Guatemala, Salvador y Nicaragua investigan la venta de sus censos

"La mayor informaci¨®n posible para estos tiempos de inseguridad". Con este reclamo publicitario se ofrec¨ªa en su ciberp¨¢gina la empresa guatemalteca Infornet, dedicada a la recopilaci¨®n y comercializaci¨®n de datos personales, mercantiles y judiciales en Centroam¨¦rica. Las Fiscal¨ªas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua la investigan por la presunta venta de informaci¨®n privada de unos 18 millones de personas.

?De d¨®nde sali¨® la informaci¨®n? ?Se vendi¨® a agencias federales de Estados Unidos? ?Con qu¨¦ fines? Estas tres preguntas contin¨²an sin respuesta. La Fiscal¨ªa de Guatemala se incaut¨® de los bienes y el equipo inform¨¢tico que Infornet pose¨ªa en su sede central de la capital guatemalteca. Lo hizo despu¨¦s de que el peri¨®dico Siglo XXI denunciara la venta de datos y la Procuradur¨ªa de Derechos Humanos presentara una denuncia. La Fiscal¨ªa General de Managua hizo lo propio en la delegaci¨®n de Nicaragua, tras una informaci¨®n similar en La Prensa.

Infornet operaba con una sede central en Guatemala y dos delegaciones en Managua y en San Salvador. La empresa recopilaba informaci¨®n sobre n¨²meros de identificaci¨®n fiscal, de documento de identidad, antecedentes policiales o financieros, de todo tipo de personas, incluidos relevantes pol¨ªticos, magistrados y ex presidentes centroamericanos. La empresa dispon¨ªa de datos del 90% de los 12 millones de habitantes de Guatemala y de cuatro de los seis millones de salvadore?os, que eran enviados a la oficina central, seg¨²n su propia ciberp¨¢gina.

Informaci¨®n p¨²blica

Cualquiera pod¨ªa acceder a la informaci¨®n de la base de datos con s¨®lo suscribirse por un m¨®dico precio. "La informaci¨®n de que disponemos es general y p¨²blica", dijo la abogada de la empresa Ver¨®nica N¨¢jera. "El problema es que no hay una disposici¨®n legal que regule la protecci¨®n de datos", afirma Fernando Arguello, abogado salvadore?o y experto en el asunto. La informaci¨®n que ofrecen los registros y los tribunales es p¨²blica, y ning¨²n pa¨ªs centroamericano cuenta con una ley espec¨ªfica. Por ello la investigaci¨®n se basa en la violaci¨®n del derecho a la intimidad.

Otro de los interrogantes es saber si los datos fueron vendidos desde alguna instituci¨®n p¨²blica o privada o por alg¨²n funcionario. En El Salvador, la Procuradur¨ªa de Derechos Humanos ha iniciado una investigaci¨®n para determinar c¨®mo se obtuvo la informaci¨®n. La tercera inc¨®gnita es averiguar si Infornet vendi¨® los datos a la empresa estadounidense Choice Point -involucrada en el caso de la compra y venta del censo de M¨¦xico-, y si ¨¦sta a su vez la revendi¨® a agencias federales de EE UU.

Catherine Jarvis, consejera para Asuntos P¨²blicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, dice desconocer si su Gobierno dispone de informaci¨®n de latinoamericanos, aunque "siempre est¨¢n tratando, de manera permanente, de conseguir informaci¨®n sobre terrorismo y actividades criminales", dice Jarvis.

Choice Point dispone de una base de datos de millones de personas y empresas nacionales y extranjeras, que revende a grandes compa?¨ªas y agencias federales de Estados Unidos, como el Departamento de Seguridad Interior o el Servicio de Inmigraci¨®n. Esta empresa compr¨® el padr¨®n mexicano y dispone de informaci¨®n de personas de otros pa¨ªses, como Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica y Honduras.