Una pregunta precisa, una mayor¨ªa clara

El refer¨¦ndum soberanista del 30 de octubre de 1995 en Quebec, en el que el s¨ª a la secesi¨®n perdi¨® por un estrech¨ªsimo margen de votos, fue un aldabonazo que hizo sonar todas las alarmas en la Federaci¨®n canadiense. Despu¨¦s de haber contemporizado durante d¨¦cadas con el separatismo quebequ¨¦s en la confianza de que nunca obtendr¨ªa la victoria en un refer¨¦ndum -el anterior en 1980 dio de resultado 60%-40%-, el sistema se vio en la obligaci¨®n de encarar el problema. Lo que ten¨ªa delante era un Gobierno y un movimiento independentista quebequ¨¦s que, conscientes de las dificultades que entra?aba plantear la separaci¨®n pura y dura, hab¨ªan dado un h¨¢bil giro t¨¢ctico al sumar a su propuesta cl¨¢sica la oferta de un acuerdo de asociaci¨®n econ¨®mico y pol¨ªtico con Canad¨¢.

El tribunal dej¨® a los pol¨ªticos la tarea de establecer los elementos de la negociaci¨®n

Los jueces establecieron que la escisi¨®n no puede ser decidida s¨®lo por Quebec

Ese giro fue decidido en una reuni¨®n conjunta de las fuerzas independentistas el 12 de junio de 1995, lo que les permiti¨® incorporar a amplias masas de electores que el d¨ªa del refer¨¦ndum creyeron, err¨®neamente, que un Quebec soberanista seguir¨ªa formando parte de Canad¨¢. La farragosa pregunta con la que se convoc¨® a los quebequeses fue la siguiente: "?Aceptar¨ªa usted que Quebec sea soberano tras haber ofrecido formalmente a Canad¨¢ una nueva asociaci¨®n econ¨®mica y pol¨ªtica, en el marco del proyecto de Ley sobre el Futuro de Quebec y el acuerdo del 12 de junio de 1995?" Seg¨²n el profesor de Derecho Constitucional de Montreal Jos¨¦ Woehrling, el soberanismo increment¨® sus votos hasta alcanzar el 49,4%. Woehrling destaca que el l¨ªder soberanista Lucien Bouchard "centr¨® su discurso en la necesidad de reforzar el poder de negociaci¨®n de Quebec frente al resto de Canad¨¢ para conseguir una nueva asociaci¨®n".

Adem¨¢s de mostrar que muchos electores se hab¨ªan movido dentro de una notable confusi¨®n, las encuestas y an¨¢lisis pusieron de manifiesto no s¨®lo que los votos independentistas eran inferiores a los del soberanismo presentado como asociaci¨®n, sino que muchos electores condicionaban su apoyo al soberanismo a que la ruptura se hiciera en t¨¦rminos amistosos y sin violencia. "La confusi¨®n o la ignorancia sobre las consecuencias del soberanismo", afirma Woehrling, "pueden explicar el fen¨®meno de que una proporci¨®n no despreciable de electores vota al soberanismo y al mismo tiempo se declara vinculada a Canad¨¢".

Para aclarar las cosas y estrechar el margen de ambig¨¹edad de los independentistas, el Gobierno federal pidi¨® en 1996 al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el fundamento legal de una eventual separaci¨®n de Quebec. Las tres preguntas planteadas al alto tribunal fueron las siguientes:

- ?De acuerdo con la Constituci¨®n de Canad¨¢, el Parlamento o el Gobierno de Quebec pueden proceder unilateralmente a la secesi¨®n de Quebec?

- ?De acuerdo con el derecho internacional, el Parlamento o el Gobierno de Quebec tienen derecho a proceder unilateralmente a la secesi¨®n de Quebec?

- ?Qu¨¦ derecho deber¨ªa imponerse en el supuesto de que el derecho interno y el derecho internacional entren en conflicto?

Esta iniciativa federal suscit¨® la airada reacci¨®n de los soberanistas, pero tambi¨¦n las cr¨ªticas de aquellos que la consideraron contraproducente en la creencia de que provocar¨ªa mayor tensi¨®n pol¨ªtica y un ascenso del independentismo. El Gobierno de Quebec, controlado por los secesionistas del Partido Quebequ¨¦s (PQ), neg¨® la competencia del Supremo con el argumento de que la cuesti¨®n que se discut¨ªa era de ¨ªndole pol¨ªtica y no jur¨ªdica. A las tres preguntas citadas se sum¨®, pues, una cuarta: la de si el Supremo era competente. La negativa del Ejecutivo quebequ¨¦s a participar en el proceso llev¨® al Supremo a reclamar la presencia en el tr¨¢mite de consultas de lo que se denomina amicus curiae, expertos dispuestos a representar y defender las posiciones de ese Gobierno provincial.

