Sanidad negocia un pacto con productores de aceite de orujo

El Ministerio de Sanidad ha decidido abrir una negociaci¨®n con las empresas que exigen indemnizaciones por los perjuicios derivados de la alerta sanitaria sobre el aceite de orujo que declar¨® Celia Villalobos en el verano de 2001, cuando a¨²n era titular de Sanidad. Fuentes del sector aseguraron que altos cargos del ministerio han citado ya a los abogados de las 32 empresas que han presentado reclamaciones, algunas superiores al mill¨®n de euros.

Las empresas afectadas iniciaron sus reclamaciones por "da?os econ¨®micos, morales y de imagen" por v¨ªa administrativa, pero muchos de los expedientes han sido reclamados ya por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa. "El ministerio quiere lograr una soluci¨®n pactada antes de que decidan los tribunales", confirm¨® ayer Manuel Hurtado, vicepresidente de la Asociaci¨®n Nacional de Extractores de Orujo y propietario de Colgrados, firma que, como muchas otras del sector, tuvo que afrontar expedientes de regulaci¨®n de empleo.

El sector, que emplea a 5.000 personas y con algunos casos de quiebra declarada, afronta esta ronda de contactos con una sentencia favorable bajo la manga. Un juez de Sevilla consider¨® en mayo que la orden de Villalobos para inmovilizar el aceite de orujo por su exceso de benzopireno (sustancia t¨®xica si se consume de modo prolongado) fue "desproporcionada". El juez conden¨® a la Junta de Andaluc¨ªa, Administraci¨®n que ejecut¨® la incautaci¨®n en aplicaci¨®n de la orden de Sanidad, a indemnizar a la firma Torres y Ribelles con 32.428 euros tras estimar que dicha incautaci¨®n fue "ilegal".

La Junta, que se mostr¨® de acuerdo con el fondo de la sentencia, la recurri¨® al entender que la responsabilidad corresponde a Sanidad. Ahora el ministerio intenta un acuerdo con las empresas, casi todas andaluzas, y casi todas de mayor dimensi¨®n que Torres y Ribelles. De hecho, seg¨²n la agencia Efe, sus abogados piden indemnizaciones de entre 270.000 y m¨¢s de un mill¨®n de euros porque creen "inequ¨ªvoca la relaci¨®n entre el mal funcionamiento de un servicio p¨²blico" y la p¨¦rdida de mercado que sufri¨® el sector.

Da?os econ¨®micos

Villalobos declar¨® la alarma sanitaria (un mecanismo extraordinario para afrontar riesgos inminentes en la salud de la poblaci¨®n) por entender que el benzopireno hallado en varias partidas de aceite de orujo era excesivo. La ex ministra tom¨® la decisi¨®n sin que existiese norma alguna que estableciese el l¨ªmite legal de la sustancia (luego se fij¨® en una parte por 1.000 millones) y cuando el sector y el Ministerio de Agricultura llevaban meses negociando el cambio de los sistemas de extracci¨®n y refino del orujo (que se saca de los residuos del aceite de oliva) para rebajar la presencia del benzopireno.

La decisi¨®n de Villalobos supuso la retirada de miles de botellas de los comercios, la inmovilizaci¨®n de 30.000 toneladas en los centros de producci¨®n y envasado y, sobre todo, un duro golpe a la imagen del sector, que a¨²n dos a?os despu¨¦s apenas llega a la mitad de su producci¨®n habitual (100.000 toneladas), pese a que logr¨® resolver el problema t¨¦cnico que causaba el exceso de benzopireno en apenas un mes.

Fuentes del sector informaron de que el ministerio les ha planteado ahora la posibilidad de elevar informes al Consejo de Estado para que dictamine sobre la conveniencia de indemnizar a los productores. Entre esos informes incluye uno de la Agencia Espa?ola de Seguridad Alimentaria, que defiende que "dif¨ªcilmente los consumidores hubieran admitido una decisi¨®n de no actuar ante la potencial exposici¨®n [de benzopireno] a niveles por encima de lo t¨¦cnicamente exigible". La agencia basa la actuaci¨®n oficial en que unos d¨ªas antes Checoslovaquia hab¨ªa retirado aceite de orujo espa?ol de las tiendas y cita como precedente la inmovilizaci¨®n en 1999 de pollos belgas contaminados con dioxinas.