La justicia atropellada

Hace meses se puso en marcha en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid un plan para agilizar los recursos de apelaci¨®n pendientes de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Estos recursos exigen la celebraci¨®n de vista p¨²blica, y era precisamente el se?alamiento de este tr¨¢mite lo que retrasaba la resoluci¨®n de los mismos.

El plan consiste en la creaci¨®n de secciones bises, a las que se han adscrito jueces de primera instancia que celebran las vistas por la tarde a cambio de un complemento retributivo. No estoy de acuerdo con ese plan, por varias razones. La primera, porque socava formalmente el principio de doble jurisdicci¨®n. Materialmente, desde luego, hay un recurso de apelaci¨®n, pero su resoluci¨®n no la toman los magistrados de Audiencia, sino jueces del mismo grado que los que dictan las sentencias de primera instancia, lo que, en puridad, quita garant¨ªas a los recurrentes y quiz¨¢s contravenga el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n.

La segunda, porque la doble asunci¨®n de funciones de los jueces habilitados puede ir en dem¨¦rito de su eficacia en los dos puestos de trabajo que desempe?an. Es deseable, por eso, que se elija para magistrado eventual a quien brille por la pulcra llevanza de su juzgado.

La tercera, porque estos magistrados bises pueden caer en la tentaci¨®n -yo creo que en ocasiones caen- de correr m¨¢s de la cuenta, abreviando las vistas. Alguna experiencia tenemos de presidentes que sin esperar al desarrollo del discurso forense (introducci¨®n, desarrollo y conclusiones), se ponen nerviosos y apremian a los letrados para que acorten el informe y marchar pronto a casa. Esta pr¨¢ctica humilla a la justicia y a la abogac¨ªa y es un semillero de enemistades procesales si el letrado protesta y defiende su fuero, es decir, su derecho a hablar en defensa del cliente. Grave mal que tiene dif¨ªcil soluci¨®n porque, por mucho que se diga, los abogados estamos a merced de la buena educaci¨®n y de la cultura de los jueces. Los males de la justicia, creo yo, no se solucionan as¨ª; ni suprimiendo pr¨¢cticamente la oralidad en la segunda instancia y en la casaci¨®n, contraviniendo el predicado del art¨ªculo 120.2 de la Constituci¨®n, ni potenciando la ejecuci¨®n provisional, como ha hecho la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este proceso de industrializaci¨®n de la justicia, que parece procurar m¨¢s por las sentencias firmes que por las justas, es un peligro para la seguridad jur¨ªdica. A la justicia lenta le est¨¢ siguiendo la justicia atropellada, y, si lo primero es malo, lo segundo, tambi¨¦n.