La respuesta lleg¨® dos a?os m¨¢s tarde, el 20 de agosto de 1998, en un dictamen complejo, respaldado por los nueve magistrados. Adem¨¢s de declararse competente, el tribunal neg¨® la existencia de conflicto alguno, tercera pregunta, entre el derecho interno de Canad¨¢ y el derecho internacional, puesto que "ninguno de los dos reconoce un derecho de escisi¨®n unilateral". Sobre las invocaciones soberanistas al derecho internacional, el Supremo se mostr¨® muy claro. Quebec no puede reclamar la autodeterminaci¨®n unilateral contemplada en el derecho internacional porque no se ajusta a las condiciones establecidas: ser una colonia, padecer una ocupaci¨®n militar...

A juicio de los magistrados, las cuestiones espinosas eran las dos primeras. Se puede resumir su respuesta indicando que si una "mayor¨ªa clara" de quebequeses responde afirmativamente a una "pregunta clara" sobre la secesi¨®n, el resto de Canad¨¢ estar¨¢ obligado a negociar de buena fe con Quebec los t¨¦rminos de la ruptura, prestando atenci¨®n a los derechos de las minor¨ªas angl¨®fona y nativa.

Pero el dictamen va m¨¢s lejos y la doctrina que la sustenta es mucho m¨¢s fecunda. El Supremo afirma que la existencia de Canad¨¢ no reposa sobre la coacci¨®n o la obligaci¨®n, sino sobre el consentimiento: la secesi¨®n no est¨¢ prohibida. El tribunal desbarat¨® as¨ª el prop¨®sito de aquellos federalistas que propon¨ªan proclamar oficialmente la "indivisibilidad" de Canad¨¢.

Los jueces establecieron que la escisi¨®n no puede ser decidida por el Gobierno o por la poblaci¨®n de Quebec, puesto que el asunto les concierne a todos los canadienses. En consecuencia, indican que es preciso modificar la Constituci¨®n antes de la secesi¨®n. Algunos expertos soberanistas niegan, sin embargo, que el tribunal considere la revisi¨®n constitucional como un elemento esencial.

No es un tema menor, porque la revisi¨®n constitucional exige a su vez el acuerdo del Gobierno federal y del resto de las provincias, procedimiento que mina las posiciones de los independentistas. De todas formas, seg¨²n algunos analistas, el Supremo da a entender que en el caso de que la negociaci¨®n entre Quebec y Canad¨¢ tuviera ¨¦xito y alguna de las provincias se negara a plasmar ese acuerdo en la Constituci¨®n, Quebec podr¨ªa proclamar unilateralmente la independencia y someterse al juicio de la opini¨®n p¨²blica internacional.

Seg¨²n el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona Enric Fossas, el dictamen es "una decisi¨®n salom¨®nica" que pretende articular el principio de la sujeci¨®n de todos los poderes a la Constituci¨®n con el principio democr¨¢tico que requiere "atribuir un peso considerable a la clara expresi¨®n de la voluntad de la poblaci¨®n". Seg¨²n el tribunal, "el rechazo un¨¢nime del pueblo de Quebec al orden constitucional vigente impondr¨ªa a las dem¨¢s provincias y al Gobierno federal la obligaci¨®n de tomar en consideraci¨®n y de respetar esa expresi¨®n de voluntad democr¨¢tica entablando negociaciones y llev¨¢ndolas a cabo de acuerdo con los principios constitucionales".

El tribunal deja a los pol¨ªticos la tarea de establecer los elementos de la negociaci¨®n: el reparto de las deudas, la fijaci¨®n de las fronteras y los derechos de las minor¨ªas. No determina qu¨¦ porcentaje de votos favorables puede ser considerado una mayor¨ªa clara. Y tampoco se pronuncia sobre si har¨ªa falta una segunda consulta, tras la negociaci¨®n con Canad¨¢, antes de dar carta de naturaleza a la ruptura. Por supuesto, la pol¨¦mica est¨¢ servida. ?Qu¨¦ es una pregunta clara, qu¨¦ es una mayor¨ªa clara? ?Qui¨¦n es el que va a interpretar si la pregunta y la mayor¨ªa son claras?

