El foco del lino

El caso del fraude del lino, que enturbi¨® pol¨ªticamente la primera legislatura del PP, comienza a aclararse judicialmente. El juez Baltasar Garz¨®n ha concluido la investigaci¨®n iniciada hace m¨¢s de dos a?os y ha sacado las primeras conclusiones sobre este asunto de corrupci¨®n pol¨ªtica: ha reducido de 53 a 25 el n¨²mero de imputados que deber¨¢n sentarse en el banquillo y ha situado el foco de la red de cazaprimas tejida al olor de las subvenciones europeas destinadas al cultivo del lino, no en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura, como pretend¨ªa el Gobierno, sino en el Ministerio de Agricultura.

La resoluci¨®n de Garz¨®n no es firme, como se ha apresurado en se?alar el vicepresidente Rajoy para desactivar su posible carga pol¨ªtica. La actual vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea y ministra de Agricultura cuando se produjo el fraude, Loyola de Palacio, prometi¨® dimitir si se probaba la implicaci¨®n de su departamento en el esc¨¢ndalo. Esta ¨²ltima tambi¨¦n se ha dado prisa en advertir que la decisi¨®n de Garz¨®n no es firme y se trata s¨®lo de "un nuevo paso procedimental".

No es firme, pero es algo m¨¢s que un tr¨¢mite procedimental. Se trata de un auto judicial que acota el campo de las presuntas responsabilidades y de los hechos que deber¨¢n enjuiciarse ante los tribunales. Y entre estas presuntas responsabilidades est¨¢n las de los ex altos cargos de Agricultura Nicol¨¢s L¨®pez de Coca y Gonzalo Ruiz Paz, directivos en los momentos m¨¢s ¨¢lgidos del fraude del Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria (FEGA), organismo coordinador de las ayudas europeas al lino, y de la empresa p¨²blica Mercasa, respectivamente. Garz¨®n imputa a L¨®pez de Coca los delitos de tr¨¢fico de influencias y de negociaciones prohibidas a los funcionarios, adem¨¢s del de defraudaci¨®n a la Haciencia comunitaria que atribuye al conjunto de los imputados.

Y en cuanto a los hechos, no s¨®lo exculpa a las comunidades aut¨®nomas, sino que precisa que, en algunos casos, fueron planeados expresamente para burlar "las medidas y controles que se dise?aron para evitar esos supuestos fraudes". Hay que esperar a que los tribunales se pronuncien sobre la responsabilidad penal de los implicados, a los que ampara la presunci¨®n de inocencia. Pero la investigaci¨®n de Garz¨®n sobre los conductos del fraude apunta al ¨¢mbito de la responsabilidad del Gobierno, en contra de lo que dictamin¨® en su d¨ªa la comisi¨®n parlamentaria encargada de investigar las responsabilidades pol¨ªticas del esc¨¢ndalo. En otros tiempos, algunos habr¨ªan exigido poco menos que la dimisi¨®n del Gobierno en pleno.