El huevo y el fuero

LA MESA DEL PARLAMENTO de Vitoria decidi¨® el martes encargar a los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara un informe sobre el procedimiento a seguir para ejecutar la orden del Supremo de disolver "sin demora" el grupo parlamentario Sozialista Aberzaleak de ?lava, Vizcaya y Guip¨²zcoa (ABGSA). Esa barroca denominaci¨®n fue adoptada en abril de 2002 por los siete diputados elegidos en mayo de 2001 en las listas cerradas y bloqueadas de Euskal Herritarrok -una segunda marca de Batasuna-ante la perspectiva de la eventual ilegalizaci¨®n de su partido. La abstenci¨®n de IU -socio de la coalici¨®n de gobierno- provoc¨® un empate, dirimido por el voto de calidad de Atutxa; no es la primera vez que el presidente de la C¨¢mara vasca muestra sus reticencias hacia la orden judicial y remolonea a la hora de darle cumplimiento: tras certificar con alg¨²n retraso que los grupos llamados sucesivamente Batasuna y ABGSA estaban compuestos por los mismos diputados, aleg¨® que el mandato del Supremo era una afrenta a la "dignidad democr¨¢tica e institucional" de la C¨¢mara vasca.

La Mesa de la C¨¢mara vasca contin¨²a retrasando la ejecuci¨®n del auto de la Sala Especial del Supremo que ordena la disoluci¨®n "sin demora" del grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna

La sospecha de que el encargo del informe es una maniobra dilatoria para postergar la ejecuci¨®n del requerimiento del Supremo y el temor a que una posible desobediencia de la C¨¢mara vasca suscite un conflicto institucional son replicados por los portavoces nacionalistas con juicios de intenciones sobre la instrumentalizaci¨®n gubernamental de los tribunales. Derecho y pol¨ªtica forman una mala pareja cuando los conflictos jur¨ªdico-constitucionales se prestan a diferentes interpretaciones y levantan pasiones ideol¨®gicas: la necesaria coexistencia entre el principio democr¨¢tico (la voz de la mayor¨ªa expresada de forma directa o mediante representantes electos) y el imperio de la ley (el cumplimiento de las normas tambi¨¦n por parlamentos, gobiernos y jueces) puede verse desestabilizada en tales ocasiones.

El dramatismo de la actual confrontaci¨®n, sin embargo, carecer¨ªa de fundamento si se atiendiese s¨®lo a sus consecuencias pr¨¢cticas y no a sus dimensiones simb¨®licas. Cualquiera que sea el desenlace de la pugna procesal, los siete diputados elegidos en mayo de 2001 en las candidaturas de Batasuna conservar¨¢n sus esca?os hasta la disoluci¨®n de la C¨¢mara: el Constitucional dictamin¨® en su d¨ªa que el acta de diputado corresponde a cada representante electo, no al partido, la coalici¨®n o la agrupaci¨®n que lo present¨® en sus listas. El auto del Supremo de 20 de mayo de 2003 reconoce, as¨ª pues, que la disoluci¨®n de ABGSA deber¨¢ ser llevada a efecto "sin perjuicio del mantenimiento de la condici¨®n de parlamentarios de sus miembros y de su posible inclusi¨®n en el Grupo Mixto". No se trata, por consiguiente, del huevo, sino del fuero. Los diputados de Batasuna siempre mantendr¨ªan sus competencias b¨¢sicas como miembros de la C¨¢mara; lo ¨²nico que est¨¢ en juego es el obligado cumplimiento de las sentencias judiciales por los poderes p¨²blicos -incluida la C¨¢mara vasca- en nuestro Estado de derecho.

Los cr¨ªticos de la disoluci¨®n de ABGSA invocan la doctrina del Constitucional seg¨²n la cual grupos parlamentarios y partidos constituyen realidades jur¨ªdicas diferentes: su conclusi¨®n es que la ilegalizaci¨®n de Batasuna no debe hacerse extensiva a su grupo en la C¨¢mara. El Supremo sostiene, por el contrario, que los grupos carecen de personalidad jur¨ªdica propia y son meras uniones de diputados; la ley de financiaci¨®n de los partidos incluye entre sus recursos las subvenciones a sus terminales parlamentarios. La discusi¨®n sobre la h¨ªbrida naturaleza jur¨ªdica de los grupos de las C¨¢maras se cruza con otro debate en torno a los procedimientos para disolver ABGSA. Seg¨²n Atutxa, las atribuciones interpretativas y supletorias que el Reglamento de la C¨¢mara concede a su presidente resultan insuficientes para resolver este caso, que exigir¨ªa una intervenci¨®n del pleno: "No nos encontramos ante una laguna, sino ante un oc¨¦ano". No se trata s¨®lo de borrar el r¨®tulo prohibido, sino tambi¨¦n de preparar el nuevo alojamiento para sus diputados supervivientes, incluidas las consecuencias de ese traslado para Izquierda Unida, hasta ahora el ¨²nico inquilino del Grupo Mixto.