Cavallo, ante el juez

La justicia universal se ha apuntado un tanto hist¨®rico al lograr extraditar desde M¨¦xico a Espa?a al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, para responder ante la Audiencia Nacional de sus actuaciones como jefe del ignominioso Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, durante la dictadura militar argentina de 1976-1983. La lucha por una jurisdicci¨®n universal sobre delitos de lesa humanidad -terrorismo, genocidio y torturas-, iniciada con el caso Pinochet, ha culminado por primera vez con la entrega por un pa¨ªs a otro de alguien acusado de cometer ese tipo de delitos en un pa¨ªs tercero, estableciendo un precedente que no podr¨¢ ser ignorado en las relaciones entre Estados.

Desde ayer Cavallo se encuentra a disposici¨®n del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n. El presunto torturador, oculto durante a?os en M¨¦xico, figura entre los 200 militares argentinos imputados por genocidio, terrorismo y tortura como responsables de centenares de secuestros, desapariciones y torturas entre 1976 y 1979. Y, aunque la extradici¨®n se ha concedido s¨®lo por terrorismo y genocidio, y no por torturas, al considerarse que ese delito ha prescrito en M¨¦xico, la llegada de Cavallo a Madrid, fuertemente custodiado en un avi¨®n de la Fuerza Ar¨¦a Espa?ola, habr¨¢ resonado como un aldabonazo en cuarteles y residencias de militares jubilados de toda Am¨¦rica Latina.

El ideal de una justicia universal que impida la impunidad de los cr¨ªmenes contra la humanidad avanza lentamente, pero sin detenerse. Por eso resulta alarmante el empe?o de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional -puesto ayer de manifiesto una vez m¨¢s con la solicitud del fiscal Pedro Rubira a favor de la puesta en libertad sin cargos de Cavallo- de negar a la justicia espa?ola competencia para juzgar ese tipo de delitos, en contra de la tesis mantenida por la Sala de lo Penal de ese tribunal e incluso por la C¨¢mara de los Lores brit¨¢nica en el caso Pinochet. Y se hace todav¨ªa m¨¢s endeble la postura de la Administraci¨®n de Bush contraria a todas las formas de justicia internacional, se trate del Tribunal Penal Internacional o de la ley de "jurisdicci¨®n universal" existente en B¨¦lgica