El dictamen fue acogido satisfactoriamente por las partes y todos pudieron cantar victoria. "Los federalistas ganan, pero los soberanistas no pierden", titul¨® el diario The Globe and Mail, mientras Le Devoir, franc¨®fono, resum¨ªa que "La divisi¨®n de Canad¨¢ podr¨¢ ser negociada". Los independentistas, que niegan autoridad a los tribunales federales, quedaron atrapados entonces en una contradicci¨®n, puesto que interpretaron el dictamen como el reconocimiento de la legitimidad de su proyecto.

Al a?o siguiente, en 1999, el primer ministro de Canad¨¢, Jean Chr¨¦tien, y el ministro responsable de las Relaciones Intergubernamentales, St¨¦phane Dion, presentaron su proyecto de Ley sobre la Claridad, que establece, de acuerdo con los criterios del Supremo, el marco de juego de los referendos soberanistas. La iniciativa desat¨® un esc¨¢ndalo monumental del que participaron tambi¨¦n los dirigentes del Partido Liberal Quebequ¨¦s (PLQ), te¨®ricos correligionarios de Chr¨¦tien y Dion. "Critiqu¨¦ entonces la ley y sigo critic¨¢ndola, porque crea la falsa expectativa de que el problema va a resolverse por la v¨ªa racional, cartesiana, cuando el problema es pol¨ªtico, no jur¨ªdico", indica el actual ministro de Asuntos Intergubernamentales de Quebec, Benoit Pelletier. En su opini¨®n, Canad¨¢ no negociar¨¢ nunca con un Quebec independiente. "Un Quebec independiente", dice, "podr¨¢ salir adelante, pero con muchos m¨¢s problemas econ¨®micos y sociales. Y un Canad¨¢ sin Quebec", advierte, "puede acarrear su descomposici¨®n. Al contrario que otros, no creo que la confederaci¨®n pueda funcionar".

Dion respondi¨® entonces a los que le acusaban de ser un pol¨ªtico incendiario indicando que es en las situaciones de calma cuando hay que clarificar las reglas del juego. Pese a las protestas, la Ley sobre la Claridad fue aprobada en el Parlamento federal al a?o siguiente y la llama secesionista, lejos de expandirse, empez¨® a declinar. Meses m¨¢s tarde, el primer ministro de Quebec, Lucien Bouchard, dimiti¨® de su cargo tras reconocer que hab¨ªa sido incapaz de movilizar a los quebequeses a favor de la independencia.

El profesor Jean Pierre Derrienic sostiene que la doctrina del Supremo y la Ley sobre la Claridad han conjurado el riesgo de secesi¨®n y obligar¨¢n al movimiento soberanista a definir y modificar sustancialmente sus planteamientos. "Para muchos quebequeses", afirma, "el mejor de los mundos pol¨ªticos posibles es tener a un partido independentista en el poder sin riesgo de ir a la independencia". Es una opini¨®n sustentada en los resultados electorales que el Partido Quebequ¨¦s ha cosechado en los periodos en los que ha descartado la convocatoria de referendos.

Parece evidente que una parte de los electores soberanistas no desea la escisi¨®n, pero no todo el mundo participa de la idea de que esto es el principio del fin del separatismo. "Eso es so?ar en colores", comenta el propio Pelletier. Un problema para los independentistas es que sus apoyos electorales se circunscriben a la comunidad franc¨®fona. Porque los nativos amerindios -que con m¨¢s raz¨®n hist¨®rica podr¨ªan reclamar a los franc¨®fonos la titularidad del territorio-, los angl¨®fonos y los al¨®fonos (quebequeses de origen inmigrante) rechazan en un porcentaje abrumador toda aventura separatista.

De todas formas, teniendo en cuenta que el 60% de la poblaci¨®n franc¨®fona vota soberanista y que los j¨®venes se muestran m¨¢s dispuestos a la independencia, ya hay especialistas que calculan que el 53% de los ciudadanos de Quebec estar¨¢ a favor de la escisi¨®n en 2011. Tambi¨¦n en Euskadi hay quienes hacen sus cuentas sumando a los vascos que, porque no ten¨ªan edad o no hab¨ªan nacido, no llegaron a votar el Estatuto de Gernika.