Los arquitectos rechazan derribar el renovado teatro romano de Sagunto

El auto que ordena ejecutar a la Generalitat Valenciana la sentencia de derribo de la pol¨¦mica rehabilitaci¨®n arquitect¨®nica del teatro romano de Sagunto, dise?ada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, ha provocado una dura reacci¨®n del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espa?a. En un escrito acordado en sesi¨®n plenaria, que representa a todos los decanos, el organismo considera que "la decisi¨®n que pretende recuperar el teatro romano en su estado previo a la actuaci¨®n mediante la demolici¨®n de la obra nueva incorporada, supondr¨ªa materialmente, de ejecutarse, una mayor destrucci¨®n patrimonial que la que se pretende corregir". "Por ello, proponemos que se busque el cauce m¨¢s razonable para mantener la actuaci¨®n ya realizada, tanto para evitar el mencionado da?o como el respeto que merece un trabajo arquitect¨®nico de incuestionable correcci¨®n t¨¦cnica y est¨¦tica pensado para recuperar la concepci¨®n espacial y funcional del monumento".

Los decanos piden tambi¨¦n el cambio de la Ley de Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol, que la sentencia del teatro romano "se limita a aplicar en sus t¨¦rminos literales", sin interpretarla: "La ley vigente de 1985 se basa en principios culturales -el restauro storico- ampliamente superados en la actualidad. Ello es motivo suficiente para solicitar a los poderes p¨²blicos y a los partidos pol¨ªticos que promuevan una iniciativa parlamentaria de revisi¨®n conceptual de dicha ley". Estas consideraciones se realizan "un¨¢nimemente" por los representantes de los colegios de arquitectura, "sin perjuicio del respeto debido a la sentencia", a?ade el escrito firmado por Carlos Hern¨¢ndez Pezzi, presidente del Consejo.

Menos agresivo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dict¨® un auto el pasado 23 de abril que daba a la Generalitat seis meses para ejecutar la sentencia de 1993 de la propia sala, que declaraba ilegal la obra nueva en virtud de la citada ley, fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 2000. El auto mandaba demoler el muro del escenario hasta una altura de 1,2 metros y quitar las placas de m¨¢rmol que cubren gran parte del grader¨ªo, lo que significa "deshacer el concepto de la intervenci¨®n", en palabras de Portaceli, quien esperaba un auto menos agresivo, al igual que el alcalde de Sagunto, Silvestre Borr¨¢s, del PP.

El largo proceso judicial fue iniciado por el abogado Juan Marco Molines, posteriormente diputado auton¨®mico del PP, quien no ha cesado en su idea de ejecutar la sentencia. Los populares incluyeron en su programa electoral de 1995 el derribo de las obras. Ahora, la Generalitat, gobernada por el PP, ha ido demorando el litigio pidiendo m¨¢s tiempo para realizar informes y crear una comisi¨®n de expertos. La Generalitat ha recurrido el ¨²ltimo auto del TSJ pidiendo un a?o y medio para cumplirlo.

La intervenci¨®n ha sido pol¨¦mica desde el principio. Y m¨¢s pol¨¦mica se ha generado ahora en Sagunto ante la idea de destinar cuantiosos recursos p¨²blicos para derribar una obra discutida, pero consolidada, que permite su uso.