La querella y la trama

La inadmisi¨®n a tr¨¢mite de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria que podr¨ªa estar tras la defecci¨®n de dos diputados suyos en la Asamblea de Madrid no significa que los hechos denunciados no merezcan una investigaci¨®n en toda regla. El Tribunal ha considerado que no tiene suficiente consistencia penal la sucesi¨®n de llamadas telef¨®nicas, reservas hoteleras, relaciones profesionales y contactos pol¨ªticos presuntamente sincronizados con la actuaci¨®n de los dos diputados desertores. Pero hay algunas cosas claras, como son la acumulaci¨®n perversa de casualidades, la alarma social que han provocado las sospechas de colusi¨®n entre la pol¨ªtica y los negocios inmobiliarios y la indiscutible tergiversaci¨®n de los resultados electorales, que exigen alg¨²n tipo de investigaci¨®n, sea judicial, sea parlamentaria, o ambas. No tendr¨ªa sentido que la sociedad espa?ola contemplara satisfecha este tipo de comportamientos y que el partido del Gobierno se limitara a regocijarse con el percance pol¨ªtico sufrido por sus adversarios, sin percibir la gravedad del accidente que ha sufrido la democracia ni actuar para repararlo.

Llama la atenci¨®n que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado una investigaci¨®n que, en cambio, considera apropiada si la lleva a cabo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a la que remite el escrito de la querella y el resto de la documentaci¨®n. Se habr¨ªa ganado tiempo y sobre todo se habr¨ªa avanzado en conocer la verdad si, como se?ala el magistrado discrepante con la resoluci¨®n, el tribunal hubiera llamado a declarar a los querellados para indagar si los hechos eran meras casualidades o ten¨ªan una motivaci¨®n econ¨®mica o de otro tipo.

Seguramente el PSOE se precipit¨® en llevar al ¨¢mbito de la justicia unos hechos en los que la relaci¨®n de causa a efecto entre la presunta trama de los querellados y la deserci¨®n de los diputados Tamayo y S¨¢ez aparec¨ªa como una hip¨®tesis fundada, pero insuficiente para sustentar un delito de cohecho. Procesalmente, habr¨ªa sido m¨¢s correcto presentar una mera denuncia, dejando a los jueces la responsabilidad de investigarla, puesto que una querella exige, por definici¨®n, la aportaci¨®n de claros indicios delictivos para admitirla a tr¨¢mite. Sin esos indicios, cuya ausencia se hace patente en la falta de concreci¨®n sobre el pago o precio econ¨®mico que habr¨ªa mediado en la actuaci¨®n de los dos diputados tr¨¢nsfugas, y sin el cual no hay delito de cohecho, era m¨¢s que probable la inadmisi¨®n a tr¨¢mite de la querella.

Pero ese delito, en forma de pago contante y sonante o mediante trasacciones m¨¢s sofisticadas, no podr¨¢ descartarse mientras no se desentra?e el significado de las relaciones pol¨ªtico-profesionales de los querellados y de los contactos mantenidos entre ellos en las v¨ªsperas de la espantada de Tamayo y S¨¢ez. El Tribunal de Justicia de Madrid ha echado la pelota de la investigaci¨®n en el tejado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Ser¨ªa un nuevo y descomunal esc¨¢ndalo que el fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, persistiera en bloquearla.