El concejal de Urbanismo en Castell¨®n es administrador de una asesor¨ªa urban¨ªstica

El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Castell¨®n, Alberto Fabra, es administrador solidario de la empresa Territorio y Urbanismo SL, que se dedica a la gesti¨®n de programas para el desarrollo urban¨ªstico del suelo. Esta empresa se constituy¨® cuando Fabra ya ocupaba su actual cargo. La participaci¨®n del concejal en Territorio y Urbanismo SL se conoci¨® durante su comparecencia ante el juez que instruye la querella contra el alcalde de Castell¨®n, el propio Fabra y la empresa Calviga por un presunto delito de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y falsificaci¨®n.

El responsable del urbanismo castellonense neg¨® ayer ante el titular del juzgado n¨²mero 1 de Castell¨®n, el decano Horacio Badenes, haber tenido alg¨²n tipo de relaci¨®n laboral con empresas del grupo Lubasa, de la que Calviga es una filial, aunque no pudo decir lo mismo respecto de sus dos socios en Territorio y Urbanismo, SL; dos aparejadores de los que dijo no conocer si "han realizado trabajos a nivel particular para dicha empresa".

Fabra tiene en el Ayuntamiento una dedicaci¨®n del 75%, por lo que cualquier trabajo al margen de su cargo no es, a priori, incompatible. Sin embargo, seg¨²n el portavoz adjunto del grupo socialista, Miguel Alcalde, "hay que comprobar para qui¨¦n ha trabajado y qu¨¦ actividad ha realizado para hacer una valoraci¨®n completa". "Consideramos", a?adi¨® "que, si ha trabajado en alg¨²n proyecto de la capital de La Plana, moralmente, s¨ª es incompatible".

Territorio y Urbanismo, SL fue creada en enero de 2001 por el propio Fabra, cuando ya era responsable de urbanismo, y por dos aparejadores m¨¢s, con un capital social de 360.000 euros. Los socialistas pedir¨¢n por escrito que el concejal del PP presente la contabilidad de su empresa ante el juez. Seg¨²n fuentes del caso, Fabra neg¨®, en un primer momento, formar parte de ninguna sociedad, aunque finalmente lo reconoci¨® y asegur¨® que la empresa "no ha tenido ninguna actividad", aunque oficialmente est¨¢ en activo.

Alberto Fabra acudi¨® ayer al juzgado para aclarar las contradicciones entre sus declaraciones y las recogidas en un acta del consejo de participaci¨®n ciudadana que desvela que negoci¨® las condiciones de la modificaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) sobre los terrenos liberados tras el soterramiento de la v¨ªa f¨¦rrea. El acta est¨¢ fechada en junio de 2000 y habla de la negociaci¨®n que el ayuntamiento manten¨ªa con representantes del centro comercial, que precisaba unas condiciones de volumetr¨ªa que, un a?o despu¨¦s, coincidieron con las plasmadas en la modificaci¨®n del PGOU.

El desarrollo de la zona se adjudic¨® a Calviga, filial de Lubasa, a cambio de un solar que la constructora vender¨¢ a El Corte Ingl¨¦s para el centro comercial.

El responsable de urbanismo, ante la solicitud del juez de aclarar dichas contradicciones, aleg¨® la existencia de "errores" en el documento oficial. Seg¨²n mantuvo, el acta responde a una "s¨ªntesis excesiva" de una reuni¨®n que dur¨® una hora y media y "basarse en la literalidad de la misma puede llevar a conclusiones err¨®neas". Seg¨²n Fabra, que compareci¨® ante el magistrado por segunda vez en calidad de imputado, "las manifestaciones que en ella se recogen no se corresponden con la realidad". "S¨ª que es cierta la filosof¨ªa general, pero hay que hacer matizaciones", dijo. Los socialistas contestaron que el acta se firm¨® por el presidente y el secretario, y se aprob¨® por todos los asistentes, incluidos los representantes del PP. Alberto Fabra sostuvo que la modificaci¨®n del PGOU no se delimit¨® seg¨²n las exigencias de El Corte Ingl¨¦s.

El director de expansi¨®n de El Corte Ingl¨¦s, Carlos Mu?oz de Rogli, admiti¨® ayer la existencia de "contactos", aunque no "negociaciones".