Pesadilla de Madrid

La renuncia de los candidatos del PSOE y del PP a presentarse a la investidura abre paso a la celebraci¨®n de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, aunque ambos partidos difieren en cuanto a la fecha. Con independencia de los fundamentos pol¨ªticos y jur¨ªdicos alegados por cada parte, parece evidente que el PSOE intenta alejar todo lo posible la convocatoria, y el PP acercarla. En la pr¨¢ctica, sin embargo, la diferencia es escasa. Habr¨¢ elecciones en oto?o.

La cosa habr¨ªa sido diferente si Simancas se hubiera presentado a la investidura una vez que los dos desertores se comprometieron a votarle. En ese caso el candidato del PSOE habr¨ªa sido investido y habr¨ªa mantenido en sus manos la decisi¨®n sobre el momento de cumplir su compromiso de disolver, que podr¨ªa haber sido despu¨¦s de las generales, pasado lo peor de la tormenta. Algo bien leg¨ªtimo, porque esa investidura habr¨ªa sido respetuosa con el veredicto de las urnas el 25-M. Pero pol¨ªticamente s¨®lo hubiera sido viable con la aceptaci¨®n del PP; es decir, si Esperanza Aguirre hubiera reconocido la legitimidad de la mayor¨ªa PSOE-IU para gobernar hasta las nuevas elecciones. Sin ese reconocimiento, era muy arriesgado para Simancas ofrecer, en v¨ªsperas de los nuevos comicios, el flanco de que hab¨ªa sido elegido con los votos de dos personas contra las que el PSOE se ha querellado por cohecho.

Al mismo tiempo, el compromiso de los dos p¨¢jaros de votar a Simancas deja sin sentido la posibilidad de que Aguirre fuera investida con la mayor¨ªa coyuntural resultante de la deserci¨®n. S¨®lo queda, por tanto, la disoluci¨®n. Simancas propone agotar el plazo de dos meses que marca el Estatuto para los casos de investidura fallida. El argumento invocado es que hay que apurar al l¨ªmite la posibilidad de que los desertores devuelvan su acta. Ser¨ªa deseable que lo hicieran, pero es poco probable que ello dependa del tiempo transcurrido. La esperanza impl¨ªcita es que tal vez en esos dos meses se esclarezca la trama, lo que permitir¨ªa al PSOE comparecer a las elecciones en posici¨®n menos vulnerable.

En todo caso, el plazo para la disoluci¨®n se cuenta a partir de la primera votaci¨®n de investidura. Pero ?qu¨¦ pasa cuando no se presenta ning¨²n candidato? La presidenta de la C¨¢mara ha solicitado un dictamen jur¨ªdico. Lo que no tiene l¨®gica es que el PP ponga pegas a esa f¨®rmula porque no se ajusta a la literalidad de la norma despu¨¦s de haber defendido que fuera el presidente en funciones quien decida la disoluci¨®n, y de haber forzado, para adelantar la decisi¨®n, una interpretaci¨®n que reduce de tres meses a seis d¨ªas la duraci¨®n del primer periodo de sesiones. Ser¨ªa un abuso por parte del PP que, despu¨¦s de que los socialistas hayan renunciado a asumir la presidencia, se empe?asen ahora en una convocatoria inmediata, para optimizar la ventaja que objetivamente les concede la deserci¨®n. Si no bastasen las razones morales, que piensen en el efecto deslegitimador de los resultados que podr¨ªa suponer una participaci¨®n muy inferior a la del 25-M.