abastecen de recursos h¨ªdricos del Segura.
Las roturaciones alcanzan en algunos casos dimensiones desorbitadas, sobre todo las que se sit¨²an en las inmediaciones de Sierra Espu?a o en el campo del litoral murciano. Algunas de estas fincas, que son acotadas sin disponer de ninguna licencia, ocupan extensiones de entre 100 y 200 hect¨¢reas y al carecer de permisos para ejercer su actividad tampoco disponen del requerido suministro de agua.
Seg¨²n la Comisi¨®n Pro-R¨ªo de Orihuela, el volumen h¨ªdrico que exigen estas plantaciones supera con creces la cantidad que se trasvasa anualmente desde el Tajo y rondar¨ªa los 500 hect¨®metros c¨²bicos. "Nuestra intenci¨®n es demostrar que los regad¨ªos ilegales secan el Segura y que por lo tanto afectan de manera muy sensible a la contaminaci¨®n porque el cauce no dispone del caudal ecol¨®gico que exige la ley para regenerarse", explica Jos¨¦ Antonio Mu?oz Grau, portavoz de Pro-R¨ªo.
Las flagrantes irregularidades que se cometen en el territorio de Murcia y en la Vega Baja han acaparado incluso la atenci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en el mes de noviembre remiti¨® un escrito a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) solicitando casi mil quinientos expedientes de dudosa transparencia. De esta suma, unos quinientos hac¨ªan referencia concreta a extracciones ilegales de agua, un expolio que ha sido sistem¨¢ticamente denunciado por grupos ecologistas sin que la confederaci¨®n haya decretado el cierre de dichas explotaciones.
Ahora, la Comisi¨®n Pro R¨ªo, que junto a otros colectivos de la Vega Baja y de Murcia lucha desde hace a?os para conseguir el saneamiento del r¨ªo Segura, tratar¨¢ de personarse como acusaci¨®n particular en la investigaci¨®n que ha promovido el fiscal del TSJ madrile?o. "Vamos a exigir la responsabilidad del ministro de Medio Ambiente y de los presidentes de las dos comunidades afectadas, ya que entendemos que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica es un ¨®rgano de mediaci¨®n entre los altos dirigentes", a?ade Mu?oz Grau.
De momento, el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, ha dado su benepl¨¢cito al procedimiento incoado por el TSJ madrile?o, rechazando de plano los argumentos que esgrimi¨® el presidente de la CHS, Juan C¨¢novas,para evitar que se abriera una investigaci¨®n sobre el robo de caudales. El m¨¢ximo responsable del organismo regulador del Segura remiti¨®, en efecto, al fiscal general un escrito en el que planteaba la supuesta extralimitaci¨®n del TSJ madrile?o al asumir competencias que estaban fueran de su jurisdicci¨®n, y no escatimaba en alusiones cr¨ªticas hacia los instigadores de estos procedimientos. C¨¢novas lamentaba, as¨ª, la persecuci¨®n pol¨ªtica a los dirigentes de esta instituci¨®n y, por extensi¨®n, al Gobierno, y dejaba constancia de "la sorpresa que producen las actuaciones por ser acordadas en territorio alejado del Segura y en un momento de acoso contra la Confederaci¨®n. La respuesta del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, fue que la investigaci¨®n que instruye la fiscal¨ªa madrile?a tiene una "absoluta correcci¨®n".
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