El juez sienta en el banquillo a 13 personas por el fraude en el Consorcio de Turismo

Despu¨¦s de m¨¢s de tres a?os de investigaci¨®n, un juez de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra 13 personas por las presuntas irregularidades econ¨®micas ocurridas entre 1993 y 1995 en el Consorcio para la Promoci¨®n del Turismo de Catalu?a, dependiente de la Generalitat. El fiscal de delitos monetarios Fernando Rodr¨ªguez Rey solicita para ellos penas que oscilan entre cinco a?os y medio y 12 a?os de c¨¢rcel. La fiscal¨ªa les acusa de los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos.

La investigaci¨®n se ha cerrado sin que la justicia haya podido averiguar ad¨®nde fueron a parar 984.292 euros que se ha podido demostrar que se pagaron del erario p¨²blico y que beneficiaron a los imputados o a sus empresas. "Los cheques se cobraban en ventanilla, ignor¨¢ndose su paradero", asegura de manera clara el magistrado Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 de Barcelona, en el auto de apertura de juicio oral.

El juez ordena que los acusados depositen esa cantidad en concepto de fianza civil en el plazo de 24 horas, y si no, que sean embargados sus bienes. A ra¨ªz de esta investigaci¨®n se descubri¨® que las empresas beneficiarias recibieron subvenciones de otros departamentos de la Generalitat, lo que motiv¨® la apertura de otra causa separada que investiga el mismo juez.

En el escrito de acusaci¨®n del fiscal aparece como principal responsable Joan Cogul, que fue director del Consorcio de Turismo de Catalu?a entre enero de 1992 y diciembre de 1995. El fiscal solicita para ¨¦l 12 a?os de prisi¨®n y el juez considera que realiz¨® concesiones arbitrarias. "Se pag¨® por servicios innecesarios o no prestados, o llevados a cabo por el organismo que dirig¨ªa. Ello redund¨® en beneficio de determinadas empresas vinculadas al mismo y a su entorno", afirma.

Una de estas empresas fue la escuela de idiomas Bewerly, que en cuatro a?os factur¨® 21,5 millones de pesetas (129.448 euros) al consorcio. La propietaria de ese centro era Carmen Fargas, esposa de Cogul, para la que el fiscal reclama nueve a?os de c¨¢rcel. Los otros 11 imputados son tambi¨¦n los responsables de las empresas beneficiarias de esas concesiones.

Entre los acusados figuran V¨ªctor Manuel Lorenzo Acu?a, as¨ª como Eugenio Guijarro, que fue socio del diputado de Uni¨® en el Congreso Josep S¨¢nchez Llibre. Tambi¨¦n est¨¢ el militante de este partido Santiago Vallv¨¦, que figura como acusado en el caso Pallerols, de financiaci¨®n irregular de UDC. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, exigi¨® ayer al secretario general de CiU y l¨ªder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, que "deje de escurrir el bulto y d¨¦ la cara" ante esa decisi¨®n judicial. Iniciativa per Catalunya Verds se ha personado como acusaci¨®n popular. Del caso han quedado exculpadas tres personas. Entre ellas, el ex director general de Turismo de la Generalitat Josep Cerver¨® y el primer director del consorcio, Alexandre Betoret.

"Informes in¨²tiles"

En todos los casos, explica el juez, Cogul "prescindi¨® de la normativa vigente en aquellos momentos para la contrataci¨®n" o bien se tramitaron los expedientes despu¨¦s de concederse la subvenci¨®n. En otros, se hac¨ªa "sin concurrencia de ofertas de unos supuestos trabajos o informes in¨²tiles, plagiados o innecesarios, con el fin de desviar dinero p¨²blico". Cogul, prosigue el juez, pod¨ªa autorizar gastos de hasta cinco millones de pesetas en aquella ¨¦poca; pero, si era necesario, fraccionaba las contrataciones para darles visos de legalidad, Otras veces se hac¨ªan sin partida presupuestaria.

Las empresas beneficiarias, asegura el magistrado, cobraron por servicios "que no estaban en condiciones de prestar". Otras, como la asesora Dis Catalonia, SL, de la que tambi¨¦n era administradora Carmen Fargas, no ten¨ªan "ni almac¨¦n ni empleados". Pese a ello, Dis Catalonia factur¨® al consorcio 36,7 millones de pesetas (221.062 euros) entre 1993 y 1995. Desde que se acabaron las subvenciones permanecen inactivas.

Algo parecido ocurre con Stone Up Assesorament, dedicada a organizar ferias en el extranjero. Era una sociedad que "carec¨ªa de personal y de infraestructura", pero factur¨® 13,2 millones de pesetas (79.642 euros). Asimismo se pag¨® un sueldo mensual de 411.765 pesetas a Jaume Amen¨®s sin tener contrato ni ocupaci¨®n. Factur¨® 7,7 millones de pesetas (46.826 euros) por estudios "plagados de irregularidades", y tambi¨¦n se pagaron 3,9 millones de pesetas (23.914 euros) por dos estudios que "son una copia literal traducida al catal¨¢n de (...) publicaciones en castellano del ministerio".