Frente com¨²n de las administraciones para desocupar los cuarteles de Sant Andreu

Reuniones a dos bandas, a tres y con todos los sectores implicados. En las ¨²ltimas semanas, se han intensificado los encuentros entre t¨¦cnicos del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Delegaci¨®n del Gobierno para afrontar la crisis abierta por la ocupaci¨®n de los dos cuarteles del Ministerio de Defensa en Sant Andreu. A la espera de que un juez ordene el desalojo -lo que previsiblemente no ocurrir¨¢ antes de final de este mes-, las administraciones quieren llegar a una soluci¨®n consensuada para organizar el desalojo de los 600 ocupantes.

Todo parece indicar que en esta ocasi¨®n las administraciones quieren evitar el episodio del verano de 2001, cuando un centenar de inmigrantes fueron expulsados de varias plazas de Barcelona. Ahora no son 100, sino 600 personas agrupadas en colectivos muy diferentes las que viven en las edificaciones de los dos antiguos cuarteles del paseo de Torres i Bages. Ante la proporci¨®n del problema -y una vez pasada la contienda electoral-, las tres administraciones se han puesto a trabajar conjuntamente, aunque con ciertas reticencias.

Existe el convencimiento de que buena parte de las personas que malviven en los cuarteles se ir¨¢n cuando el desalojo sea inminente. De los 600 ocupantes, el colectivo m¨¢s numeroso es el de subsaharianos y magreb¨ªes, que se sit¨²an entre 200 y los 250, seg¨²n se desprende del censo que ha realizado la Cruz Roja. Un centenar m¨¢s son familias enteras de gitanos, muchos procedentes de Rumania, que se desplazan de un lugar a otro de la ciudad a medida que son desalojados de los espacios en los que se agrupan, como ya ha ocurrido en el Poblenou.

Unos 100 son j¨®venes antisistema y okupas. Muchos de ellos proceden de distintos pa¨ªses del oeste de Europa, en especial de Italia. Por ¨²ltimo se cree que otro colectivo, que tambi¨¦n ronda el centenar, lo forman ciudadanos procedentes de pa¨ªses del este de Europa.

Las administraciones consideran que m¨¢s de la mitad de los 600 se ir¨¢n cuando se tenga constancia de la orden judicial de desalojo. Por ejemplo, se da por segura la salida de los j¨®venes okupas, de las familias de gitanos y del colectivo de ciudadanos de Europa del este.

El problema se centrar¨¢ en los 200 o 250 inmigrantes sin papeles, de los que unos 60 tienen orden de expulsi¨®n y a 40 se les est¨¢ tramitando el expediente. La Cruz Roja ha realizado algo parecido a un censo entre los sin papeles y se est¨¢ organizando para ofrecerles alojamiento, siempre con car¨¢cter temporal. De hecho, ya han facilitado esa posibilidad a quien quiera acogerse a ella. De momento, son pocos los inmigrantes que se deciden a dejar Sant Andreu. Fue la Generalitat la que encarg¨® a la Cruz Roja la organizaci¨®n de la operaci¨®n, tras la firma de un convenio en por el que la financia.

Ayer los vecinos se reunieron con las tres administraciones en un encuentro al que tambi¨¦n pidieron sumarse los ocupantes de los cuarteles. Para ma?ana est¨¢ prevista otra reuni¨®n de t¨¦cnicos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat con representantes de SOS Racismo y sindicatos en la que se intentar¨¢ llegar a una soluci¨®n con el m¨¢ximo acuerdo posible. Es, de hecho, el procedimiento que estableci¨® el Pacto por la Inmigraci¨®n, suscrito por todos los partidos pol¨ªticos del consistorio en el pasado mandato.

Sin embargo, nadie habla de desalojo. Esta operaci¨®n est¨¢ pendiente de la vista oral que se desarrollar¨¢ en un juzgado de Madrid el pr¨®ximo 21 de julio; en ella se concluir¨¢ si se puede expulsar a los ocupantes de los cuarteles.