Transparencia

Los mercados deben conocer la remuneraci¨®n de los miembros del consejo de administraci¨®n de la empresa. Tal y como establece el reciente Informe Aldama al reiterar a las sociedades "la conveniencia de la publicaci¨®n detallada y con el mayor desglose posible de la remuneraci¨®n que recibe el consejo de administraci¨®n de manera individualizada". La moderaci¨®n es la regla que debe presidir las decisiones que se adopten en materia de retribuci¨®n y la informaci¨®n debe ser detallada y personalizada, ya que la m¨¢xima transparencia junto a la informaci¨®n sobre la estructura y funcionamiento del consejo de administraci¨®n son s¨ªntomas inequ¨ªvocos del buen gobierno y contribuyen a aumentar considerablemente la confianza social de la empresa.

Algunas empresas espa?olas ya han sido pioneras en esta direcci¨®n. El Banco Santander Central Hispano publica en la memoria de este a?o la remuneraci¨®n individualizada de todos los consejeros y ejecutivos, las derivadas de la representaci¨®n del banco, los compromisos por pensiones, las stock options y los cr¨¦ditos concedidos a consejeros, todo un ejercicio de transparencia.

Un estudio reciente promovido por la London Business School muestra que la rentabilidad de las grandes empresas parece estar relacionada con las percepciones sociales respecto de su comportamiento c¨ªvico. Las marcas valen mucho, y para ello se hace necesario concebir la buena reputaci¨®n como una nueva herramienta de gesti¨®n empresarial. El buen gobierno y la transparencia corporativa son herramientas de gesti¨®n que deben ser asimiladas por todos ya que afecta a todos en general: empresas privadas y p¨²blicas, trabajadores y Administraciones p¨²blicas.

Esta reflexi¨®n es tambi¨¦n exigible para la Junta, sus empresas y entes p¨²blicos que adem¨¢s de administrar sus competencias con rigor y eficacia deben de controlar m¨¢s el gasto p¨²blico y recuperar la "moralidad p¨²blica", es decir, la imagen que percibimos del Consejo de Gobierno y de la propia Junta. Esta imagen es fruto de la relaci¨®n existente entre la utilidad que el contribuyente percibe del gasto y la desutilidad que le proporciona pagar impuestos. Los ciudadanos tienen que ver que se obtienen m¨¢s ventajas que desventajas de la gesti¨®n auton¨®mica si no queremos hacer de la autonom¨ªa una costosa pantomima.

Esta "moralidad p¨²blica" no se prestigia provocando el linchamiento p¨²blico de Cajasur, como ya ocurriera antes con La General, San Fernando o El Monte, recurriendo a una informaci¨®n obtenida ilegalmente y denunciando ahora presuntas irregularidades que, parad¨®jicamente, no se noticiaron en otros tiempos llenos de reconocimiento institucional hacia la entidad que ahora se persigue.

Quiz¨¢s, el problema de Cajasur haya sido enfrentarse al sometimiento regimental de un poder socialista que ha decidido regir las cajas de ahorros como si administrara agrupaciones del partido, aunque para ello tengamos que asistir a la intolerable arbitrariedad de una Administraci¨®n que no solo no custodia la informaci¨®n financiera de que dispone, como es su deber, sino que la maneja a su antojo y albedr¨ªo, como empe?ada en demostrar que su poder no acepta l¨ªmites ni siquiera de la ley.

El episodio de Cajasur es una entrega m¨¢s del culebr¨®n de las cajas donde la racionalidad econ¨®mica no tiene ninguna relevancia frente al poder socialista, ni preocupa el desprestigio a?adido de Andaluc¨ªa y sus instituciones o el coste econ¨®mico que est¨¦n sufriendo las cajas. El tema ha ido discurriendo m¨¢s por el camino del disparate que por el debate sobre los rasgos que hacen a nuestras cajas m¨¢s o menos competitivas y eficientes: el margen de intermediaci¨®n, los beneficios por empleado, la captaci¨®n de recursos ajenos por oficina, la cuota de mercado o la participaci¨®n de dep¨®sitos captados con respecto a otras cajas o a la banca.

Si la transparencia es un condicionante necesario para una buena gesti¨®n en las empresas privadas, a pesar de existir el mercado, lo es mucho m¨¢s en el sector p¨²blico andaluz que no tiene el mercado como juez para su eficacia. Un sector p¨²blico caro y rampl¨®n cuya opacidad e incumplimiento reiterado de los principios contables p¨²blicos es manifiesta, del que no hay forma de averiguar el sueldo de sus altos cargos o el de los presidentes de esas empresas p¨²blicas participadas mayoritaria o minoritariamente. Los m¨¢s de 1.023 millones de euros materializados como pagos a empresas y entes p¨²blicos y unos resultados sin subvenciones superiores a los 640 millones de p¨¦rdidas en el a?o 2001, justifican sobradamente la necesidad de cambiar y predicar con el ejemplo para tener la autoridad moral de exigir transparencia a unas empresas, las cajas, que necesitan del buen gobierno y la buena reputaci¨®n corporativa para ganar rentabilidad y la confianza de un pueblo que lo merece todo.

Salvador Fuentes es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.