El juez admite investigar la querella del fiscal por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorc¨®n

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Alcorc¨®n, Juan Ram¨®n Rodr¨ªguez, ha decidido admitir a tr¨¢mite la querella de la Fiscal¨ªa de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorc¨®n. El juez considera que los hechos que se imputan a los querellados "pueden ser constitutivos" de ocho delitos, los mismos que indica la fiscal¨ªa en su querella, y ordena la pr¨¢ctica de una decena de investigaciones para aclarar y, en su caso, depurar si hubo blanqueo de capitales, prevaricaci¨®n, asociaci¨®n il¨ªcita para defraudar al consumidor, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, cohecho y prevaricaci¨®n. Entre los querellados figura el ex alcalde de Alcorc¨®n, Pablo Z¨²?iga, del PP, y el constructor Francisco Bravo, que apoy¨® al tr¨¢nsfuga Eduardo Tamayo.

En el auto de admisi¨®n, el magistrado rechaza que los hechos que se relatan en la reciente querella interpuesta por la Fiscal¨ªa de Madrid sean los mismos que denunci¨® el PSOE de Alcorc¨®n el 16 de julio de 2001 y que ¨¦l mismo archiv¨®, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al juzgado de Alcorc¨®n.

Seg¨²n el juez, la querella del fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, "contiene nuevos elementos gen¨¦ricos y nuevas imputaciones delictivas" distintas de las denunciadas por el entonces portavoz del PSOE en Alcorc¨®n y hoy alcalde de esta localidad, Enrique Cascallana. La denuncia de Cascallana fue archivada por el juez, pero los socialistas recurrieron el archivo ante la Audiencia de Madrid, que en los pr¨®ximos d¨ªas se pronunciar¨¢ sobre si confirma o revoca tal archivo.

La querella de la fiscal¨ªa va dirigida contra el ex alcalde de Alcorc¨®n, un concejal de su grupo, Fernando D¨ªaz Robles; un asesor privado de Urbanismo que contrat¨® el Ayuntamiento, Leopoldo Arnaiz Eguren, y cinco propietarios de suelo en el t¨¦rmino de Alcorc¨®n. Entre ¨¦stos se hallan los constructores Francisco Bravo y Francisco V¨¢zquez.

Bravo es el empresario que reserv¨® dos habitaciones en el hotel Los Vascos a nombre de los diputados desertores del PSOE Eduardo Tamayo y Mar¨ªa Teresa S¨¢ez el mismo d¨ªa en que ambos se ausentaron de la Asamblea de Madrid y permitieron que la presidencia de la C¨¢mara regional cayera en manos del PP.

En su querella, el fiscal describe una trama inmobiliaria con amplias ramificaciones en la que unos promotores adquieren suelo r¨²stico a bajo precio merced a informaci¨®n privilegiada que se les facilita desde el Consistorio. El terreno, seg¨²n el relato del fiscal, es recalificado despu¨¦s de su compra por parte de los promotores. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, rechaz¨® estos planes urban¨ªsticos hasta en cuatro ocasiones, impidiendo un negocio pr¨®ximo al bill¨®n de pesetas. El fiscal muestra su preocupaci¨®n por la dr¨¢stica reducci¨®n de los par¨¢metros que obligan a construir casas de promoci¨®n p¨²blica.

Entre las diligencias ordenadas por el juez Rodr¨ªguez, y para cuyo cumplimiento da un plazo de 15 d¨ªas, figura un oficio a la Agencia Tributaria para que designe un perito en esta causa con objeto de que emita un informe sobre los gastos e ingresos de las sociedades vinculadas al asesor urban¨ªstico del Ayuntamiento de Alcorc¨®n Leopoldo Arnaiz. El perito, seg¨²n el juez, deber¨¢ analizar las cuentas de las sociedades Arnaiz Consultores, Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios y Gesti¨®n 1950 relativas a los ejercicios de 2000, 2001 y 2002 e identificar los ingresos que Arnaiz y las citadas sociedades hayan podido obtener, "directa o indirectamente", de los "propietarios o titulares de derechos urban¨ªsticos en los sectores de la Venta de la Rubia, el Retablo y de la ampliaci¨®n de la zona de Campod¨®n". El juez quiere, adem¨¢s, que Arnaiz le aporte todas "las propuestas t¨¦cnicas de recalificaci¨®n" de terrenos que ¨¦ste haya elevado al Ayuntamiento de Alcorc¨®n en calidad de asesor.

Zona de Campod¨®n

El juez reclama tambi¨¦n toda la documentaci¨®n que exista sobre la recalificaci¨®n de la zona de Campod¨®n, en la que los constructores Bravo y V¨¢zquez adquirieron suelo r¨²stico -seg¨²n ellos, "s¨®lo 3.000 metros cuadrados"- que luego fue recalificado como urbanizable y que figura a nombre de las sociedades Vaz Inversora e Inmobiliaria, SA. El juez Rodr¨ªguez tambi¨¦n centra su investigaci¨®n en los querellados Juan Benigno Alonso Alarc¨®n y Francisco D¨ªaz Mo?ux. A Alarc¨®n le pide que aporte, como administrador ¨²nico de las sociedades Promociones Alarc¨®n y de las cuatro empresas que llevan el nombre de Valdepolo, "toda la documentaci¨®n contable, financiera e inform¨¢tica relativa a las aportaciones de capital efectuadas a las cuatro mercantiles con ocasi¨®n de su constituci¨®n y de sus sucesivas ampliaciones de capital". Tambi¨¦n reclama a Alarc¨®n toda la documentaci¨®n sobre pagos superiores "a 3.000 euros".