Violencia sin freno

La estad¨ªstica sobre la violencia dom¨¦stica, en especial en su manifestaci¨®n m¨¢s tr¨¢gica de muertes de mujeres, se hace vieja por momentos. En las ¨²ltimas horas, dos mujeres han perecido a manos de su pareja, una en Santander, estrangulada por su novio, y otra en Premi¨¢ de Mar, descuartizada por su marido, un agente de la Polic¨ªa Municipal de dicha localidad barcelonesa.

Frente al imparable aumento del n¨²mero de v¨ªctimas en el ¨¢mbito familiar -42 mujeres han muerto a manos de su pareja o ex pareja en lo que va de a?o-, los poderes p¨²blicos, y en especial el Gobierno, se muestran incapaces de poner en marcha medidas de protecci¨®n eficaces. En los planes de choque publicitados durante los ¨²ltimos a?os ha faltado, como ha se?alado recientemente el estudio realizado por la Fundaci¨®n Mujeres sobre la violencia sexista, un diagn¨®stico certero sobre las ra¨ªces profundas de esa lacra social, por lo que no han producido los resultados esperables.

Las dos ¨²ltimas muertes han enredado al Gobierno y al PSOE en una absurda pol¨¦mica sobre el retraso de la orden de protecci¨®n inmediata e integral a las mujeres maltratadas, consensuada por todos los grupos parlamentarios a principios de abril de este a?o y que deber¨ªa haber entrado en vigor al tiempo que los juicios r¨¢pidos. Pero, al margen de responsabilidades por el retraso -esa orden exige una tramitaci¨®n parlamentaria que no concluir¨¢ hasta septiembre-, corresponde al Gobierno poner a punto los medios necesarios para que, cuando entre en vigor, no sea una m¨¢s de esas disposiciones legales, maravillosas sobre el papel y ¨²tiles para la propaganda oficial, pero absolutamente ineficaces en la pr¨¢ctica. ?Ha previsto el Gobierno las dotaciones de los polic¨ªas que deber¨¢n vigilar a los maridos denunciados y garantizar que se mantienen alejados de la mujer amenazada o maltratada? ?Ha contado con la ayuda econ¨®mica que necesitar¨¢n estas mujeres para sobrevivir por sus propios medios?

Sin tales medios o sin la garant¨ªa de una asistencia jur¨ªdica y una ayuda social o psicol¨®gica, el conjunto de medidas penales y civiles que, seg¨²n la orden de protecci¨®n, podr¨¢ adoptar el juez en 72 horas para blindar a la mujer frente a su potencial agresor tienen el riesgo de quedar

en muchos casos en papel mojado. Sin duda, entre esas medidas est¨¢ la de prisi¨®n preventiva si la gravedad de la amenaza o la agresi¨®n lo aconsejan, pero esa medida procesal de car¨¢cter cautelar, excepcional seg¨²n la Constituci¨®n, no puede ser la panacea de un mal social complejo, como parece pretender el ministro Michavila.