California aprueba la ley 'antispam' m¨¢s dura de EE UU
El gobernador de California, el dem¨®crata Gray Davis, ha aprobado la ley americana m¨¢s dura y completa contra los mensajes basura. Davis, cuestionado e impopular, est¨¢ en la recta final de una confusa y compleja campa?a electoral que le podr¨ªa desalojar de su oficina el 7 de octubre.
La ley no s¨®lo prev¨¦ penas de hasta un mill¨®n de d¨®lares sino que persigue tanto a las empresas especializadas en hacer y enviar este tipo de mensajes como a las compa?¨ªas y productos que se benefician de esa publicidad.
La iniciativa, adem¨¢s, tiene el valor de que puede marcar un ejemplo a seguir en otros estados o incluso a nivel federal. Ahora mismo hay en Estados Unidos 35 estados que regulan de alguna forma este problema, aunque la mayor¨ªa se limitan a prohibir los mensajes basura que tienen un origen o identidad oscura. Pero no existen restricciones federales, aunque hay registrados varios proyectos en ese sentido en el Congreso. Uno de ellos propone la creaci¨®n de un registro nacional de ciudadanos en contra de recibir esta publicidad, a la manera del registro de no llamadas telef¨®nicas de marketing que ha cautivado ya a 50 millones de personas y que est¨¢ en plena discusi¨®n jur¨ªdica sobre su legalidad.
La nueva ley antispam californiana, que deber¨ªa entrar en vigor el 1 de enero, proh¨ªbe el env¨ªo de mensajes publicitarios o comerciales no solicitados a no ser que exista una relaci¨®n previa clara de negocios con el posible receptor o cuando se haya recibido su autorizaci¨®n expresa, medida que ya est¨¢ en vigor en otros estados.
Se calcula que las empresas de marketing dedicadas al correo basura hacen perder unos 9.000 millones de d¨®lares al a?o a las compa?¨ªas, s¨®lo en p¨¦rdida de competitividad.
La ley penaliza desde un d¨®lar por cada mensaje no solicitado hasta un mill¨®n de d¨®lares por cada campa?a. Este proyecto, adem¨¢s, permitir¨¢ a los propios usuarios de Internet afectados demandar a las empresas responsables de los spam, as¨ª como al fiscal del Estado y a las firmas que proporcionan los servicios de Internet.